En el momento en que se emite este boletín semanal no hay seguridad sobre quién ganará la segunda vuelta electoral y accederá a la Presidencia de la República. Quien obtenga la victoria en estas elecciones debe tener muy presente, en todo caso, que, si para llegar al gobierno basta un voto de ventaja, para gobernar con algún grado de efectividad (y de legitimidad en la práctica) es imprescindible considerar la estructura real del resultado.

Y este consistirá en un electorado dividido en dos mitades, pero este resultado, a su vez, solamente será una imagen forzada por la segunda vuelta, que obliga a los electores, bajo pena de multa, a otorgar su apoyo a uno de dos candidatos muy lejanos de contar con la confianza de más del 80 por ciento de la población.

Esta realidad social, que relativiza sustancialmente la realidad legal y política de un resultado electoral, pone grandes signos de interrogación sobre la vigencia práctica de la democracia en el Perú de hoy. Difícilmente se puede decir que es la voluntad popular o la voluntad mayoritaria la que está expresada en el resultado. Más certero es señalar que hay una enorme mayoría para la cual resulta ajena la experiencia de estar representada en el sistema político.

En efecto, a golpe de manipulaciones irresponsables, y en gran medida interesadas, de las reglas del sistema de partidos y del sistema electoral, se ha conseguido generar un sistema nominalmente democrático, pero que poco tiene que ver con un régimen de derechos, representativo, participativo y en el que esté expresada la diversidad de los intereses ciudadanos. Y, sin embargo, tan profunda es la crisis que la defensa de tal sistema, en lo que le resta de democracia, es una bandera irrenunciable.

Aunque el resultado final es incierto, sí hay una certidumbre básica: el periodo que se inicia en julio próximo será, en una considerable medida, una reedición del que se está cerrando ahora. Es decir, un periodo en el que la defensa de la institucionalidad democrática, las libertades y los derechos en general, la vigencia de los derechos humanos, la existencia de políticas de inclusión y que valoren la diversidad, estarán bajo ataque por el Congreso (y posiblemente del Poder Ejecutivo), aunque la nueva composición del Legislativo permite suponer algún contrapeso a los instintos autoritarios y corruptos que han corrido con vía libre en estos últimos años.

De las dos opciones que todavía a estas horas se disputan voto a voto la Presidencia de la República, una de ellas, el fujimorismo, ha ofrecido al país por lo menos en los últimos diez años una demostración práctica de todo lo que está dispuesta a hacer cuando la Constitución, las leyes, las obligaciones internacionales, las instituciones o las autoridades electas o nombradas se ponen en el camino de sus intereses.

La respuesta siempre ha sido la demolición institucional y el copamiento de entidades con funcionarios obsecuentes o cómplices y que frecuentemente tienen cuentas que rendir ante la justicia. Señalar esto no significa, naturalmente, reconocer una garantía institucionalista a la otra opción, la de Juntos por el Perú; pero sí sirve hacerlo notar para recalcar las duras pruebas que todavía tiene que afrontar la democracia peruana a la vista de quiénes seguirán siendo una fuerza mayoritaria en la política peruana.

Así, mientras se espera el resultado, las fuerzas civiles y democráticas de nuestra sociedad no tienen más remedio que mirar de frente a la única certeza que ya tenemos: la democracia peruana tendrá que seguir luchando, en primer lugar, para mantener o recuperar la institucionalidad formal que la define mínimamente como democracia, y, más allá de eso, también para conseguir que esta vuelva a ser representativa en alguna medida aceptable.

Editorial Instituto de Defensa y Derechos Humanos de la PUCP