Imagen. NODAL

La presidenta del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Dra. Elvia Barrios, a través de la queja verbal 852-2012 publicada en el diario oficial, impuso la medida disciplinaria de destitución al señor Víctor Hugo Corrales Moloche, por su desempeño como Juez de Paz del Juzgado de Paz de Tingo – Cercado, distrito, provincia, departamento y Distrito Judicial de Arequipa; con las consecuencias establecidas en el artículo 54° de la Ley de Justicia de Paz, inscribiéndose la medida disciplinaria impuesta en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

En los considerandos, se señala que, está acreditado que durante la evaluación de los Expedientes Nros. 0184-2009 y 00154-2012 sobre alimentos y reducción de alimentos, respectivamente, el investigado se avocó a su conocimiento; no obstante, estar impedido expresamente para ello. Asimismo, de las pruebas actuadas durante el presente procedimiento se ha acreditado que su persona de confianza la señora Nancy Enríquez Lima, conjuntamente con el señor Felipe Arenas Mamani, venían asesorando a la quejosa Verónica Huanca Guzmán, además al haber firmado el auto admisorio de la demanda presentada por la quejosa y el investigado habría aprobado de manera irregular la misma al tener conocimiento que su persona de confianza venía patrocinado a la demandada, e inclusive el investigado ha intervenido en una de las conversaciones, tal como se advierte del video efectuado el 26 de julio de 2012 ,donde se observa que en el despacho del juez investigado se reunían los tres personajes, acto en el que son intervenidos por el Ministerio Público.

Que, de los hechos irregulares y acreditados, se evidencia que existen elementos de juicio para concluir que el juez investigado ha establecido relaciones extraprocesales con la quejosa Verónica Huanca Guzmán, quien actuaba como apoderada de su hermano Wilfredo Huanca Guzmán, lo que es corroborado con los audios aportados por la quejosa en coordinación con el Ministerio Publico. Con las diligencias actuadas y con el acta de seguimiento de fecha 26 julio de 2012, operativo llevado a cabo por la fiscalía provincial, la Policía Nacional y personal de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Arequipa, revisten conductas previstas como muy graves en el artículo 50°, incisos 3) y 8), de la Ley de Justicia de Paz.