En un sorpresivo mensaje a la nación de 10 minutos el miércoles 07 de diciembre, el presidente Castillo, afirmó que durante 16 meses tuvo oposición desde el Congreso que tenía como única agenda la vacancia, suspensión, acusación constitucional o renuncia. Indicó que esa mayoría congresal representa los intereses económicos y no aceptan que un campesino gobierne el país, y pese las reiteradas invocaciones a dialogar con el parlamento, esa mayoría congresal desacreditada no se detuvo en conseguir su objetivo de apartar del gobierno al presidente. Castillo, sostuvo que el gobierno presentó más de 70 proyectos de ley, pero la mayoría de ellos no fueron aprobados y el Congreso con argumentos insostenibles y sin pruebas le imputaron la comisión de delitos desde la prensa corrupta que injuria y difama gratuitamente. Remarcó que el Congreso destruyó el Estado de Derecho e instaló una dictadura congresal y la separación de poderes llegando al extremo de eliminar el derecho al referéndum al que tiene derecho el pueblo y reducir la cuestión de confianza al que tiene derecho el poder ejecutivo por mandato constitucional.

El presidente en su mensaje a la nación, ratificó que el Congreso instaló una dictadura con el aval del Tribunal Constitucional negándose autorizar al Jefe de Estado a salir del país, pero pese a ello el país crece económicamente, pero el Congreso y el Sistema de Justicia más los adversarios políticos se han unido para hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado las elecciones. Ante esta situación, Castillo, enfatizó que, ante el reclamo ciudadano, tomó la decisión de establecer un gobierno de emergencia nacional, disolver temporalmente el Congreso, convocar en breve plazo a elecciones para elaborar una nueva Constitución, se gobernará a través de decretos ley, se declará en reorganización el Sistema de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Llamó finalmente a las organizaciones sociales a respaldar sus decisiones que comunicará a la OEA al amparo del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, prometiendo respetar la economía social del mercado.