Más de 15 millones de electores chilenos el domingo 04 de septiembre, deberán definir en plebiscito, si aprueban o rechazan el proyecto de nueva Constitución que tiene 388 artículos y que supliría a la Constitución de Pinochet de 1980 que tiene 129 artículos la que fue modificada en 1989 y el 2005 con 31 reformas constitucionales. Los chilenos protestaron el año 2019 en calles y plazas contra el gobierno del presidente de derecha, Sebastián Piñera y la clase política lo que generó un estallido social con enfrentamientos entre civiles contra la policía que generó decenas de muertos y cientos de heridos y graves daños a la propiedad privada y pública, ya que los mapochinos consideraban que la Constitución tenia privilegios para los grupos económicos y transnacionales perjudicando a sus ciudadanos que tenía un Estado inútil que no cautelaba los derechos de las personas.

Los chilenos en un plebiscito el año 2020 por mayoría del 79% de ciudadanos electores, aprobaron la redacción de una nueva Constitución, eligiendo a una Convención Constitucional, que tuvo como presidenta a la académica mapuche, Elisa Loncón. En la Convención Constitucional estaban representados todos los estamentos de la sociedad chilena, quienes, durante un año trabajaron y redactaron el documento final y presentaron el proyecto de nueva Constitución ante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y ante el Congreso Nacional en actos públicos el 04 de julio.

El proyecto de nueva Constitución de Chile, trae muchas novedades, que ha generado apoyo y rechazo en la sociedad chilena lo que se ha evidenciado en las últimas encuestas. Entre las novedades figuran los avances de los derechos sociales y civiles, un Estado social y democrático de Derecho que reconoce la plurinacionalidad, interculturalidad, la regionalidad y el respeto al espacio ecológico en el país, así como también reconoce que la democracia chilena es inclusiva y paritaria, muy diferente a la Constitución de 1980 donde el Estado tenía un rol subsidiario.

Al amparo del Estado de Derecho, se reconocen los derechos a la educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones. Se consagra el derecho a la seguridad social, creándose un Sistema de Seguridad Social Público, dejando abierta la opción de contratar seguros privados extra. Se establece que Chile con la nueva Carta Magna, pasará de ser una “república democrática” a una “democracia paritaria”, lo que supone que gradualmente las mujeres podrán ocupar el 50% de cargos públicos en instituciones públicas y privadas. Asimismo, el agua quedará establecida como bien «inapropiable» y lo establece como un derecho humano, priorizando su uso y crea una Agencia Nacional de Aguas para su uso sostenible en todo el país.

Otra de las innovaciones, es la creación del Sistema Nacional de Justicia en vez de Poder Judicial, donde hay un subsistema de justicia de los pueblos originarios que debe respetar los derechos fundamentales de la persona donde se señala que la Corte Suprema será el último intérprete válido en el sistema judicial. Se crea el Consejo de Justicia que designará a los jueces que tendrá potestades disciplinarias y estará integrado por 17 integrantes, entre ellos 8 jueces y 2 altos funcionarios elegidos por sus pares, 5 miembros elegido por el Congreso Nacional y 2 representantes de los pueblos originarios, lo que para un sector de la población es preocupante porque podría politizarse en el futuro, restándole independencia y autonomía al sistema judicial.

Asimismo, se reduce los excesivos poderes del presidente de la república, pero se disminuye de 35 a 30 años la edad para postular a la presidencia de la república y el presidente de la republica puede ser reelegido por una sola vez. Otra novedad es la desaparición del Senado y en su lugar se crea una Cámara de Regiones en lugar del Senado, quien aprobará leyes que hayan sido previamente aprobados por los gobiernos regionales, lo que ha generado controversia en Chile ya que desde que nació como Estado, siempre tuvo un Senado, manteniéndose la Cámara de Diputados.

Otro de los cambios es que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo. La nueva Constitución afirma que Chile es un Estado Regional cuyas políticas públicas deberán tomar en cuenta las necesidades territoriales, adecuadas a las diversas realidades locales, ratificando la autonomía de gobiernos regionales, municipios y otras entidades regionales.

Otra notable modificación es el rol económico del Estado. La nueva Carta Magna establece los principios de responsabilidad fiscal, equidad territorial y el desarrollo armónico con la naturaleza y le otorga un rol más activo al Estado, para regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas. Reconoce la autonomía del Banco Central y el principio de sostenibilidad fiscal de las finanzas y faculta al Estado a prevenir y sancionar los abusos del mercado y se protegen los derechos de los consumidores.

En relación a la minería, el Estado tendrá el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas, independiente de la propiedad sobre los terrenos en que se encuentren situadas, y que sujetará la exploración y explotación a una legislación que considere su impacto ambiental. Como era previsible, la nueva Carta Magna ha generado adhesión y rechazo en la sociedad chilena en los últimos meses, lo que se ha evidenciado en las encuestas donde no se proyecta un seguro ganador de los que están a favor o en contra de la nueva Constitución.

En el plebiscito programado para el domingo 04 de septiembre, si gana la opción «apruebo», la nueva Constitución, regirá de inmediato y se crearán los poderes públicos, organismos constitucionales autónomos y otras entidades que contempla la nueva Carta Magna. En caso gane el «rechazo», la Constitución de 1980 pinochetistas seguirá vigente.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado