Al recordarse el 10 de diciembre en el mundo el Día Internacional de Derechos Humanos, el Portal Digital Arequipa Misti Press, dialogó con dos representantes de organizaciones humanitarias de la ciudad blanca para requerir su opinión sobre la importancia de la fecha, pero también conocer si el Estado está cumpliendo en los últimos decenios con las leyes aprobadas y planes aprobados en diversos gobiernos democráticos respecto al cumplimiento de derechos humanos en nuestro país. El abogado, Raúl Tamayo, representante del Centro de Promoción de Derechos Humanos de Arequipa, expresó que el actual Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 no se cumple ni tampoco las leyes que aprobó el Congreso Nacional ni los decretos supremos de los gobiernos que reglamentan los derechos humanos.

Remarcó que, en el gobierno de Toledo, se emitió el Informe Final de la Comisión de la Verdad donde el Estado reconoció múltiples errores que cometió en el combate contra el terrorismo, asumiendo el compromiso de brindar reparaciones económicas individuales y sociales a poblaciones de la serranía peruana que parcialmente ha cumplido pese haber transcurrido más de 17 años. Otro de los derechos enumerados en la Constitución es el derecho al medio ambiente saludable lo que no se cumple ya que en Arequipa tenemos alta contaminación ambiental, especialmente de vehículos viejos que tienen más de 20 años de antigüedad que deberían ser retirados del servicio público que la Municipalidad Provincial no hace cumplir, incumpliendo sus obligaciones legales el alcalde Omar Candía.

Tamayo señaló asimismo que el gobierno incumple con sus obligaciones para reforzar el derecho a la salud y educación, ya que mientras el Estado de Bolivia asigna más del 6% de su PBI para la educación, nuestro país no llega ni al 4%, lo mismo acontece en el sector salud donde por la pandemia sanitaria se registró más de 35 mil muertos por el precario sistema de salud que tienen los peruanos, lo que confirma que nuestros gobernantes incumplen obligaciones humanitarias.

Afirmó también que en la última crisis política miles de jóvenes salieron a protestar, pero fueron reprimidos por la policía nacional, no respetándose el derecho a la protesta, lo que generó algunos fallecidos y decenas de heridos, no habiendo hasta hoy los responsables, por lo que esos casos podrían quedar impunes lo que es intolerable en gobiernos democráticos. Enfatizó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe a petición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, confirmó que hubo una excesiva represión policial con el uso de armas contra los jóvenes que se movilizaron por lo que el Ministerio Público debe investigar y denunciar a los responsables de esos excesos que deben ser juzgados en el fuero judicial.

Por su parte, el Presidente de la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa, abogado, Jose Cardenas, indicó que el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 no se cumple, no es eficaz y se ha politizado. El plan priorizó mejorar la situación de los derechos humanos de 13 grupos de especial protección, entre ellos, a las personas adultas mayores; población afroperuana; personas con discapacidad; mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas privadas de libertad; personas con VIH/SIDA y personas con TBC; trabajadoras y trabajadores del hogar; personas LGBTI; defensores y defensoras de derechos humanos; pueblos indígenas y personas en situación de movilidad, los que no se han cumplido.

Cardenas remarcó que, pese a que existe el Viceministerio de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia, esta instancia solo priorizó en su agenda la violencia familiar, la violencia contra las mujeres y la trata de personas, pero no ha implementado políticas públicas enumeradas en el Plan Nacional de Derechos Humanos, ni tiene respaldo presupuestal lo que evidencia la poca importancia a estas obligaciones estatales en la última década. En relación al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que condenó la represión de las fuerzas policiales contra jóvenes en la crisis política que generó dos fallecidos, el representante de la Coordinadora de Derechos Humanos en Arequipa, manifestó que ese pronunciamiento fue abordado mediáticamente, pero no abordó integralmente la situación de los derechos en el país como era su obligación.

Sostuvo que no se pronunció sobre el pésimo manejo gubernamental de la pandemia sanitaria que generó más de 35 mil fallecidos en el país donde se evidenció el abandono del sistema de salud donde hubo carencia de medicamentos para los enfermos del COVID 19, no hubo pruebas, personal médico, y el gobierno desembolsó más de 30 mil millones de soles no para fortalecer el sistema sanitario de salud, sino para facilitar créditos a los grupos económicos en perjuicio de las pymes que si requerían apoyo estatal, al margen de la pérdida de millones de empleo de peruanos, por lo que reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no evaluó integralmente al Estado y solo se limitó a evaluar la actuación de las fuerzas policiales que tuvo amplia repercusión mediática, pero no analizo si se cumple o incumple el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.

Como se recuerda, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, constituye una herramienta multisectorial e integral destinada a concretar la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos en el país. Por su carácter transversal, compromete a todos los sectores y niveles de gobierno permitiendo proyectar el enfoque de derechos humanos en la intervención de las entidades estatales. El PNDH fue concebido con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el Perú a través de la acción coordinada entre las instituciones del Estado, especialmente, a favor de los grupos de especial protección. Contiene cinco lineamientos estratégicos; 150 acciones estratégicas y 281 indicadores con la finalidad de garantizar derechos para todas las personas, reforzando el enfoque de derechos humanos en la gestión pública y promoviendo una cultura de derechos y la paz.