El contralor general, Nelson Shack Yalta, presentó los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, una herramienta que utiliza la inteligencia artificial y 24 indicadores para evaluar el desempeño de 2928 entidades públicas a nivel nacional. “El INCO 2024 evidenció que 321 entidades públicas a nivel nacional registran puntajes altos y muy altos de riesgos de corrupción en inconducta funcional”, reveló.

De acuerdo con el INCO 2024, las entidades que lideran el ranking de mayores riesgos de corrupción e inconducta funcional a nivel nacional son: la Municipalidad Provincial de Huamanga (Ayacucho) con 87 puntos sobre 100, el Seguro Social de Salud ESSALUD (Lima) con 86.2 puntos, la Municipalidad Provincial de Huánuco (Huánuco) con un puntaje de 85.8, la Municipalidad Distrital de El Porvenir (La Libertad) con 83.4 puntos y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto (Moquegua) con 82.6 puntos.

A nivel de entidades del Gobierno Nacional, se destaca que el 13% (48 de 371) de las entidades evaluadas del Gobierno Nacional alcanzaron puntajes altos y muy altos. Las entidades con mayor puntaje se orientan al sector Educación (20), Salud (8), Defensa (4), Interior (3), Transporte (2), Justicia (2) y otras (9).

A nivel de Gobierno Regional, se pudo conocer que más del 50% (16 de 26) de los gobiernos regionales (sedes centrales) alcanzaron puntajes altos y muy altos. Entre ellos resaltan los gobiernos regionales de Junín (71.6 puntos), Arequipa (70.2 puntos), Huancavelica (68.6 puntos), Áncash (67.9 puntos) y Loreto (67.9 puntos).

Respecto a las entidades del Gobierno Local, se informó que más del 40% (22 de 50) de las municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao alcanzaron puntajes altos y muy altos. Entre estas podemos mencionar a la Municipalidad Metropolitana de Lima (80.4 puntos), así como las municipalidades distritales de San Juan de Lurigancho (79.3 puntos), Chorrillos (77.2 puntos), Ate Vitarte (74.0 puntos) y Comas (70.7 puntos). También, la Municipalidad Provincial del Callao (70.7 puntos).

Cabe precisar que cuatro provincias han obtenido puntajes por encima de los 50 puntos en el INCO 2024. Se trata de Jorge Basadre en Tacna (61.7 puntos), Zarumilla en Tumbes (51.8 puntos), Casma en Ancash (51.4 puntos) y Mariscal Nieto en Moquegua (50.5 puntos).

Se informó que existen 6070 funcionarios y/ servidores públicos con sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC) de la Autoridad del Servicio Civil (Servir). El 39% de estas personas corresponden a las entidades del Gobierno Nacional, el 33% a entidades del Gobierno Regional, el 26% a municipalidades provinciales y distritales y 1% restante a Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES) y empresas que se encuentran bajo el ámbito bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).Cabe precisar que del total de las entidades evaluadas por el INCO 2024, el 32% (946) tienen sanciones vigentes en el RNSSC.

La Contraloría General ha identificado en el 44% (1,295) de las entidades evaluadas a funcionarios y servidores con presunta responsabilidad civil y/o penal en el 2023, mientas que en el 43% (1,250) de las entidades se identificaron presuntas responsabilidades administrativas. Más de 9 mil servidores públicos con responsabilidades administrativas, civil y/o penal tienen cargo de titular y/o directivo.

De acuerdo con el análisis del INCO 2024, existen más de 1,800 entidades donde el 50% de sus contrataciones públicas se realizan bajo modalidades no competitivas. El 94% (2749) del total de entidades evaluadas contratan más del 10% de sus bienes y servicios mediante modalidades sin competencia de postores (incluye contratación directa y sin proceso).

El monto contratado bajo modalidades no competitivas es equivalente al 40% de todo el gasto en contrataciones, es decir, S/ 22 mil millones de S/ 56 mil millones. De este, el 33% (S/ 18 mil millones) corresponde a la modalidad sin proceso y el 7% (4 mil millones) corresponde a contratación directa. Por otro lado, el 7% (76 mil de 1 millón) del total de proveedores contratados sin proceso presentan presunto fraccionamiento y su gasto equivale al 35% (S/ 6 mil millones de S/ 18 mil millones) del gasto en contrataciones de este mismo tipo.

Más de 111 mil (56%) proyectos públicos (por S/ 234 519 millones de inversión) no han ejecutado recursos en los últimos dos o más años, a pesar de que iniciaron en algún momento su ejecución financiera. Asimismo, 11 665 (6%) proyectos (por S/ 67 497 millones de inversión) no han iniciado su ejecución financiera, a pesar de haber transcurrido más de tres años desde su fecha de viabilidad/aprobación.

El contralor general adelantó su interés en coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Comisión de Presupuesto del Congreso las medidas concretas que deben adoptarse cuando las entidades, en forma reiterada, no ejecutan el presupuesto asignado.

El 54% de las entidades evaluadas contrataron al menos un proveedor impedido de contratar con el Estado. El gasto comprometido por presuntos impedimentos del artículo 11 de la Ley de Contrataciones asciende a S/ 192 millones en el último año. Del total de proveedores contratados con impedimentos, el 80% (2593) se ubican en las municipalidades, el 12% (407) en las entidades del Gobierno Regional y el 8% (249) en las entidades del Gobierno Nacional.

Respecto a la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las entidades públicas para evitar riesgos de corrupción e inconducta funcional, se ha evidenciado que el 50% (1,450) de las entidades evaluadas presentan un nivel de madurez de su SCI igual o inferior al nivel básico (menor o igual 55%). De ellas, 292 (10%) entidades se ubican en el nivel inexistente, 343 (12%) se ubican en el nivel bajo (menor o igual a 30%).

En relación con las declaraciones juradas que deben presentar los funcionarios públicos, se ha determinado que más de 342 mil trabajadores no han cumplido en remitir sus declaraciones juradas, así, el 64% (218, 037) se encuentra omiso a la presentación de la Declaración Juradas de Intereses y el 36% (124 740) no presentó su Declaración de Bienes y Rentas.

Con la finalidad de reducir la corrupción e inconducta funcional, el contralor general destacó la necesidad de realizar cinco reformas: 1) Reforma política para transparentar el financiamiento de las campañas electorales, 2) reforma judicial para agilizar los procesos y acabar con la impunidad, 3) reforma del servicio civil para que todo el Estado sea meritocrático, mejora de la calidad regulatoria y la simplificación administrativa para reducir riesgos de corrupción y 5)fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

Precisó que la reforma del control se está cerrando con la promulgación de la Ley N° 32064, Ley que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental, que permitirá profesionalizar su labor y empoderarlos con el uso de la inteligencia artificial.

En la presentación de los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, participaron Álvaro Hetzler, miembro del Comité Consultivo del INCO y presidente de la Asociación Civil Transparencia; Claudio Ferraz, profesor de economía asociado a la J-PAL (virtual); Javier Alonso Pacheco Palacios, ex procurador general; Martín Tanaka, profesor de Ciencia Política de la PUCP; y, la Directora de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carla María Minaya Medina.