El Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú, Carlos Rúa Carbajal, le entregó al candidato presidencial, Pedro Castillo, la Agenda de la Descentralización, que contiene las principales demandas de los gobiernos regionales del país, en la ceremonia de clausura de la IV Cumbre de la Descentralización que se desarrolló el 24 y 25 de junio en la ciudad del Cuzco.

Carlos Rúa, en su discurso de clausura del evento, demandó al JNE que proclame al nuevo presidente electo, enfatizando que debe respetarse la votación rural y la votación urbana por parte del sistema electoral peruano. Agregó que el nuevo gobierno nacional no debe olvidarse de los hombres del campo que labran la tierra en forma diaria para promover el desarrollo integral de la nación que casi siempre fueron excluidos en el índice de desarrollo humano.

Por su parte, el candidato presidencial, Pedro Castillo, en la ceremonia de clausura, afirmó que la patria necesita que sus hijos lo rescaten de la actual crisis que afrontamos y asumió el compromiso a favor del desarrollo de los pueblos regionales por lo que el voto del pueblo en las elecciones de la segunda vuelta electoral debe respetarse. Rechazó las estigmatizaciones entre peruanos y refirió que después de las elecciones los peruanos somos una sola familia.

Castillo, sostuvo que será un gobierno descentralista ya que, en sus viajes a Lima en los últimos años, pudo observar a alcaldes y gobernadores haciendo cola en el MEFFC para que la burocracia les asigne más recursos para obras en el interior del país, lo que no puede continuar. En tal sentido, ratificó que descentralizará el Ministerio de Economía y Finanzas para construir y reconstruir los distritos y provincias del territorio nacional que han estado postergados.

Se comprometió asimismo a liberar al pueblo oprimido y reconstruir el país por lo que demandó a los gobernadores regionales que en cada región debe haber un mapa de la pobreza para apoyar a los pueblos más deprimidos, reiterando que la salud y educación deben ser derechos constitucionales y no ser solo servicios con altos costos como actualmente se observa en el país.