Imagen; Andina

El actual Congreso es un poder del estado que expresa la soberanía del pueblo y refleja el pluralismo político y social de la Nación, por lo que adquieren legalidad y legitimidad de origen, quienes son elegidos. Encarnan, por tanto, al poder constituido por la voluntad popular de los peruanos y tienen por funciones específicas, expedir leyes de acuerdo a los procedimientos constitucionales, controlar el ejercicio del poder, fiscalizar los actos de los gobernantes y ejercer representación política.

Hoy 16 de septiembre, nuestro Congreso Nacional ha cumplido 199 años de creación institucional como un poder del Estado y la ocasión es oportuna para hacer un repaso para evaluar a dicho poder estatal. Históricamente, hemos tenido Congresos gravitantes en defensa de sus fueros y autonomías, defendiendo el Estado de Derecho que fueron muy pocos. La mayoría de los Parlamentos fueron vergonzosos, pusilánimes e institucionalmente, actuaron como vasallos del Poder Ejecutivo, siendo la mejor prueba de ello, que no denunciaron a los gobernantes civiles y militares que dieron golpes de estado, por quebrantar el orden jurídico del país.

Las 12 Constituciones que tenemos desde 1821 hasta el 2021 en nuestro Bicentenario Nacional, es la mejor prueba de ello, y de la fragilidad parlamentaria institucional. Actualmente, al poder legislativo el pueblo lo percibe como una olla de grillos, salvo excepciones, que solo legisla y fiscaliza en su función de sus interés políticos, económicos y sociales y no en función del interés común de los peruanos. De allí, el permanente rechazo de la sociedad hacia el primer poder del Estado y su ilegitimidad ante la opinión pública, ya que en todas las encuestas su aprobación nunca supera el 30% de respaldo ciudadano. Una prueba reciente que el parlamento a veces legisla a espaldas del pueblo es lo que acaba de aprobar la Comisión de Constitución, por el cual modifica la legislación electoral para las elecciones regionales y municipales postergando las elecciones primarias previstas, facilitando que las cúpulas partidarias cobren a los candidatos en las próximas elecciones, sin que ello cause rubor entre los legisladores que legislan en base a sus intereses, pero no en función del interés del país.

En nuestro pais, el primer Congreso Constituyente se instaló el viernes 20 de septiembre de 1822 en una ceremonia que se desarrolló en la capilla antigua de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus primeros integrantes fueron 71 representantes, siendo su trabajo inicial, la redacción y aprobación de la primera Constitución Política que fue promulgada el 12 de noviembre de 1823. Desde su instalación hasta hoy, año 2021, han transcurrido 199 años, en los cuales este poder del estado, tuvo una frágil institucionalidad, tal como sucedió con nuestra República.

Tuvo recesos, interrupciones, golpes de estado, lo que en ocasiones motivó que el Parlamento se instale y sesione fuera de Lima. Sin duda que tuvo brillantes tribunos, juristas, oradores y polemistas que la historia legislativa no ha resaltado. Por supuesto que también el legislativo tuvo representantes repudiables e impresentables que no hicieron honor a su denominación de “Padres de la Patria”.

Hoy en el siglo XXI, el Parlamento que merecería tener amplio respeto y prestigio institucional por parte del soberano, lamentablemente en imagen ante la opinión pública, cada vez está más devaluado por múltiples razones que no viene al caso enumerar. El Congreso requiere por tanto de una reforma profunda, a nivel constitucional y reglamentario, no solo institucionalmente, sino también de sus nuevos inquilinos. Esas auto reformas deberían ser promovidas hoy por su Presidenta, María del Carmen Alva, ya que habitualmente al iniciar el quinquenio parlamentario, hay cierta predisposición política para hacer y aceptar los cambios legislativos, lo que no sucede posteriormente.

Pero, la presidenta Alva, en su discurso de orden por el 199 aniversario del Congreso, no dijo nada nuevo, no señaló cuando presentaran al país la agenda legislativa que obliga el reglamento que tiene categoría de ley ni mucho menos, las reformas que requiere el poder legislativo. Personalmente creo que, urge se efectúen modificaciones constitucionales al poder legislativo, las cuales podrían contribuir a recuperar su prestigio en el futuro. Entre las ellas, las más importantes serian a mi juicio, las siguientes:

1.- Restringir la inmunidad parlamentaria. Esa protección constitucional ha permitido abusos de legisladores que rehúyen procesos judiciales con la complicidad de sus bancadas y de algunos padres de la patria que difaman y calumnian gratuitamente a honorables ciudadanos o a sus pares, amparándose en su inmunidad, lo que ha devenido en un privilegio impropio del siglo XXI el cual debe revisarse en forma impostergable.

2.- La revocatoria del mandato parlamentario. En un estado constitucional de derecho, todo lo que se crea, se puede cambiar, respetando obviamente los procedimientos y plazos establecidos. En una democracia tampoco hay vacas sagradas y lo que el pueblo elige, el soberano lo puede cambiar, por lo que, en el primer poder del estado, solo deben estar los legisladores más eficientes, más productivos y con comportamiento intachable. La elección popular no puede constituir un cheque en blanco a favor de los legisladores por cinco años y mantenerlos, aunque sean improductivos e incapaces.

3.-Debería eliminarse el artículo 90 de la Constitución que señala que los candidatos a vicepresidentes puedan ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso, al igual que en el artículo 92, el cual señala que el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de Ministro de Estado. No puede servirse a dos poderes estatales a la vez. Ambos cargos son incompatibles y reñidos con la función y ética pública. O se es congresista o es Ministro a tiempo completo, pero ambos cargos no pueden mantenerse paralelamente, ya que un poder representa al ejecutivo, que ejecuta lo que el gobierno prioriza, pero el otro cargo es de fiscalización por naturaleza, por lo que un parlamentario no puede ser juez y parte en un quinquenio. Eso desprestigia a la institución legislativa y debería modificarse.

4.- El mandato legislativo debe ser renunciable. No puede mantenerse en el parlamento a legisladores que no tienen voluntad, ni interés de permanecer en el primer poder del estado tal como sucedió con el Congresista Javier Valle Riestra. Así como hay libertad amparada en el derecho de participación ciudadana para postular al Parlamento, también debería haber libertad para renunciar al cargo por razones previamente establecidas.

5.- Debería permitirse a futuro que postulen al Congreso representantes de organizaciones cívicas o sociales en frentes con personería jurídica reconocida para evitar que los partidos incorporen en sus listas solo a candidatos que ofrecen dinero para financiar campañas, postergando a legítimos representantes de sectores sociales, productivos o profesionales. La partidocracia no puede monopolizar la representación del pueblo, porque solo cuando están en campaña se acercan al pueblo, pero cuando están en el Congreso, se alejan del soberano, incumpliendo promesas electorales y traicionando la voluntad popular.

6.- Debe eliminarse en la Constitución la potestad que tiene el Congreso de designar o elegir a los titulares de los organismos constitucionales autónomos, los que deben ser elegidos por concurso público abierto con ciertos requisitos e indicadores técnicos bien definidos. Las mayorías parlamentarias en complicidad con el poder ejecutivo, en las últimas décadas han elegido a los titulares de organismos constitucionales autónomos a personas que no cumplen con requisitos o los han designado por criterios políticos antes que técnicos, priorizando la “cuota de poder” que tienen las bancadas, utilizando esas instituciones como sus “feudos o parcelas”. El Congreso solo debe legislar, fiscalizar y representar.

7.- En caso de persistir que los Congresistas deben continuar eligiendo a los titulares de los organismos constitucionales autónomos, debería incluirse en la Constitución un artículo donde se establezca la inconstitucionalidad por omisión legislativa, por el cual se entiende a este principio constitucional, como toda clase de abstención del legislador de disponer lo prescrito en la Constitución o la falta de actividad de éste en el cumplimiento de una obligación que le impuso expresamente el constituyente. En términos, sencillos, el incumplimiento de mandatos constitucionales que la Carta Magna obliga a los legisladores. Recordemos que, por mandato de la Constitución Política del Perú, el Congreso de la República elige o ratifica al Contralor (art. 82), a los miembros del directorio del BCR (art. 86), a los integrantes de la SBS (art. 87), al Defensor del Pueblo (art. 161) y a los integrantes del Tribunal Constitucional (art. 201). Si efectuamos una revisión histórica del cumplimiento de esa obligación constitucional del Congreso Nacional desde 1994 hasta el año 2021, concluimos que el Parlamento en forma reiterada incumplió sus obligaciones constitucionales de nombramientos oportunos de los altos funcionarios de estado en los organismos constitucionales autónomos antes enumerados. La última prueba, es el caso del Tribunal Constitucional cuyos actuales integrantes tienen más de dos años atrás que vencieron en el mandato como magistrados constitucionales y el actual parlamento no elige aun a sus reemplazantes. El Congreso que no cumple su función constitucional, merece ser sancionado ejemplarmente y no como sucede hoy que no les pasa nada, porque no hay un artículo que los sancione por incumplir mandatos constitucionales.

En el reglamento interno del legislativo que tiene la categoría de ley orgánica, también deberían darse algunas modificaciones urgentes:

1.- Debería publicarse obligatoriamente y en forma mensual, el reporte de asistencia de todos los legisladores para que la ciudadanía esté informada del trabajo diario de los Congresistas y evitar abusos y excesos de los padres de la patria.

2.- Debe limitarse el número de licencias a los legisladores ya que es vergonzoso que en ocasiones las sesiones del pleno del Parlamento solo haya 70 u 80 legisladores de los 130 integrantes del Congreso.

3.- El Parlamento debería consultarle al pueblo una vez al año cuales son las leyes que con prioridad les gustaría que sean debatidas y aprobadas. Con frecuencia es la junta de portavoces la que define la agenda legislativa anual de acuerdo a sus intereses políticos, económicos y sociales, pero en ningún momento es consultado el pueblo. Consultarle al soberano no solo legitimaría al Parlamento, sino que también le permitiría fomentar la participación ciudadanía y la transparencia en sus actos.

4.- Es necesario también que todas las sesiones del pleno del Parlamento se transmitan en vivo y en directo por el canal del estado o la emisora estatal, ya que muchos de los debates parlamentarios para aprobar, derogar o modificar leyes o artículos constitucionales, merecen ser conocidos por la población para saber cómo participan las bancadas políticas y nuestros legisladores en cada tema específico, incluida la labor de fiscalización.

O el parlamento se auto reforma o continuará con su desprestigio e ilegitimidad que esa institución tutelar debería evitar por ser un poder del estado peruano que debería pregonar con el ejemplo ante todos los ciudadanos. De nada sirve que un Parlamento tenga autonomía e independencia funcional en la Constitución, si ese poder estatal no tiene legitimidad ni fomenta la participación ciudadana.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado