La Defensoría del Pueblo exhorta al Poder Ejecutivo a adoptar, con carácter de urgencia, medidas integrales que garanticen la estabilidad operativa y financiera de Petroperú, considerando su condición de empresa estratégica para el abastecimiento de combustibles y la seguridad energética del país.

Resulta evidente que la actual situación de Petroperú no solo es el resultado de una gestión deficiente de sus directivos, sino principalmente de la injerencia política en su autonomía y gestión, por lo que es indispensable que se asegure la continuidad de sus operaciones esenciales, evitando escenarios que pongan en riesgo el suministro en amplias zonas del territorio nacional que dependen mayoritariamente de su capacidad logística.

Advertimos que la interrupción de operaciones vinculadas a la refinería de Talara antigua y a la cadena logística asociada, ha generado un déficit financiero, al haberse cubierto costos operativos sin el correspondiente flujo de caja. Esta situación —acentuada por declaraciones oficiales precipitadas sobre el estado financiero de Petroperú— ha alterado la confianza del mercado financiero y podría acelerar el proceso de implosión operativa y patrimonial de la empresa, con impactos directos en la ciudadanía, el transporte, la actividad productiva y la prestación de servicios públicos esenciales.

En tal sentido, solicitamos a la Presidencia de la República, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Junta General de Accionistas y al Directorio de Petroperú y a las entidades competentes, a evaluar y disponer mecanismos inmediatos de reajuste financiero y Re perfilamiento de la deuda de Petroperú, así como las garantías y avales necesarios que permitan restablecer su liquidez y viabilidad operativa en el corto plazo. Estas decisiones deben adoptarse bajo criterios de interés público, transparencia, gobernanza responsable y con enfoque de seguridad energética nacional, máxime si nos encontramos en un gobierno de transición.

Asimismo, pretender que en el actual contexto político se realice una precipitada reorganización patrimonial de los activos de Petroperú, debilitaría a una empresa que, por su naturaleza, desempeña funciones estratégicas vinculadas a la economía y a la seguridad nacional.

En ese sentido, su implementación en potenciales divisiones (bloques patrimoniales) la podría dejar con menor capacidad operativa y eventualmente con solo pasivos, generando un deliberado debilitamiento estructural y con efectos irreversibles para su sostenibilidad y rol estratégico en la regulación indirecta de precios bajo el criterio de la libre competencia, cuyos precios están diferenciados hasta en ocho soles por galón, entre la comercialización de una estación de servicios de Petroperú con la de un privado, evitando de este modo, el perjuicio directo al consumidor y además, la especulación.

Ahora bien, es preciso señalar que, a lo largo de las últimas décadas, la organización del sector hidrocarburos, fue objeto de la separación de funciones entre Petroperú y Perúpetro, lo que debilitó institucionalmente a la primera, situación que se pretende continuar a través de su atomización, con lo cual se generaría prácticamente su desaparición.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo comunica que viene elaborando un informe defensorial que analizará las decisiones adoptadas, los impactos en la continuidad del servicio y los riesgos para los derechos de la población derivados de una eventual paralización que agravaría solventar los costos fijos y el deterioro financiero y operativo de Petroperú. Es por ello que, resulta necesario una respuesta estatal oportuna, con enfoque de derechos y gestión de riesgos sociales.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo permanecerá vigilante, recordando que la gestión de Petroperú debe abordarse con visión de Estado, priorizando la protección de la ciudadanía, la estabilidad del mercado interno, la garantía del abastecimiento energético en todo el país.

Foto Revista Pro Activo