El abogado Rubén Quispe, el 25 de mayo presentó denuncia penal ante la Fiscalia de la Nación contra 23 funcionarios estatales y políticos por los delitos comisión de los delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional en las modalidades de Conspiración para la Rebelión (Art. 349 del CP) y Rebelión (Art. 346 del CP); Delitos contra la Libertad Individual en la modalidad de Secuestro Agravado (Art. 152, incisos 1 y 2 del CP); Delitos contra la Administración Pública en las modalidades de Abuso de Autoridad (Art. 376 del CP) y Omisión de Actos Funcionales (Art. 377 del CP); y Delitos contra la Administración de Justicia en las modalidades de Prevaricato (Art. 418 del CP), Avocamiento Ilegal de Causa Pendiente (Art. 410 del CP) y Usurpación de Funciones (Art. 361 del CP); en agravio del Sistema Democrático, el Orden Constitucional y José Pedro Castillo Terrones.

Los denunciados son, 1) Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de ex vicepresidenta de la República, 2) José Williams Zapata, en su condición de ex presidente del Congreso de la República, 3) Martha Moyano Delgado, en su condición de ex vicepresidenta del Congreso de la República, 4) Liz Patricia Benavides Vargas, en su condición de ex Fiscal de la Nación, 5) Marco Miguel Huamán Muñoz, en su condición de ex Fiscal Supremo Adjunto, 6) Marita Sonia Barreto Rivera, en su condición de ex Fiscal Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), 7) Juan Carlos Checkley Soria, en su condición de Juez Supremo Provisional del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, 8) Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, en sus condiciones de Magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional del Perú, 9) José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, en sus condiciones de Jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, 10) César San Martín Castro, Carmen Paloma Altabás Kajatt, Iván Sequeiros Vargas y Erazmo Armando Coaguila Chávez, en sus condiciones de Jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, 11) Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar, ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 12) Walter Horacio Córdova Alemán, ex Comandante General del Ejército del Perú, 13) Carlos Enrique Chávez Cateriano, ex Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, 14) Alberto Alcalá Luna, ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, 15) Raúl Alfaro Alvarado, ex Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), 16)Vicente Álvarez Moreno, ex Jefe del Estado Mayor y ex Comandante General Encargado de la PNP, 17)Walter Bryan Erick Ramos Gómez, Coronel PNP, ex Jefe de la División de Seguridad Presidencial, 18)Iván Lizzetti Salazar, General PNP, ex Director de Seguridad del Estado, 19)Manuel Elías Lozada Morales, General PNP, ex Jefe de la VII Región Policial Lima, 20)Harvey Colchado Huamaní y Walter Lozano Pajuela, Coroneles PNP, ex integrantes del equipo policial de apoyo al EFICCOP, 21)Jorge Orlando Calderón Valencia, ex Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 22)Keiko Sofía Fujimori Higuchi (Instigadora / Conspiradora Político-Partidaria): Como lideresa y máxima dirigencia de la organización política Fuerza Popular, dirigió y determinó la voluntad de su bancada parlamentaria y aliados políticos para forzar de manera sistemática el derrocamiento institucional del presidente constitucional, 23) Miguel Torres Morales, en su condición de ciudadano partícipe y articulador extraneus de las facciones políticas y estatales coordinadas, 24)Los efectivos policiales de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la PNP por identificar, ejecutores materiales directos del asalto y privación de la libertad.

Según la denuncia penal ante el Fiscal de la Nación, hubo actos preparatorios o conspiratorios de abril a noviembre 2002, donde se desarrolló una concertación político y fiscal e indicio de coordinación entre la congresista Martha Moyano, el congresista Miguel Torres, y el subsistema del Ministerio Público, la coaptación concentrada de la Junta de Portavoces del Congreso de la República que alteró la designación de magistrados del TC.  El 11 de septiembre del 2022 Keiko Fujimori en un evento político de Fuerza Popular, ordenó a su bancada vacar de su cargo al presidente Castillo y el 06 de diciembre del 2022 hubo insubordinación militar y ruptura de la cadena de mando anticipada ya que el Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, Gral. Manuel Gómez de la Torre, quebrantó el principio de no deliberación y subordinación militar al convocar a una videollamada cerrada a todos los jefes militares donde impartió órdenes explícitas de desconocer el mando constitucional del presidente de la república, asumiendo de facto una autoridad suprema militar inexistente en el ordenamiento jurídico peruano.

Se señala que hubo actos de ejecución el 07 de diciembre del 2022 con el secuestro y asalto armado en la vía pública al presidente Castillo y a su familia siendo rodeando el vehículo presidencial con la intervención de la SUAT de la policía y del EFICOP del Ministerio Público de la fiscal Marita Barreto y los coroneles Colchado y Lozano, que detuvieron al Jefe de Estado y los condujeron hacia la Prefectura siendo una detención sin orden judicial ni flagrancia ya que el mandatario tenía inmunidad presidencial de acuerdo al art. 117 de la Constitución. La denuncia penal afirma también que hubo fraude procesal del desafuero sin quórum en el Congreso Nacional que exigía 104 votos y no los 101 votos que transgredido el Reglamento del Congreso.

Tambien hubo actos posteriores de encubrimiento y consolidación de diciembre 2022 al 2025 contra el presidente Castillo quien fue trasladado al Penal de Barbadillo ya que el presidente del INPE omitió exigir la orden de detención judicial y recluyó al ex jefe de Estado simplemente con órdenes verbales de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Tambien se registró prevaricato judicial y avocamiento ilegal de la Corte Suprema ya que el magistrado Checkley y magistrados de la Sala Penal Permanente dictaron autos de detención preliminar y prisión preventiva aplicando un proceso penal ordinario a un alto funcionario aforado sin contar con Resolución previa de antejuicio político aprobado por el Congreso infringiendo el art. 450 del Código Procesal Penal.

En la acusación penal piden se incluya a magistrados del Tribunal Constitucional quien en dos sentencias sobre habeas corpus emitieron resoluciones prevaricadoras validando la flagrancia presunta y los actos de fuerza militar del 07 de diciembre del 2022 operando como blindaje de legitimidad para consagrar la impunidad del aparato del poder estatal criminal.

Foto Caretas