En la primera sesión ordinaria del nuevo gobierno de Keiko Fujimori y del gabinete ministerial que encabeza Luis Galarreta, se aprobó solicitar al Congreso la delegación de facultades legislativas en siete materias por un periodo de 120 dias.

Entre ellas, seguridad ciudadana, promoción de las pymes, promoción del empleo, simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, reforma estructural y modernización del Estado, materia tributaria, materia aduanera y facilitación de comercio.

En materia de seguridad ciudadana, legislar en seguridad ciudadana y en materia militar y policial, penal, procesal penal, ejecución penal, reorganizar el sistema nacional especializado de internamiento, reinserción social. Actualizar el marco normativo para que las FFAA participen en el sistema nacional penitenciario, la inversión privada en infraestructura, y perfeccionar el régimen penitenciario.

En materia de promoción de los emprendedores, dictar medidas para promover la formalizacion, simplificación y asociatividad de las microempresas, incluyendo la materia tributaria, laboral y seguridad social. Unificar el marco legal de la actividad laboral incluyendo los aportes a ESALUD, pensiones y CTS, modificar el régimen tributario, regular instrumentos de capital semilla y crédito productivo.

En materia laboral y promoción del empleo, dictar medidas para el empleo juvenil, modificar la ley general de inspección del trabajo y ampliar la actuación de SUNAFIL, perfeccionar los contratos de trabajo, el régimen legal de los beneficios laborales, regular el otorgamiento de bonos de productividad, modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número.

En materia de simplificación administrativa, modificar normas sobre procedimientos administrativos, eliminar y racionalizar requisitos legales y regulatorios para las actividades económicas, modificar las tasas y cobros de la administración pública en los tres niveles de gobierno, facilitar la digitalización de las actividades y servicios estatales y fortalecer las potestades del INDECOPI para eliminar barreras burocráticas.

En materia de desarrollo productivo e innovación, impulsar normas para el desarrollo agrario, pecuario, forestal y rural, sanidad agraria recursos forestales, fauna silvestre, promover la tecnificación agraria, optimizar el marco normativo de los recursos hídricos, modernizar el marco normativo de las actividades pesqueras y acuícolas, optimizar el marco normativo de las actividades mineras incluyendo la inversión, simplificación de requisitos caducidad de concesiones, medidas para promover el turismo, fortalecer el marco normativo del sector hidrocarburos, promover la inversión en el sector eléctrico, derogar la Ley 31143 sobre topes de tasas de interés, dictar normas para oferta de nuevos servicios financieros, permitir que niños de 12 años tengan cuentas de ahorros, modificar la normativa ambiental y de recursos naturales y áreas naturales protegidas, aprobar normas para agilizar las inversiones en asociaciones publico privadas, aprobar la simplificación de requisitos, aprobación automática y silencio positivo así como regular el uso de peajes en carreteras y en vias urbanas y derogar la Ley 15773.

En materia tributaria y aduanera, modificar y simplificar los regimenes tributarias y obligaciones formales y establecer incentivos, exoneraciones, créditos, deducciones y beneficios tributarios, perfeccionar la Ley del Impuesto a la Renta y optimizar el marco normativo aduanero.

En materia de reforma estructural y modernización del Estado, en el Poder Ejecutivo la creación, reestructuración, fusión o división de organismos y entidades, reconocer la meritocracia de los ascensos, reestructuraciones de personal, establecer incentivos económicos, aprobar normas de los funcionarios que intervienen en la formulación de proyectos, etc.

Breve comentario del tema

El tema es amplio y complejo que en otra ocasión lo analizaremos con la participación de especialistas. Sin embargo, esta delegación de facultades del fujimorismo, era previsible ya que todos los nuevos gobiernos lo solicitan al legislativo.

La novedad es que el fujimorismo de derecha conservadora, pretende achicar el Estado a su mínima expresión en regulación legislativa, facilitando al sector privado todas las ventajas lo que antes era difícil, ya que hubo gobiernos de centro e izquierda que mantenían la regulación estatal vigente hoy en el país.

La diferencia entre la izquierda y derecha es que la primera siempre promueve marcos regulatorios para evitar abusos en la prestación de bienes y servicios para proteger a los usuarios y consumidores. Mientras que la derecha conservadora quiere mantener sus privilegios y reducir el marco normativo a lo mínimo aprovechando siempre del mercantilismo que le asegure ganancias abusivas en perjuicio de la población.

En síntesis, el fujimorismo quiere un Estado mínimo y todo parece indicar que estos proyectos de ley no han salido de los asesores de Fuerza Popular, sino que habrían sido preparados de los estudios jurídicos y económicos de grupos económicos y transnacionales que tienen por costumbre apoyar financieramente a los partidos conservadores para asegurarse el control del Estado.

Los fujimoristas tendrán el apoyo tal vez del poder económico, político y mediático, pero difícilmente tendrán el respaldo popular y social que no permitirá que sus avances y reformas sociales sean eliminados y reducidos como pretendería el fujimorismo con la “reforma estatal” solicitada en delegación de facultades legislativas al Congreso.

Estas reformas, ponen a prueba al primer poder del Estado que es el Congreso. En esa tribuna los peruanos observaremos en los próximos meses, cuáles son las bancadas parlamentarias que luchan por mantener las conquistas y avances logrados en las últimas décadas y cuáles son las que pretenden reducir el Estado y sus servicios a lo mínimo afectando a millones de peruanos siempre postergados que viven en la sierra y selva del territorio nacional.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

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