La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional, supervisó la actuación de los gobiernos locales, regionales y entidades del gobierno nacional en el cumplimiento de la Ley N.º 29664, que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

La supervisión, realizada ante las lluvias intensas y eventos asociados, buscó garantizar una intervención coordinada y efectiva en la atención de la emergencia, la protección de las personas damnificadas y afectadas, y la implementación de acciones de mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación en las regiones más impactadas: Arequipa, Piura, Tumbes, La Libertad e Ica.

Ante esta lamentable en las ciudades enumeradas, la Defensoría del Pueblo insta a los Gobiernos Regionales y Locales a implementar con urgencia las siguientes acciones:

• Fortalecer los sistemas alertas sobre peligros ante lluvias intensas, inundaciones, crecidas de ríos y activación de quebradas, en base a los boletines de alerta de peligro y, avisos meteorológicos de SENAMHI, entre otras entidades técnico científicas.
• Desarrollar un sistema de comunicación para informar a la población sobre los riesgos existentes y adoptar las medidas de respuesta óptima, a través de los medios de comunicación y difusión como: prensa, radio y televisión, así como de teléfonos, radios.
• Priorizar zonas de intervención teniendo en cuenta los escenarios de riesgo elaborados por el CENEPRED, así como los puntos críticos inundables determinados por las Autoridad Nacional del Agua y sus oficinas desconcentradas.
• Constituir y mantener en sesión permanente los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres, así como sus Plataformas de Defensa Civil, a fin de implementar de manera efectiva las actividades, planes, instrumentos técnicos de gestión de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.
• Priorizar la asignación y ejecución del presupuesto a través del Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, para la ejecución de acciones destinadas a la prevención y atención de las emergencias y desastres, con énfasis en la asistencia humanitaria de las personas damnificadas y afectadas.
• Priorizar la descolmatación de ríos y quebradas en los puntos críticos identificados, garantizando la limpieza de cauces y la remoción de sedimentos y escombros para prevenir desbordes, inundaciones y riesgos para la población.
• Realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), así como efectuar el empadronamiento de las personas damnificadas y afectadas, e identificar de manera oportuna los daños a la infraestructura y a los servicios básicos. En caso de que las municipalidades no cuenten con personal suficiente para el desarrollo de estas acciones, podrán solicitar el apoyo del gobierno regional correspondiente.
• Garantizar la operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Local las 24 horas del día, así como su articulación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), y la ejecución del Plan de Gestión Reactiva.
• Actualización de los mapas de zonas de riesgo, especialmente en áreas con alta vulnerabilidad a inundaciones y movimientos en masa. Se debe fortalecer la capacidad operativa del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) a fin de garantizar respuestas rápidas y efectivas.
• Garantizar la operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Local las 24 horas del día, así como su articulación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), y la ejecución del Plan de Gestión Reactiva.

La Defensoría del Pueblo recuerda que la Ley N.º 29664 establece la obligación de los gobiernos regionales y locales de implementar de manera efectiva los procesos de gestión del riesgo de desastres, con el fin de prevenir, reducir y enfrentar adecuadamente las emergencias y desastres, en protección de la vida de la población y sus medios de subsistencia.

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