Se ha realizado un debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú por las elecciones generales 2026 en seis temas concretos, donde hubo algunas propuestas, pero tambien omisiones entre los expositores de ambas organizaciones políticas. Me voy a referir concretamente sobre las reformas al Estado, donde Sinesio Lopez y Vladimir Huaroc, poco o nada aportaron con sus propuestas muy generales a la reestructuración del Estado.

El candidato presidencial, Rafael Lopez, ha propuesto en su plan de gobierno la reducción de ministerios del Poder Ejecutivo, lo que ha generado adhesión, pero tambien rechazo entre la población ya que es una propuesta muy polémica. Más allá de las simpatías y antipatías políticas, las propuestas de reformas merecen un debate nacional desapasionado pensando en el bienestar del país.

El escenario natural y democrático, debería ser el Acuerdo Nacional donde todos estamos representados, pero no se le toma en cuenta o derivarse al CEPLAN que es un organismo técnico que proyecta hacia donde debemos ir como Estado soberano e independiente en las próximas décadas. Un tema sustancial, es revisar el diseño constitucional que hoy tiene la estructura estatal en la Carta Magna 1993 que ha sufrido múltiples parches en las últimas tres décadas. Las reformas deben comenzar con los poderes públicos, los organismos constitucionales autónomos y los gobiernos descentralizados.

Un aspecto fundamental en el país es cuántos ministerios debe tener el Poder Ejecutivo para para que los servicios estatales lleguen a todo el país, y no solo se priorice los departamentos de la costa en perjuicio de la selva y sierra que siempre postergados. Actualmente contamos con 19 ministerios, algunos afirman que es muy elevado ese número de ministerios y habría que reducirlo lo que obligaría a reestructuración del poder ejecutivo.

Asimismo, algunos ministerios deberían tener sus sedes principales en el interior del país y no en la sede del centralismo limeño. Tambien múltiples reformas en el Poder Legislativo, entre ellas, que los congresistas elegidos no pueden ser ministros, ya que fueron elegidos para legislar y fiscalizar y no para ejecutar e incurrir en conflictos de interés. Hoy los congresistas son intocables y no se les puede desaforar y abusan de su inmunidad. Urge, por tanto, la renovación por tercio del mandato legislativo a la mitad de la gestión para que se vayan a su casa los legisladores improductivos e incapaces y no esperar cinco años del periodo parlamentario.

En el Poder Judicial, debería reformarse la composición de la Corte Suprema que tiene como sede Lima, con Cortes descentralizadas en el Norte, Sur y Lima para desburocratizar dicho poder público, pero tambien que la elección del presidente del Poder Judicial, sea por elección universal de todos los jueces y no solamente de los jueces supremos como hoy está legislado.

Esas reformas deberían alcanzar a los organismos constitucionales autónomos. Es decir, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, al BCR, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Contraloría General de la República, al sistema electoral, a la SBS y el Ministerio Público.

También deberían reformarse los gobiernos descentralizados, como los gobiernos regionales y gobiernos municipales.  Los ciudadanos queremos un Estado eficiente, descentralizado y competitivo ante un entorno globalizado y esté al servicio de sus ciudadanos y al desarrollo del país y no al servicio de los grupos económicos y transnacionales como desean los neoliberales.

Esas reformas deberían emprenderla el nuevo Congreso, sin embargo, está muy politizado e ideologizado, ante la vieja estructura estatal que no está acorde al siglo XXI. Algunos considerarán que esas reformas deberían hacerla el nuevo Congreso a instalarse en julio del 2026.

Otros exigirán una Asamblea Constituyente que diseñe una nueva Constitución previo referéndum en consulta al soberano que sería lo más justo, pero otros estimaran que las propuestas de reformas constitucional deberían nacer en el Acuerdo Nacional para lograr consensos e incluso dicha organización debería estar incluido en la Carta Magna como Consejo de Estado para evitar los conflictos entre los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos.

Finalmente, es evidente que cualquier reestructuración estatal en los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos y en los gobiernos descentralizados, debe contar con dos tercios de votos de los 130 legisladores, es decir, 87 votos como mínimo, lo que es difícil lograr, salvo que se logre consensos en temas específicos que el país demanda. En resumen, requerimos reformas consensuadas ya que su actual diseño está centralizado y requiere de una modernización para servir mejor al ciudadano que es la fuente de poder en todo Estado Social y Constitucional de Derecho.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado