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El gobierno del presidente Castillo presentó el proyecto de ley al Congreso por el cual se pretende establecer disposiciones que garanticen la idoneidad en la función pública a fin de fortalecer la lucha contra la violencia de género en el sector público. Concretamente, el proyecto de ley señala que están impedidas de acceder y permanecer en la función pública, mediante designación en cargos de confianza y a cargos de funcionarios/as y directivos/as públicos de libre designación y remoción, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de los delitos comprendidos en los siguientes artículos del Código Penal 108-B, 121-B, 122, 122-B, en concordancia con el artículo 124-B. 129-A y sus formas agravada -¡71 172 173, 174 y 176-A y sus formas agravadas comprendidas en el artículo 177, cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal, o niñas, niños o adolescentes.

Asimismo, están impedidas de acceder y permanecer la función pública, mediante designación o remoción regulada, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de los delitos comprendidos en los siguientes artículos del Código Penal 108-B, 121-B, 122, 122-B, en concordancia con el artículo 124-B, 129-A y sus formas agravadas, 149, 170, 171, 172, 173, 174 y 176-A y sus formas agravadas comprendidas en el artículo 177, cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal, o niñas, niños o adolescentes.

El proyecto de ley afirma que los/as funcionarios/as y directivos/as públicos de libre designación y remoción, y a cargos de confianza, así como de los funcionarios/as de designación o remoción regulada, para acceder a sus respectivos cargos no deben contar con sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada o emitida en primera instancia, según corresponda, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de los delitos comprendidos en los siguientes artículos del Código Penal 129-A y sus formas agravadas, 149; de los artículos 108-B, 121-B, 122, 122-B, en concordancia con el artículo 124-B; y en los supuestos de los artículos 170, 171, 172, 173, 174 y 176-A, y sus formas agravadas comprendidas en el artículo 177, cuando la víctima es una mujer agredida por su condición de tal, o niños, niñas o adolescentes.

Es responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad verificar el cumplimiento de este requisito. Para permanecer en el cargo, los/as funcionarios/as y directivos/as públicos de libre designación y remoción, y a cargos de confianza, así como de los funcionarios/as de designación o remoción regulada, que se encuentran en funciones deberán presentar la declaración jurada que señale que no cuentan con sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada o emitida en primera instancia, según corresponda, por lo delitos antes señalados.

La declaración jurada debe presentarse, bajo responsabilidad funcional, a la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o la que haga sus veces, en un plazo máximo de treinta (30) días calendarios a partir de la vigencia de la presente ley. La inobservancia de lo dispuesto en el párrafo que antecede será considerada falta administrativa disciplinaria. Asimismo, deberá comunicarse a las instancias correspondientes a fin de que se inicie los procesos administrativos disciplinarios que correspondan según la jerarquía del funcionario.

La propuesta normativa que se presenta respecto de los impedimentos se da en torno a reforzar el marco jurídico para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar, para lo cual los que acceden y permanecen en los cargos públicos (designación o remoción regulada y de libre designación y remoción, y de confianza) al no contar con impedimento garantizan la idoneidad en la función pública y la integridad en la administración pública.