El Peruano

Los funcionarios de la gestión del Gobernador Regional de Elmer Cáceres Llica, realizaron la adjudicación simplificada 060-2021 para la adquisición de planta generadora de oxigeno medicinal para el proyecto y grupo electrógeno en los establecimientos de salud de los Hospitales de Cotahuasi y Chivay, permitiendo que dos postores que no cumplían con los requisitos exigidos en las bases integradas de procedimiento de selección, hayan habilitado su pase a las etapas de evaluación y calificación de ofertas dando como resultado el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Intermax, no obstante que este no cumplía con acreditar experiencia del postor en la especialidad.

Estos actos fueron ocasionados por el accionar contrario a los deberes funcionales del presidente suplente, siembro suplente 1 y miembro titular 2, integrantes del comité de selección de la adjudicación simplificada. Así lo señala la conclusión del informe de control especifico 021-2022 sobre adquisición de plantas generadoras de oxigeno medicinal para los Centros de Salud de Cotahuasi y Chivay, informe que suscribió la abogada, Yulemi Valladares Díaz, como Jefa del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa.

El informe de Contraloria, señala asimismo que el GRA otorgó conformidad sin que el contratista cumpliera con la entrega del total de los bienes requeridos ni acreditado el cumplimiento de las especificaciones especificas técnicas establecidas en las bases integradas de la adjudicación simplificada 060-2021-GRA, por lo que dichos incumplimientos no fueron advertidos por los servidores de la entidad regional generando que no se haya cobrado la totalidad de la penalidad por mora, además se efectué el cálculo de la penalidad únicamente por nueve días de atraso, a la cual se le aplicó un factor que no correspondía y que se proceda con el pago al contratista mayor al correspondiente.

El informe de Contraloria indica que los hechos antes descritos han generado que no se aplique la penalidad correspondiente equivalente a 212 mil 681 soles en perjuicio de la entidad, los que han sido ocasionados por el accionar contrario a los deberes funcionales del inspector y residente de obra, así como también por el encargado de la Unidad de Almacén de la entidad.

Entre las recomendaciones del informe, a la gobernadora regional para que efectué el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores publicos del gobierno regional de Arequipa, mientras que el órgano instructor realice el procesamiento de los funcionarios y servidores publicos del gobierno regional de Arequipa comprendidos en los hechos observados. El informe señala que el Procurador de la Contraloria debe iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en las irregularidades para que se determinen las responsabilidades que correspondan.