Los programas estatales de becas de estudio son, desde hace unos años, una de las medidas de inclusión más concretas y apreciadas en un país que se resiste a abordar en serio sus deberes en esa materia, incluso en los periodos de crecimiento de la riqueza. Es recurrente e inevitable el ejemplo de lo que sufrió la población durante la pandemia de Covid 19 al encontrarse, tras años de celebración de éxito económico, con un sistema de atención de salud completamente incapaz de brindarle atención.

El sistema de educación escolar y universitaria es, en sí mismo, un persistente recordatorio de las pautas de exclusión social que predominan en el país y que se perpetúan a través de servicios públicos profundamente deficitarios.

Por esa misma razón no se debe pasar por alto el último episodio registrado en lo que ya parece un proceso de desmantelamiento de los programas de becas estatales como Beca 18, Beca Repared y ahora la Beca Generación del Bicentenario.

Se trata del anuncio de que no se hará la convocatoria para el año 2026 correspondiente a este último programa, lo cual deja sin posibilidad de cobertura financiera y, es necesario decirlo, sumidos en una gran incertidumbre y decepción, a alrededor de 300 jóvenes que tenían la expectativa de realizar estudios de posgrado en universidades extranjeras por esa vía.

La ruta por la cual se hace efectiva esa beca hace resaltar la insensibilidad y la irresponsabilidad de esta decisión. Según esa ruta, los aspirantes deben, primeramente, conseguir su admisión en las universidades donde desean estudiar y después postular a la beca.

Es decir, alrededor de 300 jóvenes han invertido recursos económicos, tiempo, y no menos importante, ilusiones en el proceso y han tenido el mérito nada desdeñable de conseguir ser admitidos. Después de eso, el Estado les dice que Pronabec se encuentra en “reorganización interna”, de manera que todos los esfuerzos realizados han servido de nada y así son simplemente desechados por el Estado.

Es necesario recordar que este hecho tiene como antecedente el reciente y drástico recorte de plazas en el programa de Beca 18, que pasó de las 20 mil becas ofrecidas para estudiantes con escasos recursos económicos y alto rendimiento a solamente 2 mil becas, para las que, se estimaba, había más de 90 mil aspirantes.

En estos dos casos las explicaciones dadas por las autoridades responsables han sido siempre erráticas, vagas e inconvincentes, y siempre posteriores a la emergencia del problema, lo cual es inaceptable en un tema como este, en el que lo central es la expectativa de los jóvenes estudiantes respecto de un proceso que se desarrollará en el futuro.

En el caso de la Beca Generación del Bicentenario la explicación es, por un lado, la falta de recursos presupuestales y por otro lado el sometimiento del programa a una reingeniería. Esa duplicidad de explicaciones es, por decir lo menos, insatisfactoria.

Se debe enfatizar que en estos casos estamos hablando no solamente de los deberes de inclusión de parte del Estado, sino también del derecho a la educación, con el que está directamente vinculada la política de becas de estudio. Eso ya es, en sí mismo, algo grave que demanda una rendición de cuentas mucho más seria y también más respetuosa hacia las expectativas ahora defraudadas.

Pero, además, hechos como este subrayan la fragilidad de los pocos pasos que el Estado da en este campo, siempre vulnerables a las mudanzas del clima político o a la informalidad y negligencia de la administración. Está en manos de las autoridades hacer un gesto de respeto, conciencia de deberes, responsabilidad y sensibilidad y remediar esta defraudación de las expectativas de centenares de jóvenes meritorios.

Editorial IDEHPUCP

Foto Prensa Regional