Con 10 votos a favor de los 18 jueces supremos titulares de la Sala Plena, la Dra. Janet Tello Gilardi, fue elegida como nueva presidenta de la Corte Suprema de la República para el periodo 2025-2026, donde participaron tres candidatos en las elecciones desarrolladas el jueves 05 de diciembre, debiendo juramentar a su cargo el 02 de enero del 2025 en una ceremonia protocolar.

Al dialogar con la prensa la Dra. Tello, señaló que habrá mayor coordinación con el Ministerio Publico para sancionar los delitos que se han incrementado para proteger a los ciudadanos, la necesidad de implementar los cambios tecnológicos y realizar las mejoras necesarias y optimizar su uso, así como también conseguir mayor presupuesto para mejorar su infraestructura y más personal, reducir la carga procesal que se ha incrementado en los últimos años y dar mayor protección para jueces y juezas que son objeto de denuncias o demandas infundadas, las cuales afectan su honor y privacidad.

La Dra. Tello, tiene el grado académico de Doctora en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Concluyó la Maestría en Ciencias Penales y un Diplomado en Estudios de Género. Fue presidenta de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República. Además, es Coordinadora de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, y preside la Asociación Peruana de Mujeres Juezas.

En su exposición de plan de gobierno judicial como candidata a la Corte Suprema, prometió rediseñar las funciones y competencias de las Salas de la Corte Suprema a efecto de consolidar su misión como Corte de Casación, modernizar la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con el uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) con criterios de gobierno abierto y de ecoeficiencia, reformar la Gerencia General como el órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo para la buena gestión administrativa de este nivel de gobierno, aplicar lo dispuesto en la Ley N°28983 de Igualdad de Oportunidades entre las Juezas y Jueces, así como entre las y los trabajadores del Poder Judicial.

Asimismo, impulsar la aprobación de la ley del régimen especial de pensiones de jubilación a favor de jueces y juezas,  implementar la figura del Vocero Judicial para gestionar la información, sobre todo en los casos mediáticos, garantizando la transparencia y minimizando el impacto de presiones externas que pudieran afectar la independencia de los jueces y juezas, reforzar la labor del Centro de Investigaciones Judiciales (CU) que le asigna el artículo 114 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, realizar un balance crítico de la aplicación del modelo garantista del Código Procesal Penal, evaluar el impacto de la implementación de la virtualidad en el desarrollo de la labor judicial.

Evaluar en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la situación de la carga procesal a fin de establecer estándares adecuados de producción,  impulsar sendos procesos de descargas (incluyendo las maratones judiciales) en todos los niveles del sistema de justicia, establecer una política de sanción de multas a los abogados litigantes que interpongan recursos maliciosos o temerarios con el claro afán de retardar la conclusión del proceso y su ejecución, potenciar la capacitación de jueces, juezas y servidores jurisdiccionales desde el enfoque de género y la interseccionalidad, en la aplicación de la Ley N°30364 y en delitos graves contra la libertad sexual, feminicidio, trata de personas, entre otros, impulsar la creación de la Escuela Judicial para la formación del personal jurisdiccional como futuros jueces y juezas, etc.