Valentín Paniagua, ese gran Presidente, desafortunadamente solo interino, decía que el fin de las instituciones y las normas electorales era lograr la “verdad electoral”, es decir que la voluntad ciudadana expresada en las urnas, se reflejara en los resultados de las elecciones. Esto, que nos puede parecer una verdad de Perogrullo, es en cambio una rara avis en el Perú de nuestros días. Casi para cualquier ciudadano, informado o no, las elecciones apestan a fraude y no a verdad electoral.

La última resolución —inapelable—del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señalando que los que ya habían sido alcaldes en el proceso inmediato anterior no pueden volver a serlo en el próximo período, directa ni indirectamente, de acuerdo con lo que señalan la ley electoral y la Constitución, es una suerte de “justicia poética” para lo que ha venido sucediendo en los últimos procesos electorales.

Decimos esto, porque finalmente pasa algo distinto de lo que había venido sucediendo en esta temporada electoral. Una justicia de último minuto que repara sólo muy parcialmente la realidad de un proceso plagado de denuncias, trampas y subterfugios y frente al cual la autoridad electoral se escondía y no era tal, o sea autoridad que respeta la ley. Esto se ha dado junto con grandes y continuas campañas de descrédito que algunos partidos, especialmente, de extrema derecha, han realizado, cuando sospechaban que la autoridad no iba de acuerdo con sus intereses.

Ha existido un candidato, Rafael López Aliaga, que ha sido candidato al Senado, luego senador electo y también candidato a primer regidor de su lista partidaria para la Alcaldía de Lima, poniendo a otra persona de candidato a alcalde, que luego, en medio de la campaña, renunció, para permitirle potencialmente que de ganar su lista él fuera alcalde. Alguien, la autoridad electoral suponemos, ha debido aclarar desde el principio que esto no estaba bien y tomar acciones al respecto. Pero no ha sido así, motivando que decenas de alcaldes hicieran lo mismo que López Aliaga, buscando “indirectamente” la reelección. Al final, se distorsiona todo el proceso porque decenas de municipios por todo el Perú, siguiendo este mal ejemplo, han hecho cosa parecida, dejando los municipios en manos de gente desconocida.

¿Qué habrá motivado la reacción del JNE en este momento? Con exactitud nadie lo sabe, salvo que haya sido la indignación por los insultos en extremos soeces de los involucrados. Sin embargo, no está demás pensar que el tema sea parte de una ecuación de poder mayor que haya decidido golpear a los que hasta hace poco alentaba.

Pero este incidente ha sido el más conocido. No debemos olvidarnos del escándalo sobre el voto de los peruanos en el extranjero, nunca totalmente aclarado y que varios observadores señalan le dio las décimas de punto que le faltaban a Keiko Fujimori para imponerse sobre Roberto Sánchez. Asimismo, el audio atribuido a Fernando Cerimedo, un argentino involucrado en varios procesos electorales latinoamericanos, que habrían intentado ser alterados usando medios digitales.

No es esta situación de fraude, más allá de reparaciones postreras, la que se merece el Perú. Para construir una democracia es fundamental que prevalezca la verdad electoral de principio a fin en el proceso, de lo contrario se trata de elecciones viciadas donde lo que tendremos es presidentes, gobernadores y alcaldes bajo sospecha de servir a otros distintos a los ciudadanos del Perú.

Editorial Otra Mirada

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