No hay duda que el transporte público en Arequipa es un caos y la responsabilidad principal la tiene la Municipalidad Provincial de Arequipa y los ex alcaldes que por mandato constitucional y de la ley orgánica de municipalidades, no han administrado ese servicio público con eficiencia y responsabilidad.

Pero tambien el gobierno regional de Arequipa, que no ha priorizado en su agenda en los últimos cuatro años un transporte publico eficiente, seguro y menos contaminado ya que hoy tenemos el actual SIT informal, ya que el alcalde Rivera y el gobernador Sánchez en su deber de colaboración y cooperación a favor de la provincia de Arequipa que está en la jurisdicción regional, no trabajaron en forma coordinada en beneficio de la población usuaria.

Los últimos gobiernos nacionales han apoyado a Lima con más de 20 mil millones de soles para infraestructura de transporte en las dos últimas décadas, mientras que en Arequipa el ex alcalde Rivera y el actual gobernador Sánchez, se miraron el ombligo y no demandaron más presupuesto y tampoco presentaron un proyecto alternativo al SIT al poder ejecutivo pese a que nuestra población ha crecido y hoy tenemos solo en la provincia de Arequipa 1 millón 300 mil habitantes.

Al año 2040 cuando nuestra provincia cumpla su quinto centenario de fundación española, con seguridad llegaremos a los 3 millones de habitantes y seremos una megaciudad que obligaría a crear la Municipalidad Metropolitana de Arequipa lo que es un reto y desafió que la administración municipal no está asumiendo esa responsabilidad histórica.

Muy lamentable que hoy en noviembre del 2026, la alcaldesa provincial Oscco, el concejo municipal provincial, el gobernador regional Sánchez, el consejo regional de Arequipa y los seis diputados que nos representan en el parlamento nacional, no están exigiendo públicamente como representantes elegidos por el pueblo mistiano, que la presidenta Keiko Fujimori o su ministro de Transportes vengan a Arequipa y nos expliquen públicamente en qué consiste el Sistema de Metro que anunció para la blanca ciudad la presidenta el 28 de julio en su mensaje presidencial o fue un anunció demagógico más para las tribunas. Ese es su deber y no lo están haciendo.

Ahora en forma sorpresiva, el gobernador regional, Rohel Sánchez, anuncia que podria suscribirse un convenio con la Municipalidad de Lima para que nos transfieran viejos trenes contaminantes que el gobierno nacional ha cuestionado por diversos motivos legales y técnicos y que fueron aceptados por la gestión del cuestionado ex alcalde, Rafael Lopez y es una “papa caliente”, tanto para municipalidad capitalina, como para el gobierno nacional y lo pretenderían endosar a Arequipa.

El tema es complejo y no creo que el actual gobernador deba definir el asunto ya que está de salida, con los días contados y no tiene competencia para definir sobre el transporte público.

Hoy la actual infraestructura ferroviaria está concesionada a empresas privadas y ellos tendrían que aceptar que trenes viejos pasen por la actual red ferroviaria de Arequipa, pero tambien habria que pedir la opinión previa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es el ente que tiene que ver con la red ferroviaria nacional donde no tienen ninguna competencia los gobiernos regionales ni municipales, salvo que suscriban convenios donde les deleguen dicha responsabilidad en su deber de cooperación y colaboración con los gobiernos subnacionales.

Otro asunto, es el costo económico que significaría ampliar y acondicionar infraestructura en el trayecto ferroviario para recoger pasajeros en determinados tramos y quién asumiría dicho financiamiento que requiere millonarias inversiones. Tambien cuál sería la empresa concesionaria que podria administrar dicho servicio público, ya que no podrá hacerlo ni el gobierno regional de Arequipa, ni la municipalidad provincial de Arequipa ni la municipalidad provincial de Islay, ya que tendrían que tener una ley autorizada por el Congreso Nacional que toma tiempo su aprobación.

Asimismo, tendría que evaluarse cuál sería el costo del pasaje en esos eventuales dos tramos ya que el inversionista privado tendría que recuperar su capital invertido y obviamente recuperar sus ganancias proyectadas para una concesión que no podria ser menor a una o dos décadas si se concreta el acuerdo. Tendría que pedirse la opinión al Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud para conocer si esos viejos trenes y locomotoras pueden incrementar la contaminación ambiental o no, ya que nuestra ciudad tiene altos niveles de contaminación.

No conocemos la opinión de la alcaldesa provincial de Arequipa ni tampoco la opinión del alcalde provincial de Islay, ni de las organizaciones sociales de Arequipa sobre esta pretensión del gobernador Sánchez.

Sin embargo, legalmente, el gobernador Sánchez, no tiene ninguna competencia constitucional ni legal para tratar el tema de transporte urbano, ya que no forma de las atribuciones que le reconozca el ordenamiento jurídico vigente en el país. Mucho menos los gobiernos regionales tienen competencia en la red ferroviaria nacional que por mandato legal corresponde al Ministerio de Transportes que depende del Poder Ejecutivo.

En la Constitución del Estado en el art. 192 sobre competencias de los gobiernos regionales, concretamente en el art. 192 inciso 7, se señala que ellos tienen competencia para “Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley”. No se aborda nada sobre el transporte urbano.

Mientras tanto, en la misma Constitución, en el art. 195 inciso 8 se precisa que los gobiernos locales tienen competencia constitucional para “Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley”. Los municipios provinciales son los únicos competentes para abordar asuntos de transporte público.

Creo asimismo que los dos candidatos de segunda vuelta para las elecciones regionales 2026, deberían emitir una opinión sobre el tema ya que de avanzar esta pretensión y concretarse, ellos podrían asumir parcialmente el pasivo, por lo que deben pronunciarse oportunamente. La opinión pública y los medios de comunicación de Arequipa, tambien deben emitir su opinión consultando a especialistas de colegios profesionales y universidades. Ninguna decisión colectiva puede ejecutarse a espaldas del soberano si no tiene respaldo ciudadano el tema del transporte urbano.

Llama si la atención que los limeños, especialmente los de Renovación Popular, hayan visto probablemente como “tonto útil” al gobernador Sánchez, cuando lo correcto es que el alcalde de Lima, el incondicional del Porky, primero dialogue con los alcaldes de Arequipa e Islay y la sociedad civil de la blanca ciudad.

Sin embargo, han preferido dialogar con Sánchez que tiene poca legitimidad y no tiene competencia constitucional ni legal para definir este asunto que incluso podria motivar que la alcaldesa y concejo municipal provincial, defiendan su competencia constitucional y legal y le soliciten al inquilino regional que no se entrometa en asuntos que no le han sido asignados por el ordenamiento jurídico vigente en el país.

En el extremo, podrían denunciarlo por infracción a la Constitución y podria ser citado a las comisiones del Congreso y tendría que asistir de grado o fuerza ya que esa es la potestad que le reconoce la Carta Magna en su ejercicio de control político y fiscalización a los funcionarios estatales. El Consejo Regional tambien debería pronunciarse sobre este tema y no guardar silencio cómplice.

Si Sánchez suscribe ese acuerdo de transferencia de los viejos trenes con la Municipalidad de Lima, a espaldas de las Municipalidades Provinciales de Arequipa y de Islay, los concejos municipales de dichas jurisdicciónes podrían aprobar acuerdos municipales y presentar demanda de conflicto de competencia constitucional contra dicha transferencia ante el Tribunal Constitucional lo que tomaría su tiempo. Es más, el Consejo Regional debería pronunciarse si avala al gobernador regional en su pretensión de suscribir un acuerdo con la Municipalidad de Lima Metropolitana.

El Concejo Municipal de Arequipa podria emitir un pronunciamiento público en defensa del fuero municipal en este tema concreto, lo que conllevaría a un enfrentamiento institucional entre la MPA y el GRA, algo inusual, ya que, si bien es cierto que cada uno de estos organismos descentralizados tienen autonomías y competencias definidas, tambien tienen el deber de cooperar y colaborar respetando el marco jurídico vigente y tener respaldo ciudadano.

Veremos en que termina este caso, si el gobernador regional insiste en este tema en la próxima reunión anunciada para el 23 de noviembre y si está bien asesorado jurídicamente para asumir riesgos y evitar denuncias posteriores, pero tambien consideramos que los actores políticos, económicos y sociales de las organizaciones de Arequipa deberían pronunciarse públicamente en los próximos días y no llorar después sobre la leche derramada.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

FOTO GRA