El Consejo Fiscal (CF) que preside el economista Alonso Segura, emitió opinión técnica sobre el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 donde reitera la necesidad de implementar medidas de mediano plazo orientadas a incrementar los ingresos fiscales de carácter permanente y gestionar de forma eficiente y responsable el gasto público. No obstante, el CF considera que, en el corto plazo, lo más urgente es limitar la proliferación de leyes del Congreso de la República que aprueban beneficios tributarios o generan mayores gastos, dado su impacto inmediato sobre las finanzas públicas.

El CF observa asimismo una incongruencia entre lo expresado en el MMM —que promueve la racionalización de beneficios tributarios— y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia tributaria. Afirma que desde el 2023 se han promulgado al menos 20 leyes que reducen la recaudación, de las cuales solo 11 fueron observadas y alerta que, producto de la ausencia de medidas de control del gasto público, para 2025 existen altas probabilidades de incumplimiento de las reglas fiscales que limitan el déficit fiscal, el gasto no financiero y el gasto corriente excluyendo mantenimiento, dado que las proyecciones del MMM se encuentran ya en los límites establecidos.

Advierten también que, en ausencia de medidas correctivas, es poco probable que se cumpla con las reglas fiscales a partir de 2026. El incumplimiento reiterado deterioraría la calificación crediticia del país, incrementando el costo de financiamiento del sector público y del privado, además de desalentar la inversión. El Consejo considera fundamental que la formulación y aprobación del presupuesto público de 2026 sea consistente con el crecimiento de gasto previsto en el MMM (0,4% real), evitando que se vea afectado por presiones de gasto adicionales como ha ocurrido en años recientes.

Finalmente, el CF identificó un conjunto de riesgos fiscales no evaluados exhaustivamente en el MMM, que podrían afectar las proyecciones: el deterioro del contexto económico global, el uso de proyecciones optimistas que luego no se concreten, la aprobación de iniciativas legislativas que reduzcan la recaudación o incrementen el gasto, la situación financiera negativa de Petroperú y las presiones derivadas de grandes proyectos de infraestructura con alto cofinanciamiento estatal. En este marco, el Consejo exhortó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a incorporar criterios de responsabilidad fiscal en sus decisiones, a fin de no menoscabar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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