Consejeros de Cusco rechazan vacancia de gobernador Salcedo quien anunció demanda ante TC contra Contraloría

Por 19 votos en contra y 3 votos a favor, el Consejo Regional del Cusco en sesión extraordinaria del martes 05 de marzo, rechazó la petición de vacancia contra el gobernador regional, Werner Salcedo, que presentó el ciudadano, Luis Angel Perez Huarcaya, quien el 15 de febrero ante la mesa de partes del Consejo Regional del Cusco, solicitó la petición de vacancia contra el gobernador Werner Salcedo Alvarez, por la causal de restricciones de contratación establecido en el artículo 11.1. de la Ley de Contrataciones con el Estado 3022 que habria violado la autoridad regional al contratar en cargos publicos a aportantes a su campaña electoral 2022.
El abogado del gobernador regional, Dr. Oscar Matute, señaló a los consejeros cuzqueños que la petición de vacancia no tenía sustento legal y no estaban incursas en las causales de vacancia que señala la ley orgánica de gobiernos regionales, además que los aportes de ciudadanos a la campaña electoral del candidato Salcedo al gobierno regional de Cusco no eran ilegales, por lo que solicitó a los consejeros rechazar la vacancia.
Algunos consejeros criticaron al gobernador Salcedo por contratar a sus aportantes en cargos de confianza en el gobierno regional no reuniendo los requisitos ni el perfil profesionales, por lo que debía ser vacado de su cargo. Los consejeros que respaldaron a Salcedo, argumentaron que la ley de contrataciones no es causal de vacancia y no podía perjudicarse la gobernabilidad del Cusco por intereses políticos, pero recomendaron al gobernador regional mayor rigor en la contratación de funcionarios regionales.
En la votación final, 19 consejeros rechazaron la vacancia y 3 votaron por que se declare la vacancia del gobernador del Cusco. Al concluir la sesión extraordinaria, el gobernador Salcedo, en un acto público, señaló que no cometió ilícitos y no incurrió en las causales de vacancia. Criticó frontalmente a la Contraloria, ya que, según él, sus informes de control en su mayoría son tendenciosos y no tienen consistencia jurídica ni técnica y solo acusan a las autoridades regionales perjudicando su reputación, por lo que anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para hacer respetar la legislación vigente y sus derechos al trabajo y contratación que según Salcedo son vulnerados por los informes de la Contraloria contra los gobiernos regionales.