Recuerdo aquellos días en que el nuevo modelo procesal llegó como un mesías jurídico, prometiendo acabar con los demonios del sistema inquisitivo. Todos estábamos embriagados por el glamour de las técnicas de litigación oral (TLO), como si un abogado peruano, de pronto, pudiera convertirse en Atticus Finch con solo tomar un cursillo de tres semanas. Las instituciones, públicas y privadas, se lanzaron a entrenar litigantes estrella: fiscales que nunca habían pisado un tribunal, defensores que confundían el cross-examination con un monólogo de Al Pacino, y hasta jueces que soñaban con ser árbitros de un partido de fútbol judicial.

Era el show del adversarialismo: alegatos de apertura dramáticos, testimonios coreografiados, objeciones gritadas como en Law & Order. Pero había un pequeño problema: aquí no había jurado. Nosotros, los jueces, no éramos espectadores pasivos; teníamos que pensar, evaluar, fundamentar. Mientras los litigantes ensayaban sus grandes momentos cinematográficos, nosotros teníamos que escribir sentencias, no aplaudir performances.

El modelo se basaba en una premisa falsa: que el juez era un simple rayero, un árbitro que solo miraba cómo las partes —convertidas en gladiadores retóricos— se disputaban la verdad como si fuera un balón. Pero en este partido, el problema era que el juez no podía pitar faltas y luego irse a casa; tenía que decidir, con fundamentos, sobre la libertad de una persona.

Las técnicas hollywoodenses servían para impresionar a doce ciudadanos legos, no para convencer a un juez formado en derecho. Pronto, el sistema colapsó, carpetas fiscales devueltas 19 veces, juicios orales fragmentados en mini-sesiones absurdas, nulidades por errores sustanciales (¿recuerdan el Caso Cocteles?). El resultado fue un proceso penal lento, ineficaz y, lo peor, injusto.

El caso Pedro Castillo es la metáfora perfecta de este desastre. Un juicio donde cada actor habla un idioma distinto:

• El fiscal, lanza preguntas estilo Netflix, pero sin pruebas sólidas.
• Los defensores, en modo Perry Mason, buscan el momento viral más que la argumentación jurídica.
• El procesado, con su propio libreto político, convierte la audiencia en un mitin.
• Y los jueces, atrapado en medio de este caos.

Es Babel: nadie se entiende, nadie escucha, todos gritan.

¿Reforma o Farsa?, Si algo nos dejó esta reforma es ego, no justicia. Litigantes que se creen estrellas, fiscales que miden su éxito en likes, y jueces que, entre el ritual adversarial y la presión social, olvidan que su deber es juzgar, no animar un debate.

¿Qué hacer?

1. Dejar de imitar lo que no somos: No somos EE.UU. No tenemos jurados. Necesitamos técnicas de litigación para jueces, no para espectadores.
2. Formar jueces, no árbitros: Un juez no es un referí. Debe dominar la dirección del debate, no solo mirar cómo las partes se enredan.
3. Recuperar la seriedad probatoria: El proceso penal no es un reality show. La prueba debe ser rigurosa, no un espectáculo.
4. Menos Hollywood, más realidad: Las técnicas de litigación deben servir para construir justicia, no para inflar egos.

Al final, la justicia no necesita abogados estrella, sino profesionales serios. Porque, como bien dice el viejo refrán: «En el país de los ciegos, el tuerto es rey». Pero aquí, todos creen ser genios, y al final, solo reinan el caos y la inseguridad jurídica

Y yo, desde mi estrado, sigo esperando que alguien —algún día— prefiera la justicia sobre el show.

Dr. Celis Mendoza Ayma – Magistrado y Docente Universitario

FOTO UNIVERSIDAD LA SALLE