El irresponsable proceder de la empresa Concesionaria Cobra, confirma su incapacidad técnica, económica y administrativa para desarrollar la segunda etapa del proyecto Majes Siguas, situación que perjudica el desarrollo socio económico de la región Arequipa.

La empresa COBRA no se presentó el día 11 ni el día 12 de abril, fecha límite según el contrato, a la suscripción de la «recepción del proyecto». El Gobierno Regional de Arequipa a través de AUTODEMA, en cumplimiento a lo acordado en la Adenda 13, convocó a la empresa Concesionaria Cobra para entregar de manera física y legal los terrenos de Pusa Pusa y Tarucamarca en donde se proyectan las obras de construcción de la represa de Angostura y el túnel Transandino, así como también, los terrenos de la Pampa de Siguas, en donde se proyecta la habilitación de las 38,500 hectáreas de terrenos de cultivo.

El año 2015, mediante la Adenda 12, la empresa COBRA impuso un incremento en el costo del proyecto elevando de $404 a $550 millones de dólares. El año 2022, la empresa Cobra de manera arbitraria paralizó los trabajos de construcción de la represa Angostura y del túnel Transandino para imponer la Adenda 13 bajo el injustificado planteamiento del denominado «cambio tecnológico» hizo claudicar al Consejo Regional para la aprobación de la Adenda 13 mediante la cual elevó el costo del proyecto de $550 a $658 millones de dólares.

Ahora, en el año 2023, pretende el reconocimiento de $48 millones de dólares por daños y perjuicios, elevando el proyecto a más de $700 millones de dólares, llevando tan generoso proyecto a la «inviabilidad». Por otro lado, la empresa Concesionaria, tampoco ha cumplido con realizar el «cierre financiero» en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 lo que denota su incapacidad financiera, y su desleal comportamiento.

La empresa tiene la administración del proyecto desde el año 2010, han pasado más de doce años y solo se tiene un avance del 20%. Según el Contrato Inicial, la empresa Concesionaria se comprometió a entregar el proyecto culminado en cuatro años. El estado peruano viene pagando los intereses del financiamiento del préstamo de la Cámara Andina de Fomento (CAF) y la región Arequipa pierde el beneficio de la generación de empleo y la producción del proyecto, estimada en más de $1,000 millones de dólares al año.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Arequipa debe plantear la «controversia» mediante el trato directo, específicamente sobre la no recepción del proyecto, e inmediatamente elevar la controversia ante la Cámara de Comercio de Lima para luego iniciar el proceso de «resolución del contrato» considerado dentro de las cláusulas del mencionado contrato. La resolución del contrato, permitirá reformular el modelo de parcelación de módulos de 200 hectáreas a parcelas de 5 hectáreas, beneficiando a cerca de 8,000 agricultores emprendedores, con un verdadero impacto en el desarrollo socioeconómico de la región Arequipa.

Saludo la firme posición de los funcionarios de AUTODEMA y de las Autoridades del Gobierno Regional de Arequipa en no permitir que continúe el abusivo proceder de la empresa Concesionaria Cobra. Asimismo, en paralelo a la «resolución del contrato» el Gobierno Regional de Arequipa debe retomar el control del proyecto, conformar un equipo técnico multidisciplinario que permita el inmediato reinicio de la ejecución de las obras por administración directa. En Arequipa existen los técnicos, la tecnología, la capacidad logística y la capacidad financiera, desde el Gobierno Regional de Arequipa, para ejecutar las componentes del proyecto en menos de cuatro años y por un monto no mayor a $200 millones de dólares.

Ing. Elmer Pinto Cáceres – Ex Consejero Regional de Arequipa.