El Congreso con 69 votos a favor, 31 en contra y 3 abstenciones, aprobó, en primera votación, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley que con texto sustitutorio delega facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha conta la criminalidad organizada; crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por un plazo de 60 días calendario.

De conformidad con el art.78 del Reglamento del Congreso de la República, la propuesta será materia de segunda votación transcurridos siete días calendario. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Arturo Alegría García, destacó que este grupo de trabajo abordó con suma urgencia el pedido solicitado realizando sesiones extraordinarias y mesas de trabajo donde recogieron las recomendaciones de los parlamentarios.

En ese sentido, expresó que se aprobaron 49 de las 58 solicitudes y submaterias lo que representa el 84% del pedido del Ejecutivo y resaltó que cada una de las materias fue analizada con apego a los límites constitucionales.

En materia de seguridad ciudadana, el dictamen propone otorgar 23 de las 26 submaterias solicitadas priorizando aquellas que permiten combatir frontalmente la delincuencia y el crimen organizado, especialmente en los delitos de sicariato y extorsión; fortalecer el control de armas de fuego; cerrar brechas en migraciones y fronteras; y mejorar los mecanismos de protección ciudadana.

Mientras que, en crecimiento económico responsable de las 24 submaterias solicitadas se aprobaron 18 orientadas a mejorar la recaudación y la reducción de la evasión tributaria, la lucha contra la subvaluación y el contrabando; el fortalecimiento del marco penal tributario; optimizar el sistema de APP y proyectos activos; promoción de la inversión privada responsable y medidas para asegurar un crecimiento sostenible.

Congreso amplía el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026

El Congreso con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley que propone modificar el Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, la iniciativa aprobada será materia de segunda votación transcurrido 7 días calendario.

El proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero, señala la propuesta aprobada.

Durante dicho periodo, el Ministerio de Energía y Minas, en su calidad de ente rector del proceso, en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, implementa y adopta las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, se detalla en el texto sustitutorio.

Se agrega que habrá una supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.

El presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa Ccama,  sustentó el dictamen y sostuvo que la propuesta responde a la necesidad objetiva de garantizar la continuidad del proceso de formalización minera integral en el país, a través del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

A la fecha subsisten miles de pequeños mineros y mineros artesanales en condición de informalidad, pese a haber iniciado procedimientos ante el Estado. La ampliación del plazo busca evitar que en este sector quede excluido de manera automática lo que generaría impactos negativos en el ámbito laboral, económico y ambiental, consideró.

Cutipa Ccama añadió que la iniciativa permite preservar la seguridad jurídica de los actores involucrados y consolidar los avances alcanzados en las políticas de formalización. En cuanto a la viabilidad, la propuesta se sustenta en precedentes normativos tanto nacionales como comparados.

En otro momento, expresó, refirió que el 2024 la minería fue responsable de aproximadamente 2,1 millones de empleos en el Perú, lo que equivale al 8,2% del total de puestos de trabajo en el país según cifras del Instituto Peruano de Economía.

En tal sentido, Cutipa Ccama precisó que la comisión ha concluido que resulta necesario y razonable aprobar la ampliación del proceso de formalización minera integral por dos años adicionales como medida excepcional e improrrogable a fin de brindar a los pequeños mineros artesanales una oportunidad efectiva para culminar sus trámites.

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