La Municipalidad Metropolitana de Lima, en la gestión edil de Luis Castañeda Lossio, efectuó contratos para ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, soslayando, para algunos casos, la Ley de Contrataciones del Estado, en su lugar, lo hicieron mediante convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos OEI, de esa manera, se hacía rápido, se evitaba la paralización de los procesos de selección por articulaciones de los postores o proveedores o contratistas o denuncias administrativas; con la particularidad que, tales contratos, estaban eximidas de ser sujetas a acciones de control, por parte de la Contraloría General de la República.

En la autocracia fujimorista, muchas denuncias, por violación de Derechos Humanos, se presentaron ante el Ministerio Público y se ventilaron en el Poder Judicial, pero ante la ausencia de imparcialidad de fiscales y jueces, manipulados por los siniestros asesores de la dictadura neoliberal, es que las víctimas, agraviados y deudos, acudieron a la supranacional Corte Interamericana de Derechos Humanos; en donde obtuvieron sentencias justas con cuantiosas indemnizaciones.

Durante el Gobierno de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, para las obras de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ARCC, acudió al contrato internacional de Gobierno a Gobierno (G2G), celebrándolo con la potencia de Gran Bretaña, el mismo mecanismo lo continuó, en su efímera gestión gubernamental, Francisco Sagasti. Ello ante el fracaso de la ARCC, creado cuando Presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, para la reconstrucción del norte, afectado por el Niño Costero.

Hace pocos días, el Presidente de la República Prof. José Pedro Castillo Terrones, anunció solicitar a la Organización de Estados Americanos OEA, designe una Misión a Perú para luchar contra la corrupción, medida criticada por algunos analistas, pero justificada en la grave coyuntura de una Junta Nacional de Justicia inepta; la Fiscal de la Nación denunciada por presuntos diplomados falsos; jueces comprometidos con los “cuellos blancos del puerto”; demoras excesivas en formular acusaciones, incoar juicios orales y expedir sentencias; y un IDL filtrador de declaraciones de testigos protegidos, colaboradores eficaces, medios probatorios, etc., pero de casos de sus enemigos (Keiko Fujimori), mas no de sus amigos (Susana Villarán). La desconfianza en las instituciones nacionales. Preguntamos entonces, ¿Se sustenta la internacionalización de nuestro país?

Edgard Norberto “Beto” Lajo Paredes – Abogado