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El congresista Alejandro Cavero de Avanza País presentó el proyecto de resolución legislativa para crear la Oficina de Estudios Económicos del Congreso de la República con el objeto de facilitar la elaboración de los estudios de costo beneficio y evaluar el impacto regulatorio de las iniciativas legislativas presentadas. El proyecto refiere que todos los dictámenes deben contar con la opinión de la oficina de estudios económicos para ser debatidos en el pleno del parlamento nacional, debiendo contarse con un Consejo Consultivo, integrando dicho consejo un miembro por cada bancada parlamentaria.

El proyecto de resolución plantea la modificación de los artículos 26, 75 y 78 del reglamento del Congreso, en donde se señala que los congresistas o grupos parlamentarios pueden solicitar la Oficina de Estudios Económicos la elaboración parcial o total del análisis costo beneficio, así como otro tipo de análisis de impacto regulatorio de los proyectos de ley que elaboren.

La propuesta señala que no se podrá debatir ningún proyecto de ley que no tenga dictamen ni ningún dictamen que no cuente con la opinión de la Oficina de Estudios Económicos respecto a sus análisis de costo beneficio y no haya sido publicado en el portal del Congreso o en la gaceta del Congreso o en el Diario El Peruano en por lo menos 7 días calendario antes de su debate en el Pleno del Congreso, salvo dispensa de uno de estos requisitos por la Junta de Portavoces. El objetivo del proyecto según Cavero es servir de herramienta para lograr identificar los costos económicos de una propuesta legislativa y cómo está afectará a los diversos grupos de interés y sectores con los que se relacione, pero también generar un proceso legislativo más transparente y exhaustivo y poder identificar y evaluar los costos y beneficios relacionados a la aprobación e implementación de un proyecto legislativo en particular.

En la exposición de motivos del proyecto, se agrega que la investigación realizada por Julio Haro Carranza, titulado, “Análisis Costo Beneficio: Sincerando las propuestas legislativas en el Perú” publicada en la revista del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios, donde se refiere que de 84 proyectos de ley presentados ante la Comisión de Trabajo entre los años 2009 al 2011, se concluyó que sólo 3 proyectos de ley presentaron estudios de análisis costo beneficio adecuadamente elaborado, 18 proyectos presentaron estudios de análisis de costo beneficio sin utilizar la guía del ACB legislativo y 63 proyectos presentaron su análisis costo beneficio resumido en la expresión que, “la presente iniciativa legislativa no irrogará gasto al Estado”.

Finalmente, refiere que el congresista Alberto de Belaunde el año 2020 presentó un proyecto de ley donde reviso todos los proyectos de ley presentados el año 2020, donde precisó que de los análisis de costo beneficio de todos los proyectos revisados, 35 proyectos fueron considerados como no aceptables, 30 como deficientes, 4 como insuficientes y 1 como impreciso, pero donde también el 50% de los dictámenes de dicho periodo legislativo fueron exonerados del trámite regular de pase por la comisión dictaminadora lo que perjudico el proceso legislativo en detrimento de la calidad de las leyes aprobadas.