El lunes 12 de octubre desde las 14.30 horas el Concejo Municipal de Yanahuara que integran el alcalde, Sergio Bolliger, y los siete regidores, Marianella Talavera, José Calienes, Pamela Diaz, Mauricio Ponce, Mónica Arispe, Braian Torrico y Luis Huerta, definirán en sesión extraordinaria si aprueban o no la petición de vacancia que presentó el ciudadano, Oswaldo Juan de Dios Sánchez Orosco, contra el alcalde distrital, solicitud que fue presentada el 13 de mayo del 2026.

Sánchez Orosco, solicita la vacancia de Bolliger, por transgresión flagrante al principio constitucional de buena administración y al haber instrumentalizado el despacho municipal para fines pecuniarios particulares trasgrediendo el artículo 63 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

En la fundamentación de hecho de la petición de vacancia, el ciudadano sostiene que, según los reportes difundidos por medios como Infobae, RPP y, particularmente El Búho, este hizo público un registro audiovisual que data de diciembre del 2025, en el que se muestra de forma inequívoca al señor Sergio Bolliger Marroquín recibiendo un fajo de billetes de 100 soles que ascendería a S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), de manos del empresario Roberto Aguirre. Este acto no se realizó en un ámbito de privacidad personal, sino al interior de las instalaciones del despacho de alcaldía, oficina que constituye un bien de dominio público destinado exclusivamente al ejercicio de la función pública y en servicio de la comunidad.

De la transcripción, se desprende la existencia de un «negocio por lo bajo» entre el alcalde Sergio Bolliger Marroquín y el empresario Roberto Aguirre que trasciende la mera entrega de efectivo, involucrando la gestión irregular del espacio público para publicidad exterior. En el material audiovisual, se discute abiertamente el favorecimiento a empresas como JMT y otros operadores mediante el otorgamiento de autorizaciones sin los controles administrativos correspondientes, sugiriéndose un «arreglo» previo para evitar fiscalizaciones a cambio de beneficios particulares.

Resulta especialmente grave que, según la fuente, el despacho municipal fuera utilizado para planificar la entrega de «10 paneles» al alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez como parte de una estrategia de apoyo electoral, lo que evidencia que el patrimonio de Yanahuara viene siendo instrumentalizado como moneda de cambio para intereses políticos y comerciales ajenos al bien común. Esta red de favores confirma que el burgomaestre ha desnaturalizado su función, permitiendo que el espacio público sea administrado bajo criterios de informalidad y beneficio personal en lugar de proteger la legalidad institucional.

Sánchez refiere que, frente a la contundencia de las imágenes, el empresario Roberto Aguirre ha pretendido justificar el acto alegando que la entrega de dinero correspondía al pago de una supuesta «deuda personal». No obstante, esta versión no atenúa el mal actuar del burgomaestre, dado que la naturaleza del despacho municipal impide que se realicen transacciones financieras de índole privada en su interior. Al permitir y participar de este intercambio monetario en sede oficial, el señor Sergio Bolliger Marroquín, ha vulnerado flagrantemente la probidad administrativa.

En los fundamentos de derecho, el ciudadano afirma que, según el art. 39 de la Constitucion, en la función pública “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación” y no es una simple ocupación, sino un mandato de confianza ciudadana donde la autoridad debe actuar con probidad, rectitud y honradez, desechando todo provecho personal.

El actuar del señor Sergio Bolliger Marroquín, al recibir fajos de billetes en su despacho oficial y discutir acuerdos comerciales con un empresario, constituye una abdicación flagrante de este principio, pues antepuso su beneficio particular al servicio de la Nación y al interés general que su cargo le obliga a cautelar.

Según el art. 20 de la Ley de Municipalidades 27972, son atribuciones del alcalde, “Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”; por lo que el alcalde es la máxima autoridad administrativa y representante legal de la municipalidad, obligado a velar por el manejo pulcro de sus bienes.

Recibir dinero en efectivo de un empresario regulado por su propia administración dentro del despacho municipal —bien de dominio público destinado exclusivamente a la función pública— representa un acto que lesiona gravemente los intereses institucionales y la confianza pública. Al permitir que su oficina se convierta en una sede de transacciones privadas, el burgomaestre ha vulnerado el deber de custodia del patrimonio municipal que le impone este artículo.

Sánchez Orosco, remarca que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, “los regidores tienen el deber ineludible de fiscalizar la gestión municipal y defender los intereses de la comunidad”.

En ese sentido, recuerda a los miembros del Concejo Municipal de Yanahuara que su voto en este proceso de vacancia no es una facultad discrecional o de «consigna política», sino un acto de justicia administrativa sujeto a control legal. No al blindaje de actos indebidos que serán juzgados por la historia y recordados eternamente por los vecinos de Yanahuara y Arequipa.

Concluye finalmente que los señores regidores que el ejercicio de su voto no es un escudo de impunidad y blindar políticamente al alcalde frente a las evidencias flagrantes de corrupción — actualmente bajo investigación fiscal por cohecho y negociación incompatible— podría encuadrar su conducta en los delitos de Encubrimiento Personal y Encubrimiento Real que refiere el Código Penal en los artículos 404 y 405 respectivamente.

FOTO RADIO SAN MARTÍN