La congresista Yessi Fabián Díaz del grupo parlamentario de Acción Popular, presentó el proyecto de ley que pretende eliminar el régimen de contratación administrativo de servicios (CAS) que consta de 6 artículos y solicita se derogue el Decreto Legislativo 1057 de las entidades estatales. La propuesta legislativa propone que se incorpore al régimen laboral del D.L. 276 a los trabajadores que se encuentran laborando en el CAS o también las entidades estatales pueden optar por la modalidad de contratación del Decreto Legislativo 728, incorporación que no será en un plazo mayor a seis meses, incurriendo en falta administrativa y responsabilidades civiles los funcionarios públicos que no acaten la norma legal que apruebe el Congreso.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, la congresista Fabián afirma que el DL 1057 del CAS fue creado el 2008 con la finalidad de regularizar la situación informal del personal contratado bajo la modalidad de servicios no personales en las entidades estatales la que tenía carácter transitorio y sea sustituido por la Ley de Servicio Civil 30057.  La parlamentaria sostiene que la Ley 29849 estableció la eliminación progresiva del DL 1057 de los CAS, lo que no ha tenido ningún resultado hasta la fecha. Precisa que en el año 2009 laboraban para el Estado 156,573 trabajadores CAS, el año 2013 se incrementó a 227,195 trabajadores y el año 2016 llegó a 275,140 trabajadores CAS.

Fabián Díaz refiere que mientras los trabajadores del DL 276 y el DL 728 tienen derechos laborales y estabilidad, no sucede lo mismo con los trabajadores que laboran por CAS ya que no tienen gratificaciones, escolaridad, maternidad, paternidad, uniformes y no tienen derecho a la CTS lo que constituye una inequidad en el cumplimiento de los objetivos del Estado de respetar los derechos laborales de los trabajadores, la que tiene respaldo en los artículos 22, 23 y 26 de la Constitución Política. Pero también remarca que su proyecto de ley tiene relación con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional en la política de Estado 11, 13 y 18, no generando ningún costo al Estado, ya que se financia con cargo al presupuesto de cada entidad estatal.