La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito de Cerro Colorado estaría buscando sancionar al representante de una asociación de un pueblo joven del mismo distrito y su tecnico electricista por haber permitido y ejecutado la aplicación de las mismas prerrogativas que emplea la SEAL al momento ejecutar el corte del suministro eléctrico por causal de adeudar dos o más meses de este servicio en contra de una asociada morosa.

Así lo informó la abogada, Milagros Fernandez Nina, abogada de Juan Céspedes, quien según la carpeta fiscal 5754-2022-503, dos fiscales representantes de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito de Cerro Colorado buscarían llevar a juicio y lograr una SENTENCIA CONDENATORIA en contra del coordinador de la Asociación Taller Bio Huerto Virgen de Copacabana, Juan Carlos Céspedes Paricahua a quien se le estaría atribuyendo la supuesta comisión del delito de USURPACIÓN- TURBACIÓN A LA POSESIÓN Art, 202 del Código Penal; inc. 3).

La abogada refiere que, en el mes de junio del 2022, lo pobladores de dicha asociación decidieron ejecutar el corte del servicio de luz colectiva en contra de la asociada Doris Huamani Pacco, por adeudar cerca de tres meses de luz, esto mediante la contratación del técnico electricista Rubén Arapa Cutipa y en aplicación de previas actas de asamblea, incluso cuidando seguir los mismos lineamientos que la SEAL aplica hasta el día de hoy en caso de usuarios morosos (Ley de Concesiones Eléctricas Art. 90).

Según la fiscalía, serían causal suficiente para llegar a juicio y solicitar sentencia condenatoria en contra del coordinador de dicha asociación y del técnico electricista; sin ponderar ni valorar que el comportamiento de este tipo de personas morosas, perjudicarían inicialmente a la totalidad de familias conformadas por madres, padres, niños y ancianos quienes al no poder reunir la totalidad del dinero que contendría el recibo de luz mensual podrían perjudicarse con el corte MASIVO de dicho servicio colocándolos en una situación de riesgo, vulnerabilidad e inseguridad.

La fiscalía se ha negado a ver y valorar la gravedad de dichos actos omisivos por parte de la denunciante Doris Huamani Pacco; anteponiendo por encima de los derechos de cerca de 200 familias de dicha asociación, el derecho al servicio de luz que tendría la denunciante, situación que devendría en un absurdo legal; más aún si se trata de pueblos jóvenes, asentamientos humanos y asociaciones en vías de desarrollo cuyos pobladores muchas veces viven en condiciones precarias.

La SEAL habría indicado que sus facultades para ejecutar la sanción de corte del suministro de luz serían únicamente hasta el punto de entrega el cual sería el medidor de luz colectiva, precisando así que “no es competencia de la SEAL realizar el corte en las redes particulares internas”.

En el caso de los asentamientos humanos, pueblos jóvenes y asociaciones en vías de desarrollo, el corte del servicio eléctrico previo requerimiento de pago, viene siendo el único mecanismo viable para orillar al asociado moroso cumpla con pagar el consumo de su servicio y no perjudicar a cientos y cientos de familias que necesitan este servicio básico de LUZ COLECTIVA, siendo que para el presente caso dicho corte de servicio tuvo como único objeto proteger a todas las familias que se abastecían de este medidor colectivo; mas no así intentar perturbar, o despojar a la denunciante de su predio.

La abogada Milagros Fernandez, señala que el actuar desproporcionado y cuestionable de la fiscalía de Cerro Colorado,  estarían contradiciendo sus primeros fundamentos contenidos en la Disposición Nro. 01-2022, ya que en dicho documento se habría indicado que correspondía archivar la denuncia en contra de Juan Carlos Céspedes Paricahua y Rubén Arapa Cutipa pues los hechos denunciados no constituían delito; sin embargo, a la fecha desobedeciendo lo ordenado por el Fiscal Superior de apelaciones, habrían formalizado la investigación preparatoria omitiendo cumplir las disposiciones de Fiscalía Superior en el extremo de continuar realizando diversos actos de investigación a fin de poder determinar de forma posterior si los hechos denunciados tendrían carácter delictivo.

Agrega que los vecinos señalan que en caso la fiscalía logre una sentencia condenatoria en contra de dicho representante de la Asociación Taller Bio Huerto Virgen de Copacabana, Juan Carlos Céspedes Paricahua y Rubén Arapa Cutipa (técnico electricista), se estaría poniendo en inminente riesgo a las miles y miles de familias que conforman las 752 ASOCIACIONES, pueblos jóvenes, asentamientos humanos y demás que se abastecen del servicio de luz colectiva.

Ellos no tendrían otra forma de requerir estos pagos y recaudar el dinero dentro del plazo para continuar haciendo uso de este servicio básico y urgente, toda vez que las posibilidades de que aparezcan asociados morosos que se nieguen a pagar dicho servicio de luz por adeudar meses o años se verían incrementadas de manera desmesurada al existir sentencias que amparen este tipo de denuncias, pues dicha irresponsabilidad se vería apañada y protegida en el discurso de que “ no se les puede sancionar con el corte del servicio de luz, pues cualquier autoridad o representante de cualquier asociación podría ser pasible de ser denunciado por aparentemente haber cometido el delito de usurpación en agravio de un vecino moroso, cuya deuda acumulada pondría en riesgo la seguridad de miles y miles de familias ”.

Por lo tanto, una posible sentencia perjudicarían a miles de familias en Arequipa, corriendo riesgo incluso otros departamentos del Perú pues este tipo de sentencias podrían ser invocadas y replicadas en despachos judiciales de otros departamentos, en el único afán desproporcionado y casi absurdo de aparentemente proteger los derechos de una sola persona frente a los derechos de cientos y cientos de familias peruanas.