El diputado Juan Villanueva Calderón presentó el proyecto de ley que tiene por objeto incorporar el numeral 100.15 al artículo 100 y el artículo 100-A y 100-B a la Ley 30220, Ley Universitaria, con la finalidad de reconocer y regular el derecho del estudiante de universidad privada a contratar una pensión de enseñanza y tasas administrativas fijas durante el periodo regular de estudios de su carrera, a fin de contribuir a la previsibilidad económica de los estudiantes y sus familias y a la continuidad de los estudios universitarios, en armonía con la libertad de empresa y la autonomía universitaria reconocidas por la Constitución Política del Perú.

El proyecto propone en el art. 100.15 en la contratación que las universidades privadas fijen una pensión de enseñanza y tasas administrativas fijas durante el periodo regular de estudios de su carrera, conforme a lo dispuesto en los artículos 100-A y 100-B de la presente Ley.”

Tambien propone la incorporación del artículo 100-A.- Derecho a la pensión fija de enseñanza 100-A.1 con el siguiente texto:

El estudiante de universidad privada, desde su primera matrícula, tiene derecho a contratar una pensión de enseñanza fija durante el periodo regular de estudios. La universidad privada está obligada a ofrecer esta modalidad, sin perjuicio de las demás modalidades de pago que establezca.

Art. 100-A.2. El periodo regular de estudios comprende el número de semestres académicos previsto en el plan de estudios vigente al momento de la primera matrícula. La pensión fija se aplica a los semestres académicos efectivamente cursados hasta completar dicho número, y no se computa por años calendario.

Art. 100-A.3. El monto de la pensión fija es determinado por la universidad y comunicado al estudiante antes de su primera matrícula. Dicho monto puede ser distinto al de las demás modalidades de pago, siempre que la diferencia sea informada de forma previa, expresa y comparativa.

Art. 100-A.4. La reserva de matrícula y el retiro temporal autorizado por causales tales como embarazo, incapacidad temporal y cuidado del menor hijo suspenden el cómputo por hasta dos semestres académicos, no perdiendo la pensión fija, debiendo al retorno suscribir un nuevo contrato que considere el nuevo plazo. Presentada la solicitud, la universidad se pronuncia en un plazo máximo de diez días hábiles; vencido dicho plazo, se considera aceptado el pedido. La modificación del plan de estudios dispuesta por la universidad no altera la pensión fija ni el número de semestres protegidos. La suspensión será de hasta cuatro semestres académicos acumulables para las personas con discapacidad física, intelectual o psicosocial, debidamente acreditada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29973.

Art. 100-A.5. La pensión fija deja de aplicarse cuando el estudiante: a) supera el número de semestres académicos del periodo regular de estudios; b) cambia de carrera por decisión propia; o c) abandona sus estudios sin reserva de matrícula o por reserva no justificadas, en los términos que establezca el reglamento. En estos casos, el estudiante debe suscribir un nuevo contrato con las condiciones económicas que establece la universidad.

Art. 100-A.6. Antes de la primera matrícula, la universidad informa por escrito, de manera veraz, suficiente, oportuna y comparativa, el monto de la pensión fija, los conceptos que comprende y los que excluye, la diferencia respecto de las demás modalidades de pago y los supuestos de suspensión y de término previstos en el presente artículo, en concordancia con los artículos 73 y 74 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Art. 100-A.7. Está prohibido establecer cargos adicionales obligatorios, o modificar la denominación o el contenido de conceptos existentes, fraccionarlos o trasladar costos a otros cobros, con el efecto de incrementar el costo de la pensión garantizada o los montos del tarifario.

Art. 100-A.8. Lo dispuesto en el presente artículo no limita la facultad de la universidad de fijar las pensiones de las demás modalidades de pago, ni restringe los derechos reconocidos por la Ley 29947, Ley de protección a la economía familiar respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados.”

Artículo 100-B.- Derecho a tasas administrativas fijas. 100-B.1 El estudiante de universidad privada tiene derecho a mantener tasas administrativas fijas durante el periodo que dure la carrera profesional. 100-B.2 Las tasas administrativas establecidas por las universidades son las solicitudes, el derecho de examen de aplazado, derecho de curso dirigido, carpeta de bachiller, carpeta de titulación, constancia de egresados, certificados de estudios, conceptos que se deberá informar al estudiante antes de suscribir contrato por el servicio educativo. 100-B.3 Todo tipo de concepto que califique como tasa administrativa deberá entregarse al ingresante de forma digital o física, comprende el número de semestres académicos previsto en el plan de estudios vigente al momento de la primera matrícula. 100-B.4 Vencido el plazo, el estudiante se adecua a las nuevas tasas establecidas por la universidad. 100-B.5 Si el estudiante pierde el derecho a la pensión fija señalado en el artículo 100-A.5, también perderá el derecho a las tasas administrativas fijas regulado en el presente artículo.

El proyecto tambien propone la modificación del Artículo 4.- Modificación del artículo 75 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor Se modifica el artículo 75 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en los términos siguientes: “Artículo 75.- Deber de informar de los centros y programas educativos Los centros y programas educativos antes de finalizar cada período educativo y durante el proceso de matrícula están obligados a brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito al consumidor información sobre el monto, número y oportunidad de pago de las cuotas o pensiones del siguiente período educativo, así como la posibilidad de que se incremente el monto de las mismas. En las universidades privadas, la posibilidad de incremento se sujeta a lo dispuesto en los artículos 100-A y 100-B de la Ley 30220, Ley Universitaria. El incumplimiento de las obligaciones previstas en dichos artículos constituye infracción al presente Código.”

En la exposición de motivos del proyecto de ley de Villanueva, sostiene que el problema público radica en que la Ley 30220, Ley Universitaria1, no reconoce al estudiante de universidad privada el derecho a contar con una pensión de enseñanza estable durante su carrera, ni obliga a las universidades privadas a ofrecer una modalidad que garantice dicha estabilidad.

En consecuencia, el estudiante y su familia asumen, sin alternativa contractual, el riesgo de incrementos de la pensión durante todo el periodo de formación, que en la mayoría de las carreras se extiende por diez semestres académicos. El marco vigente no cubre este vacío.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor exige información sobre las condiciones económicas del servicio, pero no garantiza su estabilidad; lo que conlleva a una incertidumbre económica, por cuanto la información brindada al momento de postular a una universidad privada es con términos expuestos para convencer al estudiante, pero al siguiente año, la universidad por autonomía económica fija nuevos costos, haciendo que el estudiante muchas veces deje la carrera por no haber proyectado gastos mayores a los que inicialmente contrató, en dicho escenario se cuenta con la Ley 29947, sin embargo, esta solo protege la continuidad de los estudios frente al impago temporal de pensiones, pero no regula el incremento de estas a lo largo de la carrera.

El problema se agrava por la dependencia que se genera una vez iniciados los estudios; el cambiar de universidad a mitad de carrera supone convalidaciones, pérdida de créditos, nuevos costos de ingreso y, a menudo, la prolongación de los estudios. Los cobros se fijan unilateralmente, lo que conlleva crear nuevos conceptos durante la carrera y sus montos pueden variar sin límite, lo que añade incertidumbre al costo total de los estudios.

La iniciativa legal no fija precios ni prohíbe incrementos, sino que regula una modalidad contractual que la universidad privada debe ofrecer y cuyo precio ella misma determina. En tal sentido, respeta el ordenamiento jurídico peruano que resguarda la libertad de empresa en cuanto a los términos económicos que pacten, pero regula la temporalidad de la cobranza, priorizando el interés superior del estudiante universitario, principio regulado en la ley universitaria.

También se protege el principio de prohibición de cláusulas abusivas, el mismo que limita la facultad de la empresa a incrementar el precio o añadir gastos de forma unilateral y sin justificación válida, lo que en la teoría es considerada nula de pleno derecho, sin embargo, la universidad privada amparada en su autonomía financiera viene subiendo precios tanto de pensiones educativas como de sus tasas administrativas, aplicando un contrato de adhesión, cuando esto es una práctica empleada por las entidades financieras, de telefonía o de luz, más no debe ser aceptado para un servicio educativo, por cuanto, en aplicación del principio de transparencia y asimetría informativa, es el proveedor el responsable de brindar información clara, veraz y oportuna, si un gasto o penalidad se encontraba oculta o se encontraba en letras pequeñas o no se expresó de forma transparente, carece de validez legal.

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