Imagen: La Iglesia de Jesucristo

Nueve nombramientos ilegales de personal administrativo contratados en el año 2019 en la Municipalidad Distrital de Cayma bajo el régimen del D.L. 276, detectó la Contraloría a través del informe de control especifico 002-2022, que suscribió la Jefa del Órgano de Control Institucional, Yesenia Rivera Manrique.

El informe da cuenta que el año 2019 la Municipalidad de Cayma efectuó el proceso de nombramiento siendo la encargada la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos quien con la finalidad de acceder a los alcances de dicho marco normativo y acceder al nombramiento excepcional, propuso el reordenamiento de cargos de un documento denominado CAP Provisional pese a que éste no tenía tal condición, al no contar con informe favorable de SERVIR, modificando la clasificación del cargo que venía desempeñando para que deje de ser un cargo de confianza, aprobándose finalmente dicha propuesta a través de la resolución de alcaldía 09-2019 el 2 de enero del 2019, obteniendo así su nombramiento.

La Jefa de Recursos Humanos incumplió asimismo el cronograma aprobado por la municipalidad para desarrollar el proceso de nombramiento y evaluó expedientes presentados sin sujetarse al lineamiento, permitiendo con su accionar el nombramiento de ocho servidores en plazas que no les correspondía, incluyendo uno de ellos sin cumplir el perfil del puesto a que se presentó. Según la Contraloría, todas estas irregularidades contravienen el número 4 y 5 del anexo 4 de la directiva 002-2015-SERVIR y la resolución ejecutiva 075-2019 de la Presidencia Ejecutiva de SERVIR lo que ocasionó la vulneración del principio de legalidad afectando el correcto funcionamiento de la administración pública con la obtención de estabilidad y beneficios laborales y su respectivo nombramiento.

El informe de control especifico recomienda que el órgano competente deslinde las responsabilidades que correspondan a los funcionarios y servidores públicos de dicha municipalidad y que el Procurador Público especializado en Anticorrupción, inicie las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de irregularidad con la finalidad que determinen las responsabilidades que correspondan.