El Consejo Fiscal mediante comunicado el 26 de marzo del 2026, reitera su profunda preocupación por la continua aprobación de leyes que comprometen la sostenibilidad fiscal, incrementando significativamente las presiones fiscales en el corto, mediano y largo plazo.

El CF considera que esta situación resulta crítica en un contexto en el que el Poder Ejecutivo, al no observar iniciativas legislativas con costos fiscales significativos, y al abstenerse de llevar ante el Tribunal Constitucional normas con potenciales visos de inconstitucionalidad, no ha dado una respuesta institucional para salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En las últimas 3 sesiones del pleno se aprobaron 11 leyes y autógrafas que generan importantes obligaciones de nuevo gasto público permanente. Entre las medidas con mayores costos fiscales destacan: (i) la nivelación de las pensiones de maestros jubilados y cesantes a la remuneración íntegra mensual, que costaría por lo menos S/ 8 mil millones anuales; (ii) la modificación del régimen pensionario militar y policial del Decreto Legislativo N° 1133, que costaría aproximadamente S/ 15 mil millones en total; y (iii) el otorgamiento de mayores beneficios laborales a los trabajadores CAS, que costaría alrededor de S/ 3 mil millones anuales.

Ambas normas de pensiones reabrirían mecanismos de “cédula viva” que generan un efecto espejo entre personal en actividad y retirado, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución.

La implementación de las medidas aprobadas por el Congreso este último mes tendría efectos inmediatos y permanentes en la trayectoria del gasto público y en el déficit fiscal. Según estimaciones de la Dirección de Estudios Macrofiscales del CF, estas medidas suponen al menos, un costo anual permanente para el fisco de S/ 11,4 mil millones, ello sin incluir múltiples otras medidas aprobadas entre agosto y diciembre de 2025 que no habrían sido incorporadas en el PIA 2026, y que sumadas a otras medidas en proceso de aprobación podrían elevar esta cifra hasta S/ 15 mil millones anuales. Dada su entrada en vigencia con el año ya en curso, la implementación de estas normas podría incrementar el gasto público en por lo menos S/ 6,5 mil millones, trasladando el impacto fiscal remanente al 2027.

Estas presiones fiscales se suman a un presupuesto 2026 que ya incluye un incremento históricamente elevado de las partidas de remuneraciones y pensiones, que no solo excede en varias veces al promedio histórico, sino que supera largamente los incrementos considerados en el MMM, en el Informe Preelectoral y al gasto consistente con el cumplimiento de las reglas fiscales. Ello muy probablemente generaría nuevos incumplimientos de dichas reglas y una reducción significativa del espacio fiscal para la siguiente administración de gobierno.

El CF advierte, además, que el Parlamento, al aprobar estas leyes, y el Poder Ejecutivo, al no observarlas, incumplen de manera directa y explícita la normativa vigente que prohíbe aprobar medidas que aumentan el gasto público en personal y pensiones durante los primeros meses de los años de elecciones generales.

El CF nuevamente exhorta al Congreso a evitar la aprobación de iniciativas sin adecuada cuantificación de su costo ni de sus fuentes de financiamiento, y al Poder Ejecutivo a utilizar oportunamente los mecanismos institucionales disponibles para resguardar la disciplina fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, los cuales incluyen la observación de leyes que generan obligaciones fiscales sin financiamiento y, donde corresponda, la presentación de acciones de inconstitucionalidad.

Funciones y atribuciones del Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal tiene hoy como presidente al Economista, Alonso Segura. Es una comisión autónoma y técnica del sector público, que fortalece la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas, a través del análisis y seguimiento de las políticas fiscales, su consistencia con el ciclo económico y la sostenibilidad fiscal.

El Consejo Fiscal emite opinión no vinculante a través de informes, en las siguientes materias: La modificación y el cumplimiento de las reglas macrofiscales y de las reglas fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales, las proyecciones macroeconómicas contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual, la evolución de las finanzas públicas de corto, mediano y largo plazo y la metodología para el cálculo del resultado fiscal estructural.

El Consejo Fiscal está integrado por no menos de tres miembros designados a propuesta y contando con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas. Los miembros del Consejo Fiscal deben ser personas de reconocida solvencia moral, con experiencia profesional no menor a diez años en materia macroeconómica y/o fiscal o afines, en el sector público o en el sector privado o en ambos.

El Consejo Fiscal actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con plena autonomía e independencia técnica.

Para el desempeño de sus funciones, el Consejo Fiscal puede disponer de información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas y de todas las entidades públicas bajo el ámbito de la Ley Nº 30099, pudiendo hacer uso de otras fuentes de información que considere relevante.