La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, reiteró la necesidad de atender el requerimiento presupuestal adicional para la implementación del primer tramo de las Unidades Modelo de Flagrancia por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual aún no se ha concretado.

“Pese a los esfuerzos, debo decir aquí, con mucha preocupación, que esta demanda no ha sido aún atendida”, señaló durante la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Consec-2026).

La audiencia fue realizada en Palacio de Gobierno bajo la presidencia del jefe de Estado, José María Balcázar Zelada, y la participación de las demás autoridades que conforman este foro, entre ellas la máxima autoridad del Poder Judicial.

Tello Gilardi alertó que esta situación representa un riesgo para consolidar el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, pues su funcionamiento depende de la actuación coordinada y simultánea de sus operadores (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública).

La magistrada señaló que la ausencia del financiamiento requerido limita la implementación progresiva de las unidades de flagrancia y compromete seriamente la capacidad institucional para brindar una respuesta célere, eficaz y articulada frente a la criminalidad.

Por esta razón, demandó a los integrantes del Conasec colocar en el primer lugar de las prioridades el tema presupuestario, pues, insistió, la lucha contra la inseguridad ciudadana no puede esperar.

En ese sentido, reiteró la “enorme expectativa” ante el compromiso asumido por la proclamada presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, quien señaló que en su Gobierno “las unidades de flagrancia se convertirán en la piedra angular de un sistema de justicia renovado”.

En otro momento de su intervención, Tello Gilardi, propuso tres anteproyectos de ley para continuar con el fortalecimiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, uno de los principales problemas que afecta actualmente al país.

El primero dispone la creación del complejo judicial de la Unidad de Flagrancia Delictiva Supraprovincial, mientras que el segundo permite potenciar la respuesta penal frente a delitos de alta peligrosidad y modifica el Código Penal y los decretos legislativos 1300 y 1322.

En tanto, el tercer anteproyecto establece criterios restrictivos para la aplicación de beneficios penitenciarios para las personas condenadas por graves delitos, esto es en la etapa de ejecución de sentencia.

“Estos tres anteproyectos de ley son claves en la tarea que estamos desarrollando, por ello, resulta necesario que sean estudiados de forma inmediata en este espacio a efectos de su presentación como iniciativa legislativa apenas se inicien las actividades del nuevo Congreso de la República”, remarcó.

Tello Gilardi también destacó la realización en enero de este año del I Encuentro Nacional de Gobiernos Regionales y Municipales para Combatir la Inseguridad Ciudadana e Implementar Unidades de Flagrancia.

Resaltó que esta reunión permitió fortalecer la articulación con los gobiernos regionales y municipales para identificar necesidades, planificar y viabilizar proyectos de infraestructura destinados a la implementación progresiva de estos complejos judiciales.

Sostuvo que esta iniciativa ha permitido alcanzar importantes logros con los gobiernos regionales de Amazonas, San Martín, Juliaca (Puno), Tumbes, Lambayeque, Junín y Arequipa.

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