El 13 de agosto el ciudadano Edson Solorzano, interpuso una denuncia penal por delito de discriminación tipificado en el art. 323 del Código Penal en contra del alcalde provincial, Víctor Rivera ante el Fiscal Supraprovincial Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad de Arequipa y quienes resulten responsables y solicita se inicie investigaciones y sancione a los responsables.

Solorzano afirma en su denuncia penal que a inicios de julio 2025, la Municipalidad de Arequipa bajo la dirección de alcalde Rivera dispuso restringir la participación en el Corso de la Amistad 2025 de agrupaciones culturales representativas de danzas altiplánicas limitando dicha participación a un evento alternativo y periférico denominado Corso Descentralizado con solo tres cupos para agrupaciones que representen sayas y caporales.

Según el denunciante, esta decisión excluyó injustificadamente a más de sesenta asociaciones que representan la diversidad cultural de Arequipa, impidiéndoles expresar su homenaje e identidad a través de sus danzas en el principal evento festivo de Arequipa. La medida, según la denuncia, fue justificada públicamente por las autoridades municipales señalando que “no es cultura de la región”, argumento que evidencia un criterio discriminatorio.

En los fundamentos jurídicos de la denuncia, Solorzano refiere que el art. 2 de la Constitución señala que “nadie puede ser discriminado, y todos tienen derecho a su identidad étnica y cultural y el Estado protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Agrega que el Código Penal en el art. 323 refiere que “el que realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas basados en motivos de identidad étnica o cultural será reprimido con pena privativa de la libertad”.

El denunciante agrega en su denuncia varias sentencias del Tribunal Constitucional como precedentes, entre ellos en la sentencia del expediente 01594-2020-AA/TC en el cual precisa, “Este Tribunal ha establecido que toda exclusión o limitación injustificada de participación en eventos públicos basados en la identidad cultural, constituye discriminación y va en contra del deber de reconocimiento y protección de la pluralidad étnica y cultural, así como del derecho de participación de las minorías culturales”.

Solorzano solicita al Fiscal que se admita su denuncia y se aperture diligencias preliminares para investigar los hechos y determinar las responsabilidades penales conforme a ley, recaben los medios probatorios y ordene el cese inmediato de todo acto discriminatorio y se restituya el derecho de participación plena y en igualdad de condiciones de todas las agrupaciones culturales en el Corso de la Amistad de Arequipa y se apliquen sanciones a los funcionarios públicos que los han discriminado en eventos étnicos culturales.

Foto MPA