La Fiscal de la Nación, Dra., Zoraida Ávalos Riveros, mediante resolución 1,503-2020 publicada en el diario oficial el 30 de diciembre, resolvió aprobar la creación de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público con competencia nacional que dependerá de su despacho, designando a la Doctora Aurora Castillo Fuerman como Jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público y nombrando como fiscales adscritos a Ángel Gonzales Farfán y Ana Gómez Palacios, iniciando sus actividades desde el 15 de febrero del 2021.

La resolución da cuenta que la evolución y aparición de nuevas tecnologías y herramientas informáticas en las últimas décadas ha sido una ventaja para la sociedad, pero ha posibilitado nuevas formas delictivas como el fenómeno de la ciberdelincuencia, la misma que quebranta la protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como de los derechos de las personas frente el abuso de dichos sistemas, redes y datos. A fin de hacer frente a esta nueva forma de delincuencia, con fecha 22 de octubre de 2013 se promulgó la Ley N°30096, denominada “Ley de Delitos Informáticos”, cuyo objeto fue prevenir y sancionar las conductas delictivas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal cometidos mediante la utilización de tecnologías de la información o comunicación.

Asimismo, señala que el Estado peruano ha suscrito el Convenio de Budapest o Convenio sobre la Ciberdelincuencia, mediante Resolución Legislativa N° 30913, del 12 de febrero de 2019; ratificado a través del Decreto Supremo N° 010-2019-RE, del 9 de marzo de 2019; y, vigente desde el 1 de diciembre de 2019, siendo uno de los objetivos, “prevenir actos que pongan en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, (…) y la asunción de poderes suficientes para luchar eficazmente contra dichos delitos, facilitando su detención, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo disposiciones materiales que permitan una cooperación internacional rápida y fiable”.

La resolución de la fiscal de la nación, precisa las funciones y atribuciones de dicha unidad especialidad. Entre ellas, Brindar acompañamiento técnico a los fiscales en la realización de la investigación en los delitos de la Ley N°30096, Ley de delitos informáticos, Estafa agravada prevista en el inciso 5 del artículo 196-A del Código Penal, y aquellos casos en los cuales la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación, Celebrar reuniones periódicas de trabajo con los fiscales integrantes de la “Red de fiscales en ciberdelincuencia a nivel nacional”, Unificación de criterios en procedimientos y métodos de investigación en materia de ciberdelincuencia, Elaborar directivas, lineamientos, instructivos, guías u otros, en el ámbito de su competencia, que orienten las investigaciones de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia o los fiscales que se nombren para esta finalidad de los distritos fiscales a nivel nacional, Coordinar con la Oficina de Peritajes el adecuado y eficiente trabajo para el debido cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia,  Promover la articulación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el fin de hacer más eficiente el modelo de coordinación funcional y la dirección efectiva de la investigación fiscal en la materia, etc.

La ciberdelincuencia se incrementó en el mundo desde la década del noventa del siglo XX y los Estados ha reaccionado para controlar a este sector criminal y diversos países vecinos adoptaron medidas legislativas y técnicas para frenar y reducir su avance. Entre ellas, en Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana y México, así como del continente europeo: Portugal y España, entre otros, quienes cuentan con una Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, la misma que se encarga de brindar lineamientos en el marco de las investigaciones para este tipo de delitos, unificar los criterios de interpretación y aplicación de las normas en la materia, capacitación constante y especializada.