La congresista Margot Palacios, presentó el proyecto de ley que tiene por objeto establecer un régimen de reparación integral para los familiares de las víctimas mortales y los heridos durante la represión de las protestas de diciembre 2022 y marzo 2023, con el fin de garantizar su derecho a la justicia, reparación y no repetición, creando un Registro Único de Afectados y estableciendo beneficios en salud, educación, atención psicológica y compensación económica.

La propuesta legislativa plantea la creación del Registro Único de Afectados, por la represión de las protestas ocurridas entre diciembre 2022 y marzo 2023, que será administrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el propósito de identificar, registrar y clasificar a todas las víctimas de la represión, tanto mortales como heridas y autorizar la reposición integral correspondiente. El registro incluirá la información necesaria para acceder a los beneficios establecidos en esta ley.

Entre los beneficios para las víctimas se considera lo siguiente: 1. Atención en salud, 2. Atención en Educación, 3. Atención psicológica, 4. Indemnización económica que no puede ser inferior a una Remuneración Mínima Vital por cada heredero: viuda (o), hijos, hermanos, padres, que se ajustará conforme a la gravedad de los hechos ocurridos. Las víctimas heridas también recibirán una indemnización económica, proporcional a la gravedad de sus lesiones. En caso de invalidez se le asignará una pensión mensual que no puede ser inferior a una Remuneración Mínima Vital y que se ajustará a la gravedad de la invalidez.

El proyecto de ley señala que los familiares de las víctimas, podrán presentar su solicitud de inclusión en el Registro Único de Afectados en las oficinas del Ministerio de Justicia o a través de plataformas digitales habilitadas por el Estado. El registro será gratuito y el proceso de inscripción será ágil, garantizando la inclusión de todas las personas afectadas sin discriminación alguna. Los recursos necesarios para la implementación de esta ley provendrán del Presupuesto General de la República. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar los fondos correspondientes para la ejecución de los beneficios previstos en esta ley, con un presupuesto anual específico destinado a las víctimas de las protestas.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Palacios sostiene que las protestas en Perú durante diciembre 2022 y marzo 2023 a raíz de la vacancia de Pedro Castillo en el cargo de presidente e instalación de Dina Ercilia Boluarte Zegarra como presidenta de la república, fueron marcadas por un uso excesivo de la fuerza pública, lo que resultó en la pérdida de vidas humanas y graves lesiones en cientos de ciudadanos. Las víctimas de estos hechos requieren de una respuesta adecuada por parte del Estado para garantizar su derecho a la reparación, justicia y no repetición.

Plantea, por tanto, crear un mecanismo legal que garantice la reparación integral a las víctimas de las protestas, que contemple tanto la atención médica, psicológica y educativa, como la indemnización económica por los daños sufridos por lo que el proyecto de ley busca asegurar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas con el apoyo necesario del Estado.