¿Qué ha sucedido?

El martes 6 de enero del 2026 se han publicado en el diario oficial El Peruano, cuatro resoluciones firmadas por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas, con las que pone fin a los cuatro Equipos Especiales que fueron creados para investigar y combatir crímenes de derechos humanos y de corrupción incluso transnacional. Uno de los Equipos Especiales cerrados con la resolución N° 007-2026-MP-FN, es el del caso Lava Jato existente desde el año 2016, que ve la corrupción política y empresarial nacional e internacional, un equipo que está dirigido por el fiscal superior Rafael Vela Barba desde agosto del año 2018.

La decisión es el mayor y más grave ataque a la independencia fiscal y la lucha contra la corrupción transnacional por dos razones centrales: primero, porque cumple con la venganza y promesa política manifiesta de sacar de los casos a dos fiscales notorios, nada menos que al Coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, y al fiscal José Domingo Pérez, a cargo de causas que involucran a Fuerza Popular, el APRA, Renovación Popular, entre otros. Y segundo, porque impulsado en parte por ese afán de venganza política, quita de todos los casos las dinámicas de investigación y protección que tenía esta mega investigación, acorde con su alta complejidad de delitos, actores, y poder político y económico.

Todos los fiscales del ahora extinto Equipo Especial continúan investigando los casos del Lava Jato, menos Vela y Pérez

La resolución de Tomás Gálvez, con propuesta del actual coordinador de la especialidad de lavado de activos (el fiscal Juárez Atoche, ex integrante del Equipo Especial Lava Jato), define lo siguiente: que el Equipo Especial desaparezca, que los fiscales que estaban en el Equipo pasen a la especialidad de lavado de activos, que los casos ya no estén en la especialidad anticorrupción (hoy a cargo del fiscal Omar Tello), que el fiscal superior Vela retorne a su plaza titular de lavado de activos, y que el fiscal provincial titular Pérez deje de integrar el Equipo Especial Lava Jato.

Vela ya no dirigirá el Equipo Especial (porque está extinto) ni verá más los casos del Lava Jato en apelación, porque la resolución al final indica que “las elevaciones de actuados, apelaciones y otras incidencias que se generen… serán de conocimiento de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos” (Artículo Sexagésimo Tercero de la resolución), fiscalía que integra el fiscal Juárez (Vela integra la segunda fiscalía).

Pérez no ha sido nombrado en la especialidad de lavado de activos para ver todos o alguno de los casos que a lo largo de más de 8 años (desde septiembre del 2017) lleva del Lava Jato. Como su plaza es de la especialidad anticorrupción, para seguir viendo los casos que investigaba, requiere ser nombrado por el fiscal coordinador en la especialidad del lavado, y que esa decisión sea firmada por Tomás Gálvez… algo que políticamente no sucederá. Todos los demás fiscales, junto con los casos que veían en el Equipo Especial Lava Jato, siguen a cargo de sus causas, en la especialidad de lavado de activos.

La ausencia en el nuevo esquema, de los fiscales Vela y Pérez, no tiene fundamento alguno. Simplemente se les deja de nombrar, y así, sin más ni más, Gálvez cumple con el pedido histórico político de parte de los investigados y espacios afines de impunidad, de que dos fiscales sean retirados de las investigaciones que llevaban adelante. En la resolución no figura nada respecto de supuestos malos resultados o inconductas funcionales de los fiscales, lo que es incluso el discurso insostenible de Tomás Gálvez. De esta manera, Gálvez cumple con la venganza y promesa política: sacar a Vela y Pérez de los casos. Y con ello, la decisión de desactivar el Equipo Especial Lava Jato no solo es nula, sino que se agrava por lo siguiente:

1. Viola la independencia fiscal: porque separa a dos fiscales, de las investigaciones que tenían a su cargo, sin razones objetivas, si no, por razones netamente políticas. Viola así la garantía de la estabilidad en sus funciones.
2. Viola el principio y derecho fundamental de igualdad y no discriminación: al separar a dos fiscales que al igual que los demás, integran el Equipo Especial, criterio usado para la continuidad en las investigaciones de las causas del Lava Jato.
3. Viola la Ley de la Carrera Fiscal N° 30483 y el estándar supranacional vinculante para Perú de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso “Casa Nina vs. Perú”3 del año 2020. De acuerdo con ello, solo se puede remover a fiscales (titulares y provisionales) si tienen comprobado mal desempeño (acreditado con debido proceso y derecho de respuesta del fiscal), si son destituidos, si su designación en el cargo tiene plazo limitado expreso en la resolución inicial, si renuncian. Ninguno de estos supuestos se ha habilitado. Cabe señalar, que, en la resolución de desactivación, firmada por Gálvez, menciona a la Ley de la Carrera Fiscal y a la sentencia Casa Nina, pero, no los artículos que le exigen objetividad, supuestos habilitantes, y sobre todo, protección a la independencia fiscal de fiscales titulares o provisionales como resultado de sus decisiones; hecho que ahonda en la responsabilidad de Gálvez.
4. Un Fiscal de la Nación puede nombrar a fiscales, pero debe hacerlo sin obviar estas otras reglas legales y constitucionales. No puede “escoger” a conveniencia qué disposición del ordenamiento jurídico aplica o no, menos si son cuestiones constitucionales o supranacionales. Por ello la decisión, una resolución administrativa, tiene vicio de nulidad.
5. Los fiscales Pérez y Vela cuentan desde el 2021 y el 2023 con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresamente indican que el Estado peruano “Adopte las medidas necesarias para garantizar que el señor Pérez pueda seguir desempeñando sus labores como fiscal sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas; (…)”. Gálvez ha violado ello.
6. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) solicitó en una carta enviada a inicios del año 2025, que se protegiera la actuación del Equipo Especial Lava Jato, en particular de los fiscales Pérez y Vela, al ser que investigan casos de corrupción transnacional. “Ante estas afectaciones, la OCDE instó a la Oficina de la fiscalía general de Perú a implementar medidas necesarias “que garanticen que los fiscales que manejan casos sensibles de corrupción puedan realizar sus funciones de manera independiente y sin interferencia política”. El texto remarca que no se trata solo del Equipo Especial Lava Jato y la Oficina del Fiscal del Estado Ad Hoc Lava Jato, sino que debe adoptarse “protección frente a despidos injustificados, suspensiones y otras formas de acoso interno y externo” para salvar la autonomía y el profesionalismo de todos los fiscales dedicados a la lucha contra la corrupción.”, informó Infobae hace menos de 5 meses, en septiembre del 20254. Gálvez y el Estado peruano ha incumplido con esto.
7. La Relatoría Especial de Naciones Unidas para la independencia de la magistratura y abogados hace cercano seguimiento a las amenazas contra ambos fiscales en medio del desempeño de sus funciones. Solo hace 3 meses, la Relatora Margaret Satterthwaite señaló en la red X que ““El viernes tuve el placer de reunirme en persona con el fiscal José Domingo Pérez, de Perú, para recibir una actualización sobre su situación”, señaló la relatora en su publicación. “En julio de 2024 envié una comunicación al Gobierno del Perú expresando una seria preocupación por los informes de acoso, estigmatización e intimidación judicial contra el señor Pérez, su colega Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti, en aparente represalia por sus esfuerzos para exponer y enjuiciar la corrupción”, agregó.”. “Las declaraciones de la relatora se enmarcan en el seguimiento a la comunicación AL PER 5/2024, enviada al Gobierno el año pasado, en la que se pedía información sobre las medidas adoptadas para salvaguardar la labor de los fiscales del Equipo Especial. La funcionaria reiteró que la independencia judicial y la protección de quienes luchan contra la corrupción son pilares fundamentales para el fortalecimiento democrático.”
8. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe “Corrupción y Derechos Humanos” del 20196, señala que los operadores de justicia que investigan la corrupción deben ser protegidos por el Estado para que sigan realizando sus labores sin problema. Además, la CIDH identifica una mayor protección a estos operadores de justicia al considerarlo también personas defensoras de derechos humanos. Todo esto ha sido obviado por Tomás Gálvez.
9. La separación es una decisión fiscal sin precedentes, que se suma a la dinámica acumulada de ataques a los fiscales quizá más notorios del Lava Jato, que, a través de su trabajo y la defensa del mismo, han salido a los medios de comunicación a informar a la ciudadanía. Esta decisión es una nueva etapa de todo este largo proceso de criminalización, en una larga lista de acosos, agresiones físicas, hostigamientos, campañas de difamación, criminalización, y suspensiones en el cargo que siguen latentes.
10. No existe al momento, un espacio de autocontrol o control al Fiscal de la Nación interino, a pesar de la ilegalidad e inconstitucionalidad de sus actos previos, y de esta decisión de desactivación del Equipo Especial Lava Jato. Ni los fiscales que los acompañan en sus decisiones, ni la Junta de Fiscales Supremos, mucho menos el Congreso de la República o la Junta Nacional, han actuado en defensa de la independencia fiscal y de la investigación de la corrupción transnacional ante este grave hecho que favorece la impunidad.

Los casos que llevaba el fiscal José Domingo Pérez, y que por ahora no tienen fiscal

En total y a diciembre del 2025, son 32 casos que el Equipo Especial Lava Jato llevaba en todos estos años desde el 2016, año en que fue creado. De ellos, los que investigaba el fiscal Pérez son todos los vinculados al Metro de Lima, Nava, Cócteles, Villarán, “PPK” (siglas de Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente del Perú); además de todas las colaboraciones que tienen que ver con Odebrecht, entre otros.

Los logros del Equipo Especial Lava Jato

Lejos, muy lejos de las campañas de difamación y estigmatización, la labor del Equipo Especial Lava Jato es de las más importantes para el país y para la región latinoamericana, por lo que el Perú ha sido reconocido internacionalmente (hasta ahora). En resumen, el Equipo Especial Lava Jato ha logrado lo siguiente, a través de su trabajo de investigación contra la impunidad:

336 acusados (personas naturales), 61 personas jurídicas (sobre las que se solicita sanciones como disolución y liquidación, multa), 148 personas con solicitud de sobreseimiento total,  104 terceros civilmente responsables, Pena Privativa de la Libertad que fluctúan entre los 09 años a 35 años, Pena de días multa que fluctúan entre 180 días multa a 1703 días multa, Pena de inhabilitación perpetua para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público (art. 36.2 concordado con el art. 38 del Código Penal). Entre otros.

Además, el Equipo Especial ha logrado 13 sentencias condenatorias (por procesos penales ordinarios, terminaciones anticipadas y conclusiones anticipadas en juicio oral). Con las sentencias, se ha podido acceder a la posibilidad de ejecutar el cobro de la reparación civil para el Estado peruano. Este monto asciende, en base a las sentencias condenatorias, a S/. 3 133’ 382 510.52 soles (tres mil ciento treinta y tres millones trescientos ochenta y dos mil quinientos diez y 52/100 soles).

Por otro lado, también cuenta con 62 sentencias condenatorias provenientes de los procesos especiales de colaboración eficaz. El monto de reparación civil establecido por estas sentencias (hasta diciembre del 2025) es de S/. 1 520’ 419 919.88 soles (mil quinientos veinte millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos diecinueve con 88/100 soles).

En resumen, el Equipo Especial logró probar hasta diciembre del año 2025, en 9 años de trabajo, la responsabilidad de los corruptos por medio de 75 sentencias condenatorias, recaudando así un total de a S/. 4 653’ 802 330.40 soles (cuatro mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos dos mil trescientos treinta con 40/100 soles). ¿Falta de productividad del Equipo Especial de Lava Jato, dirigido por el fiscal Rafael Vela? De ninguna manera.

Las graves afectaciones en la lucha contra la corrupción transnacional, al eliminar el Equipo Especial y pasar los casos a la especialidad de lavado de activos

Se podría pensar que, el que casi todos los fiscales del Lava Jato sigan investigando los casos que investigaban en el Equipo Especial, ahora en la especialidad de lavado de activos al mando del fiscal Juárez Atoche, no tiene perjuicio alguno para los casos. Errada conclusión.  Algunos de los impactos son los siguientes:

1. El Equipo Especial investigaba hechos en donde aparecían tres tipos de delitos: de lavado de activos, de crimen organizado, de corrupción. Por ello mismo, no podían ser vistos bajo una única especialidad. Se requería sumar esas tres expertises, y un trabajo coordinado de grupo toda vez que las dinámicas de corrupción tenían puntos focales de tácticas, personas, tiempos, etc. Toda esa evaluación se pierde formalmente. Esto puede llevar a que los denunciados planteen la desacumulación de los casos, a lo que la fiscalía: o accede a ampliar la competencia de los fiscales que provienen del Equipo Especial (¿o de toda la especialidad de lavado de activos?), o, procede a desmembrar los casos.
2. El Equipo Especial como tal, cuenta con presupuesto para las diversas actividades de los mega casos que lleva: para peritos para los casos, para movilidades, caja chica, etcétera. ¿Este presupuesto se mantendrá, o se repartirá equitativamente entre los demás fiscales y casos de la especialidad de lavado de activos? La resolución no lo resuelve.
3. El Equipo Especial actuaba como una unidad colectiva, y no puede ser de otro modo. Los casos investigados guardan puntos en común, dinámicas similares, información de relevante retroalimentación, entre otros; que, sumados a la naturaleza compleja de los hechos investigados, la cantidad de denunciados, y los patrocinios colectivos, hacía ineludible una unidad como la del Equipo Especial.
4. En los próximos días hay diligencias. Una de ellas es un interrogatorio en el caso de la ex alcaldesa de Lima, Villarán. El fiscal Pérez interrogaba a uno de los principales acusados que es un colaborador eficaz, César Miggs empresario constructor. La fecha es el 8 de enero del 2026. ¿El nuevo fiscal, que aún no se sabe quién es, podrá interrogar debidamente con tan solo 2 días de preparación?
5. El Equipo Especial ya no es coordinado por el fiscal superior titular Rafael Vela, quien de manera comprobada ha asegurado todos estos años la independencia de la actuación de los fiscales del Equipo, ha sostenido y defendido las investigaciones en la segunda instancia, conoce a fondo los casos que ha coordinado desde hace 7 años. Se ha perdido esa garantía de independencia y conocimiento para los casos en su defensa en la segunda instancia, y dentro de actores perjudiciales para los casos en la misma Fiscalía.
6. Ya no existe una coordinación de los casos Lava Jato, ahora existe una coordinación de Lavado de Activos que suma a su carga procesal la de los casos Lava Jato. La coordinación va a tener un impacto serio en esta primera etapa del cierre del Equipo Especial.
7. Dos de los fiscales, Rafael Vela y José Domingo Pérez, han sido separados de los casos, por voluntad e interés político del Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, violando flagrantemente la Constitución y la ley. ¿Qué garantía de defensa de independencia de los otros fiscales hay para quienes quedan? Ninguna.

El grave impacto negativo en la independencia fiscal, en el acceso a la justicia y la no impunidad en casos de corrupción transnacional que vincula a diversos gobiernos y políticos del Perú y empresarios, hace injustificable y nula la resolución con la que el Fiscal de la Nación interino desactiva el Equipo Especial Lava Jato de Perú.

Las “razones” esgrimidas en dicha resolución, a la luz de lo aquí referido, se revelan gaseosas, nada objetivas y sin algún supuesto habilitante que lo permita. La resolución menciona tres motivos: primero, el incrementar la persecución penal del Ministerio Público; segundo, el fortalecimiento de las especialidades fiscales de naturaleza permanente y, tercero, el que el Equipo Especial y la especialidad de lavado de activos comparten “el mismo modelo procesal y litigan con la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada”. Lo cierto es que la resolución de la Fiscalía de la Nación elimina la dinámica y garantías del Equipo Especial que investigaba y defendía en juicios la particular corrupción transnacional; y el expertiz generado por el Equipo Especial del cual se dice querer aprender no puede mantenerse fuera de ese modelo de investigación.

Ello, sumado a la carga procesal que se sume a partir del 7 de enero del 2026 en los fiscales de la especialidad de lavado de activos (en la que ahora se encontrarán los fiscales de los casos del Lava Jato -todos, menos los fiscales Vela y Pérez-), y el criterio de “equidad” que termina tarde o temprano primando en las coordinaciones de las especialidades (todos los fiscales sin distinción con similares apoyos jurisdiccionales y presupuestos), más la ausencia de garantía de independencia en la investigación de los casos del Lava Jato bajo la nueva Fiscalía de la Nación interina con el fiscal Tomás Gálvez, subsume a esta mega causa en un retroceso sin precedentes.

La decisión de desactivar el Equipo Especial Lava Jato es netamente política.

Es a favor de la impunidad. Es discriminatoria. No se base en ninguna de las causales objetivas para hacer algo así. Lo hace un fiscal de la Nación interino (cuando los equipos especiales fueron creados por fiscales de la Nación titulares), que incurre en conflictos de intereses, desacreditado, que amenaza permanente a los fiscales cuya independencia e integridad debiera defender. Y lo desactiva, cuando los casos del Lava Jato están en importantes definiciones, en medio de una campaña electoral en donde varios de los partidos políticos cuyos partidarios son investigados, postulan de nuevo a la Presidencia y al Parlamento.

Esta eliminación del Equipo Especial Lava Jato se da en medio del silencio de todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Sí, un Fiscal de la Nación puede crear Equipos Especiales y nombrar fiscales provisionales, pero, no puede cerrarlos como sea: con la venganza política de perjudicar las dinámicas de investigación de todas las causas y retirar a dos fiscales que durante estos años han defendido la independencia de la Fiscalía y la lucha contra la corrupción. No así. La desarticulación de 4 equipos, entre ellos del Equipo Especial Lava Jato, es así una estrategia mafiosa que favorece a la mafia.

Lo que el Perú necesita

Se requiere de manera urgente la demanda ciudadana y la acción de organismos internacionales, así como de espacios democráticos aún no cooptados por las redes de corrupción, para continuar con las investigaciones de la corrupción transnacional en el Perú. No solo para la reposición de los Equipos Especiales que como el del caso Lava Jato, venían realizando sus funciones a pesar de diversas y grandes adversidades (y, en todo caso, para mejorarlos, no para desaparecerlos). Sino también, para la rendición de cuentas de los funcionarios que están violando la independencia fiscal y la no impunidad de la corrupción.

La Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo no están cumpliendo con su rol constitucional de control, tampoco el Tribunal Constitucional. Espacios institucionales como el Poder Judicial y algunos Colegios de Abogados pueden y debieran ser los mecanismos de control del poder frente a la antiética, ilegal e inconstitucional desactivación de los Equipos Especiales, particularmente el del caso Lava Jato.

Recordemos, por ejemplo, que en su momento el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry fue condenado penalmente por encubrimiento real (al obstruir la justicia) al remover de forma ilegal a los fiscales Vela y Pérez del Equipo Especial Lava Jato, y que el Colegio de Abogados de Lima ha suspendido provisionalmente de oficio las colegiaturas de profesionales abogados en el 2018 que han promovido la corrupción (por ejemplo, en el caso de ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura en el caso “Cuellos Blancos”) o por mentir (como en el caso del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry); e incluso los ha separado del ejercicio de la profesión legal.

Y por su lado, algunos jueces y juezas del Poder Judicial han evaluado con responsabilidad demandas y medidas cautelares de amparo que en su momento lograron resguardar la independencia fiscal y el debido proceso violentado (la fiscal suprema Zoraida Ávalos retornó a la Junta de Fiscales Supremos por un amparo, así como el fiscal superior Rafael Vela). La Junta de Fiscales Supremos o incluso algunos de sus integrantes debieran ser, como en otros tiempos, quienes señalen y demanden cuentas a la Fiscalía de la Nación (a quien eligen) ante hechos que violan la Constitución, los compromisos internacionales y la lucha contra la Corrupción. Los contados y escasos espacios de accountability tienen y deben funcionar de manera urgente.

Justicia Viva – IDL

 Foto ANP