La ONPE confirmó que concluyó el escrutinio de votos al 100% de las elecciones presidenciales 2026 y confirmó que Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, pasaron a la segunda vuelta electoral que se desarrollará el domingo 07 de junio del 2026. El Jurado Nacional de Elecciones, anunció que la proclamación oficial de los resultados se hará el domingo 17 de mayo al mediodía.

Ahora el país espera que Fujimori y Sánchez, expongan con precisión los alcances de sus principales propuestas descritas ante el electorado nacional que ambos candidatos presidenciales presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones en forma resumida. Ambos candidatos tienen propuestas interesantes, sin embargo, llama la atención la innumerable cantidad de planes y proyectos según la visión político e ideológica de cada uno de ellos.

Sin embargo, una carencia visible que ustedes podrán comprobar será que ambos candidatos, no precisan cómo financiarán o de donde extraerán los recursos económicos o financieros para implementarlos si llegan al gobierno nacional. Por ser de interés público, reproducimos un resumen de las principales propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, para conocimiento de nuestros lectores.

Resumen del Plan de Gobierno de Juntos por el Perú del candidato presidencial, Roberto Sánchez.

El Plan de gobierno de Juntos por el Perú es de 92 páginas y tiene como candidato presidencial al congresista Roberto Sánchez. En la visión del plan de gobierno, sostienen que el Estado debe recuperar la capacidad de conducir el desarrollo nacional, fortalecer su capacidad de iniciativa empresarial y de asociación estratégica con los países que demuestran que son inversionistas leales y no imperialistas ni depredadores.

Afirman que debe regularse adecuadamente el mercado para que los grandes monopolios no se aprovechen de los micro, pequeños y medianos productores, y no maltraten a los consumidores como lo vienen haciendo en todos estos años, así como promover el empleo, el acceso a la salud y la educación que son la base del auto esfuerzo de la gente. Igualmente.

Refieren que el Estado debe recuperar su capacidad de intervención para el control de las economías legales e ilegales y reestructurar la Policía Nacional para poner freno a la corrupción institucionalizada. Señalan la necesidad del fortalecimiento de la capacidad de intervención del Estado, de lo contrario las economías ilegales seguirán creciendo y la inseguridad se seguirá apoderando de las calles y las ciudades como vienen ocurriendo en el país desde que se impuso el programa de gobierno de los neoliberales.

Las principales propuestas consideradas en el Plan de Gobierno 2026-2031 son las siguientes

En materia de Salud, implementar las Redes Integradas de Salud en todo el territorio nacional, generar un sistema nacional único de referencia y contrarreferencia interoperable, priorizar las medidas de prevención, con la finalidad de identificar posibles riesgos sanitarios o contingencias epidemiológicas y elaborar un Plan Maestro Específico en Salud para el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento.

En materia de Educación, restituir el carácter público, universal, gratuito e intercultural del sistema educativo y fortalecer el rol del Estado como garante del derecho a la educación, cierre progresivo de la brecha de infraestructura, creando escuelas dignas, seguras y con acceso a la tecnología, erradicar el analfabetismo y reducir en menos de 2% la deserción escolar, garantizar la estabilidad laboral, la formación de calidad y salarios dignos para las y los docentes.

En materia de Vivienda, incorporar la ley de vivienda digna, entorno adecuado y sostenible. Crear el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano de Ordenamiento Territorial, construcción de viviendas con tecnología nacional adecuadas para zonas afectadas por las heladas, friaje e inundaciones, construcción de viviendas con tecnología nacional adecuadas para zonas afectadas por las heladas, friaje e inundaciones y participación del Banco de la Nación en préstamos para la construcción y crédito hipotecario.

En materia de Niñez, adolescencia y juventud, incremento del gasto público en la protección infantil, reformar la Política Nacional de Juventud y conformar el Consejo Nacional de Juventudes, potenciar el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo adjudicando becas para estudios en institutos y universidades públicas, incrementar el número de becas de pregrado (beca 18) de forma progresiva en universidades e Institutos públicos.

Retorno a la democracia y Nueva Constitución, impulso a una Asamblea Constituyente y contar con una Constitución con institucionalidad Democrática.

En materia de derechos humanos, cultura interculturalidad, erradicar el “terruqueo” como práctica estatal, garantizando el derecho a la defensa y la protesta, establecer un Sistema Nacional de Justicia Transicional vinculante y plurinacional, conformación de la Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional, creación del Fondo Nacional de Reparaciones Integrales y reforma del sistema de justicia y  mecanismos de ciudadano devolver necesarios la control para autonomía e independencia a los organismos constitucionalmente autónomos.

En materia de lucha contra la criminalidad y ciudadana, reforma estructural de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el combate frontal al crimen organizado, creación del Sistema Nacional Integrado de Información Criminal y rastreo de extorsiones y otros delitos, fomento de la prestación del servicio militar voluntario, con incentivos en formación técnica y humanista para la defensa de la soberanía nacional.

En materia de producción sostenible e innovación, impulsar la soberanía productiva: industrialización nacional, sustitución de importaciones estratégicas, prohibición gradual de exportación de minerales sin procesamiento y desarrollo de cadenas de valor nacionales, democratizar el acceso a los mercados y fortalecer la regulación: desmonopolización, mayor poder del Estado regulador, control de precios en sectores en crisis, fortalecimiento del INDECOPI e impulsar la ciencia, tecnología e innovación con un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología para una economía industrializada.

En Justicia fiscal y redistribución, crear un sistema tributario progresivo: impuesto a grandes fortunas en situación de crisis, eliminación de exoneraciones y cierre de brechas de evasión, redistribución del crecimiento: mayor inversión social, aumento de salarios y pensiones, y expansión de derechos sociales, modificar los mecanismos para el ajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de acuerdo a las necesidades, renegociar de contratos sobre recursos naturales estratégicos: gas, minería, entre otros.

En materia de Agricultura, recuperar el poder de la cadena alimentaria para los pequeños y medianos agricultores, orientar la producción agropecuaria hacia la seguridad alimentaria, garantizar la ganancia del pequeño y mediano productor agrario, garantizar la predictibilidad de los mercados a través de la planificación agraria y un sistema de información eficaz, tecnificar la agricultura familiar.

En materia de la pequeña minería informal y artesanal, establecer la propiedad social de los medios de producción en la pequeña minería y minería artesanal a cooperativas, controlar la cadena de valor del oro en la pequeña y minería informal, implementar un programa de desarrollo sostenible de los territorios mineros.

En materia de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, desarrollar una industria nacional de tecnología de bajo costo para GRD con impacto comunitario, aumentar inversión prospectiva del riesgo de desastres y fortalecer la resiliencia comunitaria.

En materia de agua, asegurar el agua para el desarrollo sostenible, orientar las políticas de agua y los planes para resolver los problemas de los más pobres, implementar los Planes de Gestión de Recursos Hídricos de las Cuencas con orientación al desarrollo territorial, establecer un Fondo de agua para implementar proyectos de conservación de los ecosistemas productores de agua.

Juntos por el Perú, afirma que, de resultar ganadora en el proceso electoral, brindará información periódica a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las propuestas consignadas en los planes de gobierno.  Superar la grave crisis de la democracia representativa requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana directa y vinculante. Por ello, se institucionalizará el referéndum, las audiencias públicas y la consulta popular para la adopción de decisiones estratégicas a nivel nacional y local, además se impulsará la formación de consejos ciudadanos, vecinales y comunales en todos los niveles del Estado, con capacidad de fiscalización y de proponer iniciativas normativas.

Resumen del Plan de Gobierno de la candidata presidencial, Keiko Fujimori de Fuerza Popular

El plan de gobierno de Fuerza Popular de 130 páginas que tiene como candidata a Keiko Fujimori, denominado “El Perú con orden”, para el periodo 2026-2031, ha priorizado tres ejes. Orden Estratégico, Económico, Social y el financiamiento del Plan. En resumen, el fujimorismo, propone lo siguiente:

En Orden ciudadano, el Lanzamiento del “Programa Nacional de Prevención Temprana” a fin de brindar programas deportivos, culturales y artísticos para niños y adolescentes, la Instalación del Consejo Presidencial de Prevención del Delito y Convivencia Ciudadana, la Promoción de escuelas deportivas como herramientas de prevención y reintegración y el Lanzamiento de un programa de “Empleo Joven con Futuro” para reducir el ingreso de jóvenes a economías ilegales

En Lucha contra la corrupción, la ampliación del control concurrente real a todas las fases de ejecución presupuestal, protegiendo al funcionario honesto, fortalecer las capacidades técnicas y presupuestales de la Contraloría, y la Prohibición de la contratación estatal con empresas sancionadas por corrupción, cerrando definitivamente la puerta a reincidencias.

En Orden Económico, el aseguramiento de la independencia del BCRP y el respeto a los contratos, Sostenimiento del déficit fiscal del 1% del PBI en 2031. En Simplificación administrativa la implementación de una Ventanilla Única Digital Nacional con IA, implementación de la estrategia nacional “Cero Colas”, que obligue a todas las entidades públicas a ofrecer atención 100% digital para trámites recurrentes y de alta demanda.

En Orden Jurídico, la modernización del sistema meritocrático liderado por SERVIR, creación de un Sistema de Formación para la Gestión Pública, acreditado por universidades y supervisado por SERVIR.

En Justicia, proponen una reforma integral del sistema de justicia, acompañada por sus propios actores e instituciones, la implementación de la interoperabilidad digital entre las entidades del sistema de justicia, la asignación eficiente de expedientes y la reducción de tiempos procesales. Instauración de la obligatoriedad del Expediente Judicial Electrónico (EJE) para la gestión documental y notificaciones judiciales.

La creación de PROMPYME con rango viceministerial adscrito a la PCM, implementación de la política de “Licencia 0 para MYPEs”, eliminando costos y trámites innecesarios (inscripción registral, licencias municipales, defensa civil, registros de marca o nombre), mediante una ventanilla única electrónica nacional con Inteligencia Artificial que interopere con SUNAT, SUNARP, Indecopi y municipalidades (eliminación de licencia previa para riesgo bajo y medio).

En minería, impulso de APP y Obras por Impuestos para infraestructura en áreas vinculadas a proyectos mineros, ejecución del Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032, priorizando corredores viales y ferroviarios para conectar proyectos mineros altoandinos con puertos y mercados, ampliación de la red de transmisión eléctrica moderna en regiones mineras estratégicas, promoción de la instalación de plantas de fundición y procesamiento para dar valor agregado. Modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción.

En Agricultura, el fortalecimiento del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua, priorizando qochas, reservorios y mini presas en comunidades altoandinas, impulso de la construcción de grandes proyectos de represamiento de agua a nivel nacional, tales como Chavimochic III, Majes Siguas II, Poechos II, Olmos, Chinecas, Alto Piura y Puyango–Tumbes,  implementación del Programa Nacional de Riego Tecnificado para mejorar la eficiencia hídrica y reducir pérdidas, reingeniería de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con mayor participación de usuarios y enfoque territorial, reforestación de cuencas andinas y zonas eriazas marginales con especies nativas adaptadas, vinculando la siembra de agua con sostenibilidad hídrica

En Transportes, ejecución de los grandes proyectos viales prioritarios, priorizando la finalización de las siguientes carreteras:  – Nueva Carretera Central – Oyón–Ambo – Canta–La Viuda–Unish  – Puerto Ocopa–Atalaya – Longitudinal de la Sierra Tramo 4 – Autopista del Sol – Red Vial N° 4, implementación de un Programa Nacional para rehabilitar y mantener el 100% de los Caminos Rurales Críticos y la creación de un Fondo de Rehabilitación Vial Rural que financie mantenimiento preventivo y obras de integración productiva.

En turismo, en Machu Picchu y Circuitos Turísticos del Sur la ampliación y ordenamiento de la zona de visita con nuevos circuitos, un moderno centro de visitantes y caminos incas complementarios, modernización de los mecanismos de acceso y gestión de visitantes a Machu Picchu.

En industria, el desarrollo de un Plan Nacional de Parques Industriales Modernos, priorizando 10 polos productivos en regiones estratégicas, implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales, orientadas a manufactura de alto valor agregado (textiles técnicos, metalmecánica, farmacéutica, agroindustria).

En medio ambiente, el establecimiento de un Plan Nacional de Gestión de Residuos con economía circular, priorizando rellenos sanitarios regionales y eliminando botaderos a cielo abierto. Implementación de un sistema de reciclaje, integrando a recicladores formalizados con incentivos tributarios para empresas que compren material reciclado. Creación de plantas de tratamiento y valorización energética de residuos sólidos urbanos mediante APP, priorizando ciudades con más de 200,000 habitantes.

En el sector social, Establecimiento de una asignación presupuestal específica para la implementación del Reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, Ley N.º 32065, enfocada en la elaboración de una línea de base actualizada sobre la brecha de acceso a servicios de agua y saneamiento.

En Educación, reforzamiento integral de la currícula de la Educación Básica Regular para fortalecer la formación en educación cívica y ciudadana, Incorporación de laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos, aseguramiento del cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional que reconoce el pago de la deuda social pendiente a los docentes, creación de redes de aprendizaje docente y centros de formación continua, incorporando alianzas con universidades y el sector privado, construcción de 3,000 colegios durante el periodo de gestión, Ejecución del Programa Nacional “Escuelas Seguras” para intervenir, en el próximo quinquenio, los colegios públicos que presenten daños en más del 50% de su infraestructura, combinando reconstrucción total y rehabilitación integral, con prioridad en las regiones rurales de sierra y selva, y en las zonas urbanas con mayor matrícula y riesgo.

En Salud, creación de centros de salud materno-infantiles rurales, como parte del avance hacia la salud universal, lanzamiento de un Programa Nacional de Prevención de la Anemia y la Desnutrición Infantil, en el marco de la salud universal desde la primera infancia, Reactivación y fortalecimiento del modelo CLAS (Comunidades Locales de Administración de Salud), implementación de un Padrón Nominal de gestantes y niños menores de 3 años para seguimiento en tiempo real, interoperable con RENIEC y el SIS.

En Vivienda, construcción de 1.25 millones de viviendas y departamentos nuevos a nivel nacional, a través de mecanismos de inversión pública, privada y asociaciones público-privadas,  implementación de un Sistema Nacional de Información Catastral y Urbana, interoperable con COFOPRI, SUNARP y municipalidades, complementado con un Catastro Urbano Unificado y un Visor Nacional de Vivienda, creación de un Sistema Nacional de Información Habitacional que permita monitorear en tiempo real el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, la calidad de las viviendas y los avances de los programas sociales

En Pensiones, Pensión 65 un aumento de S/ 350 a S/ 700 bimestrales, priorizando a los adultos mayores en pobreza extrema. Programa Contigo: aumento de S/ 300 a S/ 600 mensuales, con posibilidad de complemento adicional por dependencia total. Programa Juntos: aumento de S/ 200 a S/ 400 bimestrales, fortaleciendo la seguridad económica de los hogares con niños en pobreza extrema. Oficina de Normalización Previsional – ONP: – Pensión mínima: aumento de S/ 600 a S/ 800 mensuales. Pensión proporcional (10–15 años de aportes): aumento de S/ 300 a S/ 400 mensuales. Pensión proporcional (15–20 años): aumento de S/ 400 a S/ 550 mensuales. Pensión máxima: aumento de S/ 893 a S/ 1 100 mensuales.

FINANCIAMIENTO DEL PLAN

Fuerza Popular, afirma que el PBI del Perú es de aproximadamente USD 350 mil millones, siendo la propuesta lograr una senda de crecimiento real sostenido en los próximos años, 3.5% el 2026, 5% el 2027 y 2028, y 6% el 2030 y 2031, lo que permitirá financiar el plan de gobierno.

Sostiene que van apoyar en una combinación inteligente de instrumentos que maximicen el impacto económico sin comprometer la sostenibilidad fiscal. En este marco, las Asociaciones Público-Privadas (APP) constituyen un pilar central, al permitir acelerar la provisión de infraestructura económica y social —transporte, saneamiento, salud, educación, energía y logística— trasladando parte relevante del financiamiento, la ejecución y los riesgos al sector privado. Complementariamente, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ofrece una vía eficaz para movilizar recursos privados hacia proyectos regionales y locales de alto impacto, alineando prioridades territoriales con la ejecución eficiente de inversiones, sin generar presiones inmediatas sobre el flujo de caja del Estado.

 Foto Diario La R