Fiscal de la Nación rechaza PL que pretende declarar en emergencia el MP que solo busca obstruir investigaciones a congresistas
En un breve mensaje a la nación el jueves 22 de febrero al promediar las 22 horas, el Fiscal de la Nación, Dr. Juan Villena, rechazó el proyecto de ley del congresista de extrema derecha, Jorge Montoya, que pretende declarar en emergencia al Ministerio Público por 180 días que consideró inconstitucional, arbitrario y que quebranta el principio constitucional de separación de poderes y pretende obstruir las investigaciones fiscales a altos funcionarios estatales.
Villena, refirió que hace 70 días asumió la Fiscalia de la Nación y recibió 357 carpetas fiscales contra altos funcionarios públicos y emitió 191 disposiciones fiscales por lo que se formuló 8 denuncias constitucionales. Entre ellos, contra 3 congresistas, 3 jueces supremos y 2 ministros de estado, así como estan en trámite 243 nuevas denuncias entre los cuales se encuentran 45 contra congresistas relacionados al caso del ex asesor Jaime Villanueva, quien efectuó múltiples denuncias que comprometen a varias personas.
El Fiscal de la Nación, aseguró que ninguna denuncia dejará de ser investigada, y reveló que también hay denuncias contra 17 magistrados entre jueces y fiscales. Juan Villena, refirió que el proyecto de ley del congresista Montoya, pretende quebrar el orden constitucional y alterar la autonomía que la Constitución le reconoce al Ministerio Público y la separación de poderes que consagra la Carta Magna.
Rechazó el proyecto de Ley de Montoya que pretende declarar en emergencia el Ministerio Público como sucedió en la década del noventa del siglo XX y luego destituir a fiscales en 180 días, pero que en el fondo lo que los políticos quieren, es frustrar las investigaciones acumuladas y acusaciones fiscales contra los altos funcionarios publicos que se encuentran en trámite. Villena, concluyó su mensaje alertando a los ciudadanos y precisó que en nombre de 8,330 fiscales y 22 mil trabajadores que laboran en su institución, rechazan el proyecto de ley y no se oponen a una reestructuración institucional, pero debe estar a cargo de los órganos competentes que prevé la Constitución y legislación vigente.