El Informe Anual 2019 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscrito por su presidente, el juez Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor, dio a conocer que el Estado Peruano fue el mayor denunciado desde la fundación de dicho organismo, siendo 49 los casos donde dicho organismo tuvo que tutelar y resolver los asuntos presentados ante dicha instancia continental, algunos de los cuales ya se resolvieron, otros están por resolverse y en otros, la CIDH está en etapa de supervisión.

La CIDH tiene su sede en San José de Costa Rica y está integrado por 7 jueces de diversos Estados que integran la OEA los que son elegidos por la Asamblea General siendo su mandato de seis años.  Empezó sus actividades el 3 de septiembre de 1979 luego que entró en vigor la Convención Americana de Derechos Humanos el 18 de julio de 1978, siendo una institución autónoma cuya finalidad central es interpretar los alcances de la Convención Americana de Derechos Humanos. El actual Presidente de la CIDH es el Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot de México. De los 35 Estados que conforman la OEA, 20 Estados reconocen la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre ellos el Perú, ejerciendo este organismo las funciones, contenciosa, medidas provisionales y consultivas. Un breve resumen del informe anual 2019 que hemos elaborado, nos dará luces como trabajó el año próximo pasado dicho organismo, donde también damos cuenta cuales son los casos donde el Perú su sometido a dicho tribunal especializado en derechos humanos.

Resultados de períodos de sesiones del año 2019: 34 audiencias: 18 audiencias de procesos contenciosos y 16 audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias.

25 sentencias: 21 sentencias de fondo y 4 sentencias de interpretación.

69 resoluciones: 18 resoluciones de medidas previsionales y 51 resoluciones de supervisión de cumplimiento.

Función contenciosa de casos cometidos a la CIDH: Total 32 nuevos casos contenciosos. Entre los casos relacionados al Perú se encuentran los siguientes.

Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios vs. Perú. El 26 de julio del 2019 los demandantes alegaron la vulneración al derecho a la protección judicial por la falta de cumplimiento de una sentencia de amparo de la Corte Suprema emitida el 12 de febrero de 1992, que estableció la forma de calcular el incremento adicional de la remuneración a favor de 4,106 ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales. Se alegó que el solo hecho de que recién en el año 2004 se hubieran empezado a realizar los pagos dispuestos en una decisión de la Corte Suprema emitida doce años atrás, resultaría en sí mismo violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva en perjuicio de todo el grupo de trabajadores beneficiarios de dicho fallo judicial, quienes habrían sido dejadas en un estado de indefensión e inseguridad jurídica que les ha impedido el ejercicio y la restitución adecuada de los derechos laborales reconocidos por las autoridades competentes.

Caso Casa Nina Vs. Perú El 6 de agosto de 2019 la Comisión Interamericana sometió este caso ante la Corte el cual versa sobre una supuesta serie de violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la separación de Julio Casa Nina de su cargo de Fiscal Adjunto Provisional de la Segunda Fiscalía Penal de la Provincia de Huamanga Ayacucho, Perú en 2003. Se alegó que el Estado habría violado el derecho a ser oído, el derecho de defensa y el principio de legalidad, tomando en cuenta que el nombramiento de la víctima sin ningún plazo o condición, limitada a una invocación genérica de las necesidades de servicio resultaría incompatible con las garantías de estabilidad reforzada que deben proteger a fiscales para ser separados de sus cargos únicamente por incurrir en graves causales disciplinarias o por cumplirse el plazo o condición establecido en su designación. Por otra parte, por la forma en que fue cesado de su cargo, la presunta víctima no habría contado con un procedimiento que cumpliera con las garantías mínimas que se desprenden del derecho de defensa.

Caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú. El 6 de agosto de 2019 la Comisión Interamericana sometió este caso ante la Corte el cual versa sobre una supuesta serie de violaciones en el marco del proceso de evaluación y ratificación de las presuntas víctimas del caso, que eran fiscales y jueces, por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entre 2001 y 2002. Se alegó que el Estado habría violado el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, así como de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa de las víctimas dado que, durante el procedimiento de evaluación y ratificación, el CNM no habría formulado cargos o acusaciones en su contra, ni les habría informado cuáles eran las denuncias o quejas en su contra que les permitieran presentar pruebas de descargo respecto de las mismas.

Caso Cordero Bernal Vs. Perú. El 16 de agosto de 2019 la Comisión Interamericana sometió este caso ante la Corte el cual versa sobre una serie de presuntas violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución de Héctor Fidel Cordero Bernal de su cargo de Juez del 4to Juzgado Especializado en lo Penal de la Ciudad de Huánuco, Perú, en 1996, como consecuencia de una decisión en la que concedió libertad incondicional a un procesado.

Sentencias en casos contenciosos en los casos de Perú.

Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Resumen: Este caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 13 de julio de 2017 y se relaciona con la violación del derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia del incumplimiento, durante 24 años, de una sentencia judicial a favor del señor Muelle Flores en el marco de un recurso de amparo en el que se ordenó su reincorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530. Fallo: La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado del Perú por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1, 25.1, 25.2.c), 26, 5, 11.1, 21.1, y 21.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de Oscar Muelle Flores. Asimismo, el Estado es responsable por la violación de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, recogido en el artículo 2 de la Convención Americana, en perjuicio de Oscar Muelle Flores.

Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2019. Resumen: Este caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 22 de septiembre de 2017 y se relaciona con una serie de violaciones a las garantías judiciales, el principio de ne bis in ídem y la libertad personal en el marco de los procesos penales ordinario, penal militar y el procedimiento disciplinario militar llevados a cabo en contra del señor Rosadio Villavicencio. Fallo: La Corte estableció la violación: a) al principio de ne bis in ídem en relación con los procesos penales ordinarios y militar; b) la violación al derecho a contar con comunicación previa y detalladas de la acusación, como el de ser informado de las razones de la detención en el proceso penal militar, el proceso penal ordinario y el procedimiento disciplinario militar; c) la garantía al juez imparcial en el marco del proceso penal militar; y d) la violación del derecho a no ser sometido a detención arbitraria y a la presunción de inocencia con motivo de la prisión preventiva a la cual fue sometido el señor Rosadio Villavicencio durante el proceso penal ordinario y el proceso penal militar. Por otra parte, la Corte declaró que el Estado de Perú no era responsable por: a) la violación del principio de ne bis in ídem en relación con el procedimiento disciplinario, y los procesos penal ordinario y militar, b) la violación del derecho a la presunción de inocencia en el marco del procedimiento disciplinario militar, c) el principio de legalidad en el proceso disciplinario militar, d) el deber de motivar las sentencias en el marco del proceso penal ordinario, e) el derecho a contar con un defensor en relación con el proceso penal militar, f) la violación de los artículo 7.6 ni 25 de la Convención.

Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Resumen: Este caso fue sometido por la Comisión Interamericana el 15 de septiembre de 2017 y se relaciona con las violaciones a diversos derechos sociales cometidas en perjuicio de 598 miembros de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT). Fallo: La Corte declaró al Estado de Perú responsable por la dilación injustificada en el cumplimiento de la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de 25 de octubre de 1993, la cual constituyó una violación al derecho a un recurso judicial efectivo y a la garantía del plazo razonable (artículos 8 y 25). Adicionalmente, el Tribunal determinó que el Estado incumplió con su deber de garantizar el derecho a la seguridad social al incumplir el pago de los reintegros ordenados por dicha sentencia, así como por no haber dado información adecuada para las víctimas respecto a los alcances de su derecho a la pensión, y por la afectación que esto tuvo en el ejercicio de otros derechos. Finalmente, la Corte concluyó que la afectación al derecho a las garantías judiciales, la protección judicial y la seguridad social tuvieron un impacto en los derechos a la vida digna y la propiedad de las víctimas.

Sentencias de interpretación el 2019: 25 sentencias. 3 casos contra el Estado Peruano.

Caso Muelle Flores vs. Perú. Sentencia 6 de marzo del 2019. Caso Rosadio Villavicencio vs. Perú. Sentencia 14 de octubre 2019. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la SUNAT vs. Perú. Sentencia 21 de noviembre del 2019.

Casos contenciosos en estudio al 2019: 43 por resolver por la CIDH.

Del Perú: Caso Rojas Marín vs. Perú, Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios vs. Perú. Caso Nina vs. Perú. Caso Cuya Lavy vs. Perú. Caso Cordero Bernal vs. Perú.

Total, de casos resueltos por Estado ante la CIDH desde su creación hasta el año 2019 por países.

Peru 49 casos, Guatemala 37, Venezuela 26, Colombia 26, Argentina 24, Ecuador 21, Honduras 15, México 14, Chile 12, Brasil 11, Paraguay 8, El Salvador 7, Bolivia 6, Nicaragua 6, Surinam 6, Panamá 5, Costa Rica 5, República Dominica 4, Barbados 2, Haití 2, Trinidad y Tobago 2, Uruguay 2.

Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias emitidas el 2019:

54 resoluciones donde se evalúa el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en cada sentencia. En el caso de Peru se superviso los siguientes casos: Caso de trabajadores cesados de Petroperú vs. Perú, Caso Tarazona Arrieta vs. Perú, Caso Cruz Sánchez vs. Perú, Caso Munarriz Escobar vs. Perú, Caso Cantoral Huamani vs. Perú, Caso Terrones Silva vs. Perú, Caso Cesti Hurtado vs. Perú, Caso García Asto vs. Perú, Caso Gómez Palomino vs. Perú.

Casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia:

Peru: 43 casos de supervisión de cumplimiento y 3 casos archivados

Guatemala: 33 casos de supervisión de cumplimiento y 1 caso archivado

Colombia: 22 casos de supervisión de cumplimiento.

Listado de casos de supervisión

Perú: 43 casos

Casos archivados por cumplimiento de sentencia del Perú: 3 casos

Caso Castillo Petruzzi, Caso Lori Berenson Mejía, Caso Abril Alosilla.

Promedio en la tramitación de casos por países: El promedio de duración en el procesamiento de casos ante la CIDH fue de 21 meses.