Ante las recientes expresiones y calificativos denigrantes, vertidos en redes sociales y distintos medios de comunicación, hacia un grupo de mujeres que desempeñan funciones en diversas instituciones del Estado —sugiriendo que su acceso a cargos públicos responde a favores personales y no a sus capacidades profesionales— la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:

Condenamos enérgicamente toda forma de violencia y rechazamos categóricamente cualquier discurso que pretenda deslegitimar la trayectoria profesional de las mujeres mediante el uso de estereotipos de género. Este tipo de calificativos constituyen una forma de violencia simbólica y psicológica, que refuerza la idea de que las mujeres no poseen méritos propios para ocupar cargos de confianza o de alta dirección.

Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, el escrutinio sobre la gestión pública se desvíe hacia la vida privada de las funcionarias con el fin de menoscabar su integridad. La crítica política es legítima y necesaria en una democracia; sin embargo, cuando ésta se sustenta en insinuaciones sexistas, se cruza la línea hacia el acoso y la discriminación.

Estas narrativas no solo afectan a las mujeres directamente aludidas, sino que envían un mensaje desalentador a todas las mujeres que aspiran a participar en la vida política y pública del país. Al cuestionar su idoneidad mediante sesgos machistas, se vulneran derechos fundamentales como: el derecho al honor y a la buena reputación, el derecho a la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral y el derecho a una vida libre de violencia. Independientemente de las mujeres involucradas, es importante evaluar si a quienes se les contrata, sea hombres o mujeres, cuentan con la preparación profesional y experiencia para el desempeño de las funciones.

Es por ello que exhortamos a las autoridades y medios de comunicación, e instamos a los líderes de opinión, actores políticos y a la ciudadanía en general a elevar el nivel del debate público y que las opiniones o puntos de vista sean tratados dentro de un marco de respeto y tolerancia. La fiscalización de las contrataciones estatales debe centrarse en el cumplimiento de los perfiles de puesto, la transparencia y la legalidad, y no en ataques que degradan la condición de mujer y perpetúan prácticas discriminatorias.

La meritocracia no tiene género. Cuestionar una gestión política mediante la afectación de la dignidad de las mujeres es una práctica que nuestra sociedad no puede seguir tolerando si aspiramos a una verdadera igualdad de oportunidades.