El Dr. José Villafuerte Charca, Magister en Derecho Constitucional, expresó que es partidario de una nueva Constitución ya que la vigente de 1993 solo sirve a mafias mercantilistas que han secuestrado nuestra economía nacional y que son defendidas por legisladores de derecha que actúan como operadores de las grandes empresas y transnacionales. Sostuvo asimismo que es partidario del Senado y está en contra de la reelección de gobernadores y alcaldes, al tiempo de precisar que el sistema electoral no puede ser acusado por el Congreso ya que el JNE pueden hacer uso del control difuso que le faculta la Constitución. Reproducimos la entrevista que concedió al portal digital Arequipa Misti Press.  

Usted es partidario de una nueva Constitución. ¿Podría resumirnos tres razones en síntesis por qué debemos tener una nueva Carta Magna?

Si creo en la necesidad de una nueva Constitución. Las tres razones de la muchas que hay:

1.- La Constitución de 1993, es ilegítima de nacimiento, porque la ciudadanía no participó en su elaboración, es decir, no ejerció su Poder Constituyente, y el referéndum para su ratificación fue fraudulento, así lo reconoce el propio miembro del JNE, de ese entonces, Juan Chávez Molina.

2.- La Constitución de 1993, tiene fuerte carga ideológica neoliberal, lo que la convierte en un instrumento político-jurídico que sirve a pocos y no a todos.

3.- La Constitución de 1993, es utilitaria porque fue redactada solo para organizar el Estado como instrumento promotor de la gestión económica de los mercantilistas, nada más, y peor aún, vaciando el contenido de los derechos humanos que se encuentran en el texto.

¿Nos puede mencionar por lo menos cinco artículos que en forma indispensable requieren de reforma constitucional y por qué razones?

No se trata de reformar la Constitución, ya sufrió muchas reformas y está más desarticulada que al momento de su nacimiento. Se necesita redactar un nuevo texto armónico, moderno y para todas y todos, que mantenga los institutos constitucionales que sirven para construir una nueva república democrática, soberana y próspera, que contenga nuevas instituciones y que rescate el contenido humano de los derechos humanos.

Yo no señalaría artículos, señalaría institutos.

1.- El régimen económico.

2.- El régimen de protección de los recursos naturales.

3.- El régimen político.

4.- El sistema educativo

5.- El Sistema de salud.

La Comisión de Constitución archivó el proyecto de reforma constitucional que presentó el gobierno nacional para consultarle al pueblo en referéndum en las elecciones 2022 si deseaba o no una nueva Asamblea Constituyente. ¿Qué opina de ese acuerdo y si tiene sustento constitucional?

El proyecto estuvo mal redactado, sin buen fundamento y obedecía a una urgencia política del gobierno de turno: poner en debate un gran tema para esconder las debilidades de la gestión gubernamental. El Congreso respondió como de costumbre, esto es, la “oposición” uso su mayoría para archivar el proyecto. No hubo debate jurídico. Usaron el Reglamento del Congreso para archivar.

Un movimiento ciudadano también ha presentado un proyecto de reforma constitucional para que la actual Constitución no se modifique. ¿Qué opina usted de ese proyecto?

Gracioso, por decir lo menos. Ninguna norma jurídica en el mundo puede contener en sí misma una cláusula que prohíba su reforma o su derogación. No es lógico ni razonable. Una Constitución puede ser cambiada por una nueva si envejece, si la sociedad está sumergida en profundas crisis de características estructurales y si los ciudadanos así lo deciden, ejerciendo su Poder Constituyente; ese es el ABC del constitucionalismo. Eso sabe un alumno del primer semestre de la Facultad de Derecho.

El artículo 32 de la Constitución habilita al Congreso a reformar total o parcialmente la Carta Magna, pero el artículo 206 lo condiciona a la aprobación por el Congreso con dos tercios de votos, en dos legislaturas o en referéndum. ¿Por qué razones la derecha parlamentaria según su apreciación personal no desea que el pueblo sea consultado en referéndum esta decisión?

Previamente una precisión. En el actual congreso no existen las clásicas derechas o izquierdas. Hay operadores de mafias mercantilistas que tienen el control del Estado y que se marquetean unos como “derechistas” y otros como “izquierdistas”. Son unos cuantos auténticos liberales e izquierdistas, que son minoría de la minoría y no tienen fuerza numérica para decidir.

Los operadores a los que me referí, ellos sí son mayoría; esta vez han cerrado el paso al referéndum porque no quieren correr el riego de una consulta donde la ciudadanía diga SI a la instalación de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. La actual Carta sirve a los dueños de la economía nacional, porque ayuda a mantener el estado actual de cosas en el país. A ellos no les conviene, el orden, la democracia auténtica, la soberanía nacional, uso sostenido y sustentable de los recursos naturales, la libertad o la dignidad. Son mercantilistas puros, políticamente autoritarios, socialmente discriminadores y parasitarios porque viven de las prebendas estatales. En medio de las crisis: económica, política, social, moral e incluso cultural, ellos ganan dinero

 La elección del nuevo Tribunal Constitucional se efectuó sin debate previo en el Congreso. ¿Qué opina usted sobre su composición y que debemos esperar de los nuevos magistrados?

Es el reflejo de la crisis política, de la crisis moral y de la crisis del sistema de justicia constitucional.

¿Cree usted a futuro que debe reformarse el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional o no y por qué razones?

Claro. Los resultados están a la vista. Necesitamos un proceso de selección meritocrática, con incentivos para que postulen juristas probos, altamente capacitados y que tengan internalizado el concepto de la independencia jurisdiccional.

En los dos últimos años los magistrados del TC no sesionaron en Arequipa pese a ser su sede alterna por la pandemia sanitaria. ¿Cree usted que eso debe continuar con los nuevos magistrados y que debería hacer el Colegio de Abogados para hacer respetar la ley orgánica del TC y su reglamento interno?

Estamos en una situación excepcional. Espero que se regularice. El Decano debe hacer la invocación correspondiente.

El Congreso ha iniciado el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo lo que ha generado críticas porque al parecer se pretende elegirlo no por meritocracia, sino por razones políticas. ¿Cómo aprecia usted este proceso y que opina usted de la actuación del defensor Walter Gutiérrez?

Nuevamente, es producto de la crisis política y moral que vive nuestro país. En el Congreso se refleja esas crisis. Durante el reinado de Walter Gutiérrez, se debilitó la presencia de la Defensoría del Pueblo en la comunidad; si a la fecha se mantiene viva la institución es por el trabajo de los adjuntos con experiencia y del personal de las oficinas defensoriales.

La Comisión de Constitución inició el debate para restablecer la Cámara de Senadores en el país. ¿Debemos tener una Cámara de Senadores o no y en qué condiciones si estuviera de acuerdo?

La bicameralidad permite la entrega de productos legislativos (leyes) de calidad. Los Senadores deben ser elegidos en distrito único electoral, los postulantes deben militar como mínimo 10 años en el partido político, la edad mínima para postular 55 años y no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

Algunos congresistas han presentado un proyecto de reforma constitucional para reelegir a los alcaldes y gobernadores. ¿Esta usted de acuerdo o no con estos proyectos?

No debe haber reelección. Lamentablemente en el caso peruano la reelección es un espacio para la profundización de la corrupción.

El Congreso aprobó una ley para ampliar elecciones complementarias 2022 que ha rechazado el sistema electoral peruano con diversos argumentos. ¿El Congreso se excedió en sus atribuciones constitucionales? ¿Podrían ser acusados los titulares del sistema electoral por no acatar la vigencia de la nueva ley?

Esa ley no puede ser aplicada porque el proceso electoral ya está en curso, tiene etapas y las mismas precluyen. Afecta la Seguridad Jurídica. El JNE tiene la obligación de hacer control difuso, quiere decir, que no debe aplicar normas que contravienen a la Constitución o violan los derechos constitucionales de los ciudadanos. Los titulares del JNE no pueden ser ni acusados ni sancionados si con su proceder están protegiendo la constitucionalidad de sus actos.

El Congreso tiene la atribución constitucional de ejercer control político al gobierno y otros poderes y organismos constitucionales autónomos en el país. ¿Cree usted que el actual parlamento y su mayoría están abusando o no de esa atribución o está ejerciendo muy bien su rol de contrapeso al poder ejecutivo?

Han caricaturizado los institutos constitucionales de control político. En ese Congreso no hacen control, hacen actos de presión para luego negociar con el oponente de coyuntura.

Finalmente, el enfrentamiento permanente entre el ejecutivo y legislativo ha agudizado la crisis política y económica en el país. ¿Cuál sería la salida constitucional para solucionar esta crisis permanente según su apreciación personal?

La crisis política estructural en el país es de vieja data, no solamente en ese nivel, también en los gobiernos regionales y locales. No es una confrontación entre organismos estatales ni entre partidos de derecha o izquierda, es una confrontación entre grupos mafiosos y sus operadores. Necesitamos una reforma integral del sistema político y la participación del ciudadano en las cosas del Estado, eso pasa necesariamente por tener un nuevo instrumento político-jurídico, es decir, una nueva Constitución, que no será posible ahora, talvez a mediano plazo, cuando la correlación de fuerzas sociales y políticas varíe a favor de esa salida.