El 04 de julio el congresista Pasión Dávila, presentó la moción de orden del día ante el presidente del Congreso, para que se apruebe la creación de la Comisión Investigadora que investigue actos de corrupción en los gobiernos regionales de Pasco, Huánuco, Junín, Ayacucho, Piura, Lambayeque, Amazonas y Cusco, incluyendo a los gobernadores en el periodo comprendido desde el año 2022 hasta la actualidad por un periodo de 120 días para investigar y presentar el informe final.

Pasión Dávila señala que en el caso del Gobierno Regional de Pasco se han identificado irregularidades en varias obras de infraestructura, incluyendo el mejoramiento de la carretera departamental Uchumarca y el camino vecinal Majontini-Valle Nazaret, entre otras. Asimismo, el gobernador regional no asistió a cuatro citaciones realizadas por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, transgrediendo de esa manera el mandato previsto en la Constitución y el Reglamento del Congreso, lo cual impidió el avance de las investigaciones par parte de esta comisión ordinaria.

En el caso de la región de Huánuco fiscales y policías intervinieron el gobierno regional, por supuesta sobrevaloración de precios en la adquisición de rodillos y boquetes, denunciándose   vinculaciones contractuales de empresas ejecutoras de obras en el gobierno regional con fiscales del distrito fiscal de Huánuco. Asimismo, se denunció que el gobernador de Huánuco Antonio Pulgar y a su hermano estarían inmersos en los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión y negociación incompatible en agravio del propio Gobierno Regional de Huánuco.

En el gobierno Regional de Lambayeque se ha informado sobre la detención de dos exfuncionarios de) Gobierno Regional por recibir S/50.000 para no sancionar obras inconclusas, además de denuncias contra el gobernador regional y sus funcionarios por presunta corrupción en diversos contratos y adquisiciones.

En el Gobierno Regional de Piura se han revelado audios que evidenciarían supuestos actos de corrupción del gobernador regional, situación que ha generado una ola de críticas y pedidos de intervención por parte de la sociedad civil y organizaciones locales.

En el Gobierno Regional de Junín se realizó un allanamiento al Gobierno Regional debido a presuntas actividades corruptas, encontrándose miles de soles en las casas de funcionarios relacionados con el gobernador Zosimo Cardenas, lo que refuerza la necesidad de una investigación profunda y transparente.

En el Gobierno Regional de Ayacucho un mega operativo desarticulo una presunta red de corrupción en el Gobierno Regional, involucrando al gobernador Wilfredo Oscorima y varios de sus funcionarios. Las denuncias contra Oscorima abarcan una serie de investigaciones por delitos de corrupción, según informes de la Contraloría y medios de comunicación locales. Además, que fue citado a la Comisión de Contraloría y Fiscalización se ha mostrado renuente a responder a la representación nacional.

En el Gobierno Regional de Cusco también se han reportado denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional, donde la propia Contraloría General de la República recomendó denunciar al Gobernador Regional. Asimismo, cuatro consejeros presentaron denuncia penal contra el gobernador regional del Cusco Werner Salcedo. Estos hechos de corrupción vienen afectando la credibilidad de las autoridades y la gestión pública en dicha región

En el caso del Gobierno Regional de Amazonas, la Contraloría General de la República ha señalado a Horna Corrales, gobernador regional de Amazonas, como responsable penal y administrativo por el inicio de la ejecución de varias carreteras sin contar con S/69 millones 485,328 requeridos, acción que resulto en el incumplimiento de plazos contractuales y un perjuicio de S/2 millones 432,100 soles. Asimismo, la fiscalía provincial especializada en Delito de Corrupción de funcionarios de Amazonas inicio un proceso penal tras haber sido acusados de designar funcionarios sin cumplir con los requisitos profesionales establecidos por la Ley Servir.

Pasión Dávila, indica que las denuncias y reportes periodísticos mencionados han causado alarma publica y han alertado sobre posibles irregularidades y actos de corrupción que, si se confirman, serán un grave ataque a la ética pública y la integridad institucional y como representantes del pueblo, es responsabilidad de los congresistas investigar a fondo estas acusaciones y proteger la dignidad de las regiones.

Foto Andina