La Universidad Nacional de San Agustín está en un proceso democrático interno donde el próximo viernes 03 de julio más de 25 mil estudiantes y más de 1,500 docentes, deberán elegir al nuevo rector y vicerrectores académico e investigación para el periodo 2026-2031.

Inicialmente se presentaron ocho candidatos a la competencia electoral, sin embargo, el Comité Electoral han habilitado a cinco listas y ha excluido mediante tres resoluciones a tres candidatos al rectorado y vicerrectorados de la casa agustina por diversos motivos, quienes han presentado acciones de amparo y medidas cautelares ante juzgados constitucionales, asunto pendiente que deberá definirse en los próximos dias.

Al margen de ese litigio pendiente de solución, hay cinco listas en competencia, cuyos candidatos al interior de la casa agustina iniciaron su campaña electoral exponiendo sus propuestas en folletos, trifoliados y en actos internos a los docentes y estudiantes agustinos. Sin embargo, la UNSA, no solo es una comunidad agustina donde conviven institucionalmente los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

La casa agustina es de Arequipa, tiene huella histórica y sin duda es la mas importante de la macro región sur. Por lo tanto, las propuestas de los candidatos no deben enmarcarse y exponerse solo al interior de dicha casa superior de estudios como si fuera un feudo institucional  sin control social.

Por transparencia y participación ciudadana, que son dos principios democráticos que deben practicarse en todo Estado Democrático y Social de Derecho del Perú, no solo los candidatos tienen la obligación de exponer sus propuestas públicamente ante la comunidad mistiana. Ese deber alcanza al Comité Electoral UNSA que no habria previsto un debate y exposición de propuestas con un reglamento mínimo de participación.

La universidad mistiana no puede ser una isla en la sociedad peruana y tiene el deber de transparentar sus propuestas en este proceso electoral, por parte de sus candidatos. Es la sociedad la que contribuye al financiamiento permanente a través de sus impuestos directos e indirectos que solventan el presupuesto anual de la casa agustina y tiene derecho a conocer que proponen los candidatos al rectorado.

Por tanto, por transparencia y participación ciudadana la UNSA debe proyectar una exposición y debate democrático donde los cinco candidatos expongan un resumen de sus principales propuestas para que la sociedad mistiana conozca hacia donde proyectan las listas en competencia en las próximas décadas al alma mater de Arequipa más importante de la ciudad blanca.

Con mayor razón, cuando el año 2028, cumpla su bicentenario de fundación institucional y cuando ese mismo año vence el plazo de licenciamiento institucional de diez años que le concedió la SUNEDU el año 2018 a la UNSA mediante resolución.

Una exposición y debate democrático, permitiría a los candidatos precisar cuales son sus principales propuestas académicas, de investigación, de responsabilidad social, infraestructura, de movilidad y servicios universitarios. Con dos rondas, de 10 minutos en la primera parte y de 05 minutos en la segunda parte como  mínimo, y con un moderador imparcial en un auditorio agustino, la sociedad de la macro sur y de la UNSA podrían conocer con exactitud que proponen cada uno de los candidatos para el próximo quinquenio en dicha casa superior de estudios.

Es probable que el debate universitario no sea una obligación legal establecida en la Ley Universitaria 30220, en el Estatuto ni Reglamento Universitario de la UNSA, pero tampoco está prohibido. Ninguna ley ni reglamento está por encima de la Constitución que obliga al Estado y sus instituciones, a ser transparente, fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas de sus actos a la sociedad a quien todos nos debemos.

Bastaría buena voluntad institucional de sus autoridades y de sus actores y elaborar un reglamento mínimo consensuado para cristalizar la exposición y debate de los cinco candidatos agustinos al rectorado. Las propuestas que han elaborado las cinco listas son una suerte de “contrato universitario” donde el candidato a rector debe tratar de convencer a los estudiantes y docentes que son los electores y serán estos últimos quienes definirán en las ánforas cual es el equipo rectoral cuyas propuestas son interesantes y merecen respaldo de la comunidad universitaria.

Personalmente, creo que cuando hay campañas electorales, las listas deben tener en cuenta tres aspectos sustanciales para marcar la diferencia. El líder o candidato debe tener integridad moral para conducir una institución al margen de su experiencia pública y grados académicos. El plan de gobierno con propuestas que puedan materializarse y precisar de donde obtendrán el financiamiento para cristalizar los proyectos a ejecutarse. Pero tambien, deben tener un equipo técnico que acompañaría a la gestión. Es decir, en términos militares, cuál sería el Estado Mayor que respaldaría la gestión si se llega a conducir la casa agustina.

Otro principio democrático es la legitimidad de origen y de ejercicio. Es decir, que las autoridades elegidas cumplan con lo prometido y rindan cuentas oportunamente ante la comunidad universitaria y sociedad peruana de lo que han actuado.

La legitimidad no es más que el respaldo de los electores para ejercer el cargo, pero esa legitimidad producto del respaldo en las ánforas, se evapora con el tiempo por diversas razones. El caso más notorio es el Congreso del periodo 2021-2026 cuya desaprobación supera el 90% por diversas razones y es la institución más desprestigiada del Estado Peruano.

La UNSA tiene prestigio institucional, pero no es perfecta y tiene que perfeccionarse. Fue, es y debe ser el faro intelectual que ilumine Arequipa. Con mayor razón, cuando el año 2028 cumpla su bicentenario institucional.

La Universidad mistiana no es un cuartel militar, donde el rector es el general y todos los demás son sus soldados. Por el contrario, es el espacio académico más democrático donde la exposición y el debate debe ser una obligación institucional para confirmar su legitimidad ante el soberano a quienes todos nos debemos.

Si se desarrolla la exposición y el debate, sería un ejemplo a seguir por todas las universidades nacionales y dicha obligación debería incluirse a futuro en la Ley Universitaria 30220. Esperemos que se cristalice ese debate que en anteriores elecciones no se produjo, pero está oportunidad es histórica para transparentar la casa agustina rumbo a su bicentenario.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado