Imagen: Andina

Con un debate de tres horas y  con 65 votos a favor y 40 en contra, el Congreso aprobó el proyecto de ley que deroga el decreto supremo 09-2022 que dio el gobierno del presidente Castillo por el cual pretendía democratizar la Derrama Magisterial, pero también dejó sin efecto las resoluciones ministeriales 352-2022 y 355-2022 que dio el Ministerio de Educación que aprobaba la elecciones de los consejos directivos y el proceso de elecciones programados para el 04 de diciembre, por lo que reestablece la vigencia del decreto supremo 021-88, que en los hechos, mantiene a la cúpula de Patria Roja y del SUTEP en la conducción de la Derrama Magisterial que han manejado en forma vertical dicha entidad en las últimas décadas en el país.

Fue la congresista y presidenta de la Comisión de Educación, Gladis Echaiz, quien sustentó ante el Congreso la derogatoria del DS 09-2022 que aprobó el gobierno de Castillo que pretendía democratizar la Derrama Magisterial. Echaiz, indicó que el DS 09-2022 violaba las leyes 26516 y 29532 por el cual la única entidad facultada para modificar y fiscalizar el estatuto de la Derrama Magisterial era la Superintendencia de Banca y Seguros y no el gobierno nacional, por lo que en aplicación del artículo 51 de la Carta Magna (primacía de la Constitución), ningún decreto supremo puede contravenir una ley aprobada por el Congreso.

El congresista Alex Paredes del bloque magisterial en su intervención, afirmó que el Tribunal Constitucional en una sentencia anterior declaró infundado un amparo que tramitó el SUTEP facultando el máximo intérprete de la Constitución a que el Ministerio de Educación pueda modificar el Estatuto de la Derrama Magisterial, que es lo que ha hecho el gobierno del presidente Castillo con el DS 09-2022 para que los maestros a nivel nacional puedan elegir democráticamente a los dirigentes nacionales de la Derrama.

Paredes remarcó en 32 años de vigencia de la Derrama Magisterial, nunca hubo una asamblea general para conocer el estado situacional de dicha entidad, ni tampoco se permitió que los maestros del país ejerzan el derecho universal de elegir y ser elegidos ni nunca se rindieron cuentas públicas del manejo financiero de dicha entidad. El congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, indicó que comprendía el malestar del magisterio y sus demandas de democratización de la Derrama Magisterial, pero el decreto supremo que aprobó el gobierno contravenía normas legales, por lo que el Congreso tenía la obligación de derogar el DS 09-2022 que aprobó el gobierno de Castillo.

La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, rechazó que el dictamen de la congresista Echaiz se discuta en el pleno del Congreso, ya que contravenía el art. 31 inciso 2 del reglamento del parlamento, ya que no tenía los 3/5 de firmas para haber sido exonerado el dictamen y pasar a debatirse, por lo que demandó una reconsideración que fue rechazada por la mayoría de legisladores de la derecha parlamentaria. El congresista Alex Paredes, presentó una reconsideración a la votación inicial, la misma que fue desestimada.