La fragmentación política en Perú, caracterizada por la proliferación de organizaciones políticas, la volatilidad electoral y la debilidad institucional, constituye un fenómeno estructural que se ha intensificado en la última década. La crisis de institucionalización de las organizaciones políticas es una de sus causas principales.

La transición democrática post-fujimorismo en el año 2000 no consolidó partidos fuertes, sino que dio paso a un sistema de “democracia sin partidos”, donde las organizaciones políticas funcionan como vehículos electorales efímeros, más que como instituciones democráticas programáticas. Esta dinámica se inició en 2016 cuando el fujimorismo obtuvo 73 parlamentarios y se exacerbó tras la disolución del Congreso en el año 2019 y las elecciones extraordinarias de 2020, que reflejaron una ruptura del predominio fujimorista y la emergencia de nuevas fuerzas políticas atomizadas.

Rumbo al 2026: fragmentación, incertidumbre y debilidad institucional

A medida que se aproximan las elecciones generales de 2026, este fenómeno se intensifica, generando desafíos significativos para la gobernabilidad, la representatividad y la estabilidad democrática en el Perú. El sistema político peruano se rige por la Constitución de 1993, que establece un régimen esencialmente presidencialista con elecciones concurrentes cada cinco años para elegir al presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos.

La normativa electoral, regulada principalmente por la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, fija requisitos para la inscripción de partidos, como la recolección de firmas equivalente al 0.1% del padrón electoral, una barrera relativamente baja que ha facilitado la proliferación de 43 partidos políticos inscritos para las elecciones de 2026. Esta multiplicidad de actores políticos refleja una atomización del sistema de partidos, agravada por la ausencia de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) tras su instauración en el año 2019 y su cuestionable eliminación en el año 2024, lo que ha permitido la participación de organizaciones políticas con escasa representatividad.

Normas que favorecen la fragmentación

La fragmentación se ve agravada por el sistema de voto preferencial en las elecciones parlamentarias, que incentiva la competencia individual sobre la cohesión partidaria, y por la falta de una barrera electoral efectiva, fijada en 5% para partidos y 6% para alianzas. Este diseño institucional, combinado con la reinstauración del sistema bicameral para 2026, con 60 senadores y 130 diputados (que pueden incrementarse mediante ley orgánica), amplifica la dispersión de la representación legislativa, como se observó en el año 2021, cuando nueve agrupaciones lograron escaños en un Congreso de 18 contendientes.

A nivel jurídico, la baja barrera para la inscripción de partidos y la falta de incentivos para formar alianzas electorales sostenibles contribuyen a la proliferación de candidaturas. En 2026, se estima que podrían competir aproximadamente más de treinta candidatos presidenciales, un récord histórico. La eliminación de las PASO ha permitido que partidos con limitado respaldo popular participen, incrementando la fragmentación del voto.

Además, el sistema de voto preferencial fomenta la personalización de la política, debilitando la cohesión de las bancadas parlamentarias, como se observa en la “migración” de 55 de 130 congresistas a otras bancadas desde el 2021, que, más propiamente, podría ser considerado en la mayoría de los casos como actos típicos de transfuguismo parlamentario.

Crisis de legitimidad e influencia mediática en el Perú preelectoral

La crisis de legitimidad de las instituciones políticas, con un Congreso que registra un 93% de desaprobación ciudadana, y la desconfianza en los partidos, reflejada en un 30% de voto blanco o viciado en encuestas recientes, alimentan un escenario de apatía y volatilidad electoral.

Esta situación se agrava por la percepción de corrupción sistémica y la influencia de poderes fácticos, como los medios de comunicación, que concentran el 80% de la prensa escrita en el Grupo El Comercio. En este escenario, las elecciones de 2026 se perfilan como las más complejas de la historia peruana. La primera vuelta, programada para abril de 2026, será una suerte de una primaria de facto, definiendo las dos candidaturas presidenciales más votadas para el balotaje y la composición del Congreso bicameral.

Sin embargo, la alta fragmentación del voto podría conducir a que los candidatos que pasen a la segunda vuelta obtengan un porcentaje bajo de votos que podría comprometer la legitimidad del presidente electo.

En el ámbito parlamentario, la fragmentación se manifiesta en la proliferación de bancadas y la inestabilidad de las alianzas legislativas. La reintroducción del sistema bicameral y el voto preferencial para senadores y diputados podría complicar aún más la cohesión legislativa. Se debe evidenciar, asimismo, que las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han avizorado la oportunidad de permanecer en el poder más allá del 2026.

Para ello, la Constitución ha sido reformada “a medida” en casi sesenta artículos en el 2024. La reforma central de estos cambios constitucionales es la reintroducción del bicameralismo del Congreso de la República. Hay que recordar que Fujimori justificó el golpe de Estado de 1992 y el cierre del Congreso que era bicameral en aquel entonces porque, según él, era ineficiente, corrupto y obstruccionista. Sin embargo, la reintroducción del bicameralismo no ha tomado en cuenta la decisión del pueblo que, en el referéndum del 2018, rechazó con el 90% de los votos el reestablecimiento de la bicameralidad.

La fragmentación política plantea desafíos significativos para la gobernabilidad del Perú en los próximos años. El presidente electo en 2026 enfrentará un Congreso fragmentado y con alianzas frágiles, donde ningún partido alcanzará mayoría. La ambigüedad de mecanismos como la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” y la disolución del Congreso, utilizados en crisis recientes, sigue sin resolverse, perpetuando la inestabilidad. No obstante, las elecciones de 2026 podrían representar también una oportunidad para replantear el sistema político peruano; pero sin reformas estructurales, el riesgo de inestabilidad persistirá, perpetuando un ciclo de crisis que amenaza la viabilidad de la democracia peruana.

¿Una Constitución como rehén del poder político?

La fragmentación política en el Perú de hoy tiene también una causa más grave: la “banalización de la Constitución”, que se ha acrecentado en los últimos años y se puede percibir en el hecho de que ella misma ha dejado de ser fundamento y límite del poder político. Formalmente lo es, aunque es constantemente manipulada al antojo de la voluntad de las fuerzas políticas, principalmente, del Parlamento.

La actual Constitución ya no racionaliza el poder y su ejercicio, sino que es instrumentalizada por la política parlamentaria para “legitimar” la aprobación de leyes que favorecen sin ambages al crimen organizado, la corrupción, la impunidad y el beneficio propio.

Cuando en los últimos años se ha planteado, en el debate público, la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, los defensores de la Constitución han apelado a recordar sus “bondades”, sobre todo, en el ámbito económico y en la derrota del flagelo del terrorismo.

Sin embargo, esa intangibilidad de la Constitución ha sido dejada de lado cuando las fuerzas políticas del Parlamento han decidido que es más importante perpetuarse en el poder más allá de 2026, que defender una Constitución que es, en su origen, antidemocrática. Es una Constitución que, en lugar de integrar, divide política y socialmente. Ha dejado de ser el último reducto de justicia, para convertirse en fuente del conflicto político mismo. Esto confirma la afirmación aguda que alguna vez hizo Horst Dreier, de que la Constitución no es un “seguro de vida político”. La democracia peruana no se sostiene solo por “tener” una Constitución, sino por “vivir” en ella. Y hoy, Perú parece estar cada vez más lejos de esa posibilidad.

Jorge León Vásquez – Agenda Estado de Derecho

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