El gobierno nacional mediante Decreto Supremo 093-2025-PCM, publicado en el diario oficial, aprobó la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030 que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública, en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, y para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

Las entidades de la Administración Pública, en todos los niveles de gobierno y en el marco de sus competencias, asumen los roles, obligaciones y responsabilidades que dispone la POLCTI.  La Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC), conduce la POLCTI y articula, para tal fin, con las entidades públicas con responsabilidad en la prestación de los servicios y actividades operativas que comprende la POLCTI, así como, con las organizaciones del sector privado, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía.

La POLCTI se implementa a través de diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), con la participación de las entidades involucradas, según corresponda y los servicios y actividades operativas establecidas en la POLCTI se implementan en el marco de las competencias y responsabilidades que correspondan a las entidades involucradas.

La Presidencia del Consejo de ministros, a través de la Subdirección de Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Evaluación y Gestión del Conocimiento del CONCYTEC o la que haga sus veces, tiene a su cargo el seguimiento y evaluación de la POLCTI, en concordancia con las directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Las entidades de la Administración Pública que son prestadoras de servicios para el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la POLCTI son responsables de brindar oportunamente la información que el CONCYTEC les solicite en el marco del proceso de seguimiento y evaluación. La implementación de la POLCTI se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Foto El Peruano