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En conferencia de prensa que se desarrolló en el auditorio de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa que presidió el presidente, Luis Caballero, acompañado de presidentes de Cámaras de Comercio de la Macro sur y de otros gremios, exigieron al gobierno nacional estabilidad política, económica y jurídica para no ahuyentar inversiones y generar crecimiento, empleo y tributos para el Estado.

El presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Salazar, afirmó que el gobierno en forma unilateral mediante un decreto, derogó la tercerización perjudicando a miles de trabajadores, pero también se pretende estatizar la industria minera a la que se oponen, al tiempo de lamentar que en su región la pobreza haya crecido al 45% por lo que gobierno debe adoptar medidas sensatas por lo que demandó estabilidad jurídica para los inversionistas.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo, Enrique Santana, criticó al gobierno porque no hay una política estatal de fomento al turismo ya que, al primer semestre del año 2022, al país solo arribaron 700 mil turistas, lo que ha perjudicado a su sector, cuando antes de la pandemia mundial el Perú captó más de 4 millones de turistas.

El presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Jhon Santos, por su parte señaló que las continuas paralizaciones en su región han paralizado varios proyectados valorizados en más de 2 mil millones de soles afectando al aparato productivo de su ciudad, perjudicando al sector turismo, ya que ellos dependen de sus ingresos en 70% de dicho sector, por lo que demandó al gobierno nacional más seguridad política.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ilo, Alberto Portugal, refirió que las continuas paralizaciones en su provincia disminuirán el ingreso por canon para ejecución de obras, lamentando que organizaciones sociales de su jurisdicción estén exigiendo a las empresas mineras más de 5 mil millones de dólares, expresando su oposición a la estatización del cobre y solicitando al gobierno nacional se reimpulse el gasoducto del sur que está paralizado.

El presidente de la Cámara Pyme de Arequipa, Santino Batti, a su turno sostuvo que su sector exige al gobierno nacional mayor mercado para colocar sus productos, pero también más financiamiento, agregando que las pymes tienen incertidumbre para colocar sus inversiones ante la situación de inestabilidad del país.

El presidente de la Cámara de Comercio de Puno, Francisco Aquise, solicitó al gobierno mayor dialogo con los actores económicos, sociales y políticos para superar la crisis que atraviesa el país, pero también demandó mayor competitividad. El presidente de Sociedad Agrícola de Arequipa, Daniel Lozada, expresó que los agricultores están angustiados no solo por los excesivos costos de los fertilizantes, sino también por la carencia en el mercado nacional de este insumo sustancial para el cultivo de alimentos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de los peruanos.

El representante de la Universidad Catolica Santa María, Jorge Espinoza, precisó que, con la actual crisis, 11 millones de peruanos estarían en riesgo de ingresar a la pobreza, 8% de estudiantes dejaron los estudios, se gastó el 10% del PBI nacional en la entrega excesiva de bonos a la población por la pandemia y la inflación anual de los doce últimos meses ya llegó al 8% lo que es preocupante, por lo que debe dialogarse y reducirse los conflictos sociales en el país.

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Luis Caballero, manifestó que la industria minera es sustancial para el crecimiento de Arequipa ya que representa el 9% del PBI regional, remarcando que hay incertidumbre en los inversionistas, no habiéndose reducido el 78% de la informalidad en todos los sectores que es un problema aún no resuelto. Reconoció que los costos de alimentos y gasolina no fueron incrementados por el gobierno, pero esos reajustes eran inevitables por el sector privado, ya que los costos del maíz, aceite y trigo que se importan del mercado internacional se reajustaron por la crisis económica internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, lamentando que el poder adquisitivo de la población decreció en 12% en el último año, por lo que demandó al gobierno nacional estabilidad política, economía y jurídica para generar mayor inversión en beneficio de la población.