¿Más sanciones para quienes fiscalizan?
El incremento de las penas para quienes osen calumniar o difamar por algún medio de comunicación sólo busca amedrentar a los periodistas que realmente tratan de fiscalizar a los gobernantes; quienes de hecho de ser el caso no podrán pagar las multas e indemnizaciones, que seguramente serán muy elevadas.
Porque, según el Proyecto de Ley 2862 presentado por la banca de Perú Libre, se pretende elevar las sanciones de 120 a 365 días multa por el delito de calumnia y pena privativa de la libertad no mayor de 4 años (es decir el doble de lo que establece el código Penal) y de 90 a 120 días multa por el delito de difamación; además de las reparaciones civiles que establecerá el querellante, y que serán muy abultadas como la que pidió César Acuña al periodista Acosta autor de “Plata como cancha”.
Pues como se sabe, las querellas no se plantean contra aquellas figuras de la comunicación que laboran en los canales y diarios nacionales con buenos sueldos y difunden en forma obediente los libretos impuestos; sino se enjuician aquellos periodistas que a través de unidades de investigación o medios independientes tratan de cumplir su misión fiscalizadora y cuyos sueldos son muy menores.
A nivel mundial la tendencia es despenalizar no sólo los delitos de prensa, recurriendo a la rectificación, sino también de todos los delitos; pero en el Perú se hace contrario solo para el caso de las transgresiones de los periodistas.
El Poder Judicial, curiosamente también se suma a esta campaña para silenciar la prensa, tratando de obligar a los periodistas a divulgar sus fuentes. ¿Qué acaso los periodistas no tenemos derecho al Secreto Profesional?
A que más apelaran los “padres de la patria” para no ser develados ni sancionados, sólo falta que vuelva a crearse un organismo encargado de revisar todas las informaciones antes de ser emitidas, tal como existió durante la dictadura de los años 70 del siglo pasado.
En resumen, en el Perú se busca incrementar las sanciones para los periodistas que divulgan los actos de corrupción y proteger a las autoridades que incurren en actos ilegales.
Lamentablemente, los periodistas o comunicadores no somos capaces de unirnos para defender nuestro derecho a la libertad de información, difundimos las protestas de otros, pero pocas veces protagonizamos una acción para defender nuestros propios derechos.
Nexmi Daza Arenas – Periodista