La congresista Susel Paredes, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto derogar las normas que debilitan el sistema de persecución penal del Estado, restableciendo la plena vigencia del principio de legalidad, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y garantizar la defensa del Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional del sistema de justicia, así como la lucha contra la inseguridad ciudadana, estableciendo que ninguna norma limite la investigación, juzgamiento o sanción de delitos graves.

Paredes señala que debe derogarse las siguientes leyes: Ley 31751, Ley que modifica el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para modificar la suspensión del plazo de prescripción,    Ley 31990, Ley que modifica los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, Ley 32054, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, a fin de optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas.

Asimismo, la Ley 32108, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado; y la Ley 27379, Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal, la  Ley 32138, Ley que modifica la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, modificada por la Ley 32108, la Ley 32181, Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y el Nuevo Código Procesal presunción Penal, Decreto Legislativo 957, a fin de garantizar el principio de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú.

La parlamentaria afirma que las leyes emitidas han debilitado las herramientas investigativas y procesales ha sido uno de los efectos más notorios. Algunas de estas leyes han limitado las posibilidades del Ministerio Público de actuar eficazmente frente a delitos complejos. Las modificaciones en los plazos de prescripción o en los procedimientos de colaboración eficaz han generado espacios de incertidumbre jurídica que son aprovechados para dilatar procesos o invalidar pruebas, afectando la posibilidad de alcanzar condenas firmes.

Ello ha conducido a que investigaciones relevantes, en curso desde hace años, enfrenten obstáculos innecesarios derivados de disposiciones legislativas que no responden a la lógica de eficiencia y transparencia que debe regir el sistema penal. Asimismo, la reducción o distorsión de la responsabilidad penal de actores colectivos como organizaciones políticas ha introducido un nuevo foco de preocupación institucional. Las reformas recientes han atenuado los mecanismos de control y sanción frente a conductas delictivas cometidas en el ámbito político, debilitando el principio de responsabilidad y socavando los avances logrados en materia de prevención de la corrupción.